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María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid Los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso en materia de Sanidad y Política Social, José Martínez Olmos y Rosa Aguilar, han detallado las 48 enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado de 2013 en sus respectivos ámbitos (25 y 23 respectivamente), que por otro lado cobran especial protagonismo en el impuesto que el Grupo añadiría sobre las grandes fortunas, destinándoles de forma finalista 1.000 millones de euros. El Fondo de Cohesión necesita 75 millones para no romper la equidad interterritorial Como alternativa a la subida del IRPF y el IVA planteada por el Ejecutivo de Rajoy, el portavoz socialista de Sanidad ha explicado que de los 4.000 millones de euros que se obtendrían del impuesto a grandes fortunas, el 50 por ciento se trasladaría a las autonomías para que de forma finalista, 1.500 millones fuesen a parar al Fondo de Garantía de Servicios Básicos, con una dotación equitativa de 500 millones para sanidad, educación y servicios sociales. El Fondo de Cohesión es, en opinión de Martínez Olmos, una de las partidas más perjudicadas en los PGE de 2013, de ahí también que pugnen por aumentar su cuantía en 75 millones de euros, una vez que el Gobierno estatal lo ha convertido en “extrapresupuestario” ocasionando, según el PSOE, que “la sanidad sea cada vez más residual y los pacientes de las autonomías más pequeñas tendrán más dificultades para, por ejemplo, ser atendidos en Unidades de Referencia de otras comunidades, ahora que se tienen que pagar entre ellas los gastos de las derivaciones de pacientes” (anteriormente asumidos por el Estado). Vuelta al “estado primitivo” de la Ley de Dependencia Rosa Aguilar ha sido la encargada de anunciar las enmiendas sobre políticas sociales, que han llevado el foco hacia el Plan Concertado de Servicios Sociales Básicos (tras un recorte del 66 por ciento, según sus datos), el Plan de Apoyo a la Infancia y la Familia (recorte del 53 por ciento sobre los PGE de 2011), y la “voladura controlada de la Ley de Dependencia”. En este último punto, ha relatado diversas enmiendas relativas a: la reposición del nivel acordado de 283 millones de euros; el envejecimiento activo; la restitución del servicio de teleasistencia; la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad; y por último, la enmienda al articulado para devolver “la ley a su estado primitivo a través de la recuperación de los 200 millones de euros del Nivel Mínimo”. |
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