El PSOE llevará a la Junta General una moción para mantener la actual Ley del aborto

Redacción. Oviedo
La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) presentará una moción en la Junta General del Principado y en los ayuntamientos de la región para solicitar del Gobierno central que mantenga la vigente Ley de Salud Sexual y Reproductiva.

Adriana Lastra y Lourdes Calleja.

Esta iniciativa se adoptará después de que el PSOE asturiana haya decidido adherirse a la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de la que forman parte 140 organizaciones que han elaborado un manifiesto titulado “Decidir nos hace libres” que exige del Ejecutivo que no modifique la ley.

En rueda de prensa, la secretaria de Bienestar Social de la FSA-PSOE, Lourdes Calleja, ha defendido la normativa aprobada por el anterior Gobierno porque permitía eliminar la situación de incertidumbre jurídica tanto para las mujeres que deciden interrumpir su embarazo como para los profesionales que las atienden.

Calleja ha incidido además en que el establecimiento de una ley de plazos en sustitución de los tres supuestos contemplados antes (riesgo para el feto, violación o trastorno psicológico para la mujer) situó a España en la línea que marcan las directrices internacionales que regulan el derecho al aborto.

La ley, ha recordado, incluía además el reconocimiento del derecho de las mujeres a conocer los métodos anticonceptivos existentes y a recibir información tanto de las ayudas a las que tendrían derecho si siguieran adelante con su embarazo como a las consecuencias psicológicas que podría tener la intervención.

A su juicio, la intención del Gobierno de modificar la ley obedece a cuestiones “profundamente ideológicas”, acusación en la que ha coincidido con la secretaria de Política Municipal de la FSA-PSOE, Adriana Lastra, que ha recordado que incluso Naciones Unidas ha pedido a España que se respete la actual normativa.

El derecho de la mujer a decidir si continúa o no adelante con su embarazo “no puede estar regulado por el Código Penal” ha subrayado Lastra que ha alertado también de la posibilidad de que el Gobierno baraje la opción de sacar del catálogo de prestación de servicios de la sanidad pública las interrupciones voluntarias del embarazo.