El sindicato denuncia especialmente la retirada de la tarjeta a los inmigrantes irregulares



26 abr. 2012 17:39H
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Redacción. Pamplona
El sindicato de la izquierda abertzale ELA considera que la medida adoptada por el Gobierno central de que los inmigrantes irregulares no dispongan de tarjeta sanitaria es un "hecho muy grave", que a su juicio "ocasionará consecuencias humanitarias dramáticas" y que genera una “pinza” de recortes sanitarios al sumarse a los autonómicos.

Adolfo Muñoz, secretario general de ELA.

Según ha expuesto ELA en un comunicado, "los recortes suponen reducir las coberturas y deteriorar la calidad del sistema sanitario". "Estas medidas van a perjudicar al conjunto de la sociedad, ya que afectan a uno de los servicios más esenciales, y lo van hacer de una manera mucho mayor entre las personas inmigrantes que no cuenten con 'papeles', a las que -salvo el caso de urgencias hasta alta médica, embarazo o menores de 18 años-, deja sin ninguna cobertura", ha censurado.

A su juicio, "estos recortes son parte de una política de 'asfixia' que busca estigmatizar y culpabilizar socialmente a un colectivo particularmente castigado por la precariedad social y laboral, a la vez que las verdaderas responsabilidades de la crisis y sus responsables continúan sin ser abordadas".

ELA considera que no existe ningún argumento para negar el derecho a la salud. Por ello, ha tildado de "rechazable" esta decisión "desde cualquier principio ético, ya que atenta contra la cohesión social y la solidaridad más elemental".

"Es una medida que viola los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ha dicho, para criticar que "olvida el Gobierno del PP que las personas inmigrantes sin papeles también aportan a las arcas del Estado". "Todas las personas, independientemente de su nacionalidad, tengan papeles o no, pagan impuestos por toda compra que realizan", ha dicho.

ELA ha exigido al conjunto de instituciones políticas que se nieguen a aplicar las políticas de recortes del Gobierno central. "Estas medidas se suman a las decisiones tomadas por el Gobierno de Navarra para restringir el acceso a la renta básica, que no ha hecho sino empujar a la exclusión y la marginación social a miles de personas", ha agregado.

En este sentido, ha considerado "especialmente denunciables" las palabras de la consejera de Bienestar Social, Elena Torres (PSN), quien "se permite hablar de xenofobia cuando los recortes los aplica otro Gobierno, pero ella no tiene empacho alguno en quitar el derecho a una vida digna, es decir, la renta de inclusión social, a miles de inmigrantes en Navarra".

"Además, en otra vuelta de tuerca más, anuncia que pondrá a disposición de las empresas a los perceptores de esta renta, cuyo pago seguirá haciendo la Administración, pero cuyo trabajo revertirá en dichas empresas. Complementariamente, quienes entren en este plan no podrán cobrar después dicha renta, una vez que la empresa no los necesite", ha expuesto.

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