Redacción Médica
26 de septiembre de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 13:00

El PP pide al PSOE que deje de engañar a los ciudadanos en materia de transporte sanitario

Establece un precio único por trayecto de 50 euros, “esta medida se toma para evitar penalizar a pacientes de zonas alejadas de centros sanitarios o rurales”

Miércoles, 03 de abril de 2013, a las 17:59

Redacción. Palma
El Grupo Parlamentario Popular ha rechazado durante la Comisión de Salud del Parlamento, una iniciativa de los socialistas que insta a retirar el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y el derecho de los ciudadanos a la protección de la Salud, por imponer el copago en el transporte sanitario no urgente.

Antonia Vallés, diputada del PP.

Esta iniciativa también recoge que la especificidad de las islas así como el hecho de insularidad, se tenga en cuenta para el transporte sanitario no urgente. Es por ello, que la popular, Antonia Vallés, ha destacado que el partido socialista está engañando a los ciudadanos en materia de transporte sanitario porque “ellos mismos saben que se trata de un hecho de responsabilidad después de encontrarnos al país al borde de la quiebra”. En este sentido, Vallés ha explicado que ante la situación encontrada cuando el PP accedió al Gobierno, “no quedó otro remedio que cambiar de manera temporal lo necesario por lo urgente, para poder garantizar la permanencia del Estado de bienestar”.

Asimismo, Vallés ha destacado la deuda de 16.000 millones de euros en el Ministerio de Sanidad a principios de año 2012, y que más del 73 por ciento de la deuda reconocida abonada dentro del Plan de Pago a Proveedores correspondía a facturas del ámbito sanitario”. “Ante este contexto de necesidad y de urgencia -ha añadido Vallés- el Real Decreto 16/2012 adopta el copago sanitario no urgente”.

No obstante, el texto establece un precio único por trayecto de 50 euros, “esta medida se toma para evitar penalizar a pacientes de zonas alejadas de centros sanitarios o rurales”, ha apuntado Vallés, así como norma general, “tendrán aportación reducida, por lo que el usuario aportará el 10 por ciento (5 euros)”. Además, “en el Real Decreto se establecen límites mensuales de 60 euros para las rentas superiores a los 100.000 euros anuales, 20 euros para quienes ganan de 18.000 a 20.000 (activos y pensionistas) y 10 euros para el resto”.

 La popular ha resaltado que estarán exentos los mismos grupos que en farmacia que son síndrome tóxico, rentas de inserción, parados de larga duración así como personas que requieran un tratamiento derivado de un accidente laboral o personas que por su estado de salud requieran llevar acompañante en sus trayectos.

Vallés también ha querido hacer hincapié en el transporte urgente y ha manifestado que “queda blindado y no se tendrá que hacer ninguna aportación por parte del usuario”. “En cambio, en el transporte sanitario no urgente – ha continuado la popular -  se establece un sistema para unificar la aportación de los usuarios a nivel estatal para que todos aporten lo mismo independientemente de la comunidad autónoma donde resida”.

 Además la popular ha establecido una comparativa con otras prestaciones como el copago de los medicamentos, y ha destacado que el pago también se efectúa en función a unos criterios como son la percepción de la renta, la edad, situación de desempleo etc. “Todos los pagos están limitados según la situación de cada paciente, y en la mayoría de casos no superan los 8 euros mensuales”. Así, Vallés ha resaltado que “a nadie le gusta tener que tomar este tipo de medidas, lo hacemos como un ejercicio de responsabilidad para poder seguir garantizando un sistema sanitario público”.

 Finalmente la popular ha manifestado que “no hay copago mayor que tener que afrontar la liquidación de más de 16.000 millones de euros en el Gobierno y más de 800 en nuestra comunidad autónoma”. “Si hay alguna decisión que perjudica a la salud de los ciudadanos es el no pagar”, ha concluido.