Los socialistas critican que la Xunta se opone a reponer el mínimo del 10 por ciento de las plazas que permite la ley



13 ago. 2014 18:24H
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Redacción. Santiago
La portavoz de sanidad del Grupo Socialista, Carmen Acuña, ha denunciado que el Gobierno gallego está ejecutando “un ERE encubierto” en la sanidad gallega a través de la “imposición de jubilaciones forzosas” a todos los médicos al cumplir los 65 años de edad, para dejar estas plazas vacantes.

Carmen Acuña.

En un comunicado, Acuña recuerda que las previsiones de la Xunta ascendían a retirar del sistema a 800 profesionales entre 2009 y 2015. Por ello, ha llevado una serie de iniciativas al Parlamento gallego para que la Xunta explique en pleno su “empeño por las jubilaciones”, que opina que provocan “una devaluación de la sanidad pública irrecuperable a corto y medio plazo”. Al respecto, denuncia que, al mismo tiempo que los profesionales son jubilados, el Gobierno gallego se niega a reponer sus plazas con nuevos profesionales. Agrega que la Xunta incluso se opone a reponer el mínimo del 10 por ciento de las plazas que permite la ley, con lo que se provoca “la pérdida de un número muy importante de trabajadores para el sistema público de salud”.

Ante estas declaraciones, el portavoz de sanidad del PPdeG, Miguel Sanalices, ha recordado que, mediante una Oferta Pública de Empleo (OPE), se cubre con personal estatutario fijo un total de 341 plazas de especialistas en el sistema sanitario de la comunidad.

“Para hablar de ERE mejor que lo hagan en Andalucía”, rebate Santalices en un comunicado, en el cual rechaza las críticas del PSdeG señalando que el sistema público de salud gallego cuenta con “cobertura universal” y reivindicando que “dio ejemplo” con la creación de un plan especial para la atención a la población inmigrante.

Acerca de las “jubilaciones forzosas” denunciadas por el PSdeG, el diputado popular recuerda que existen cambios de normativas y que “el propio Parlamento aprobó por unanimidad una propuesta de plan de ordenación de recursos humanos en el que taxativamente se recogía que en los casos en los que fuera necesario, y por no disponer de especialistas para cubrir la demanda, se podrán arbitrar sistemas para continuar prestando servicios, aún cumpliendo la edad, para garantizar no sólo la asistencia, sino también la docencia”.
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