Redacción Médica
23 de septiembre de 2018 | Actualizado: Domingo a las 14:50

Denuncian al SCS por no publicar las listas de espera

Comunicado de la Asociación de Defensa por la Sanidad Pública Canaria

Jueves, 16 de febrero de 2012, a las 11:55

Redacción. Santa Cruz de Tenerife
La Asociación de Defensa por la Sanidad Pública Canaria ha presentado una denuncia ante el Diputado del Común contra el Servicio Canario de Salud (SCS) por no hacer públicas las listas de espera. El colectivo explica en un comunicado que no se dan datos desde junio de 2011, fecha en la que se hizo pública la lista de espera quirúrgica y la de consultas externas de las especialidades hospitalarias.

La consejera, Brígida Mendoza.

En su opinión, faltan otros tipos de lista de espera, "y una muy importante es la de pruebas diagnósticas, así como la de tiempos de demora en atención primaria". En esa línea, afirma que "ningún argumento" puede justificar la ausencia de información actualizada al respecto, "puesto que ya la tienen y la ciudadanía debe poder conocerla", y señala que se debe publicar la lista de espera total incluyendo la estructural y la oculta, "que se estima incluye entre el 40 y el 50 por ciento más de pacientes en espera". Por eso, solicita que el Diputado del Común inste a la Consejería de Sanidad a que "sin más demora" publique las listas de espera totales incluyendo las ocultas.

Tiempo máximo

La asociación espera también que promueva recurso de inconstitucionalidad por el incumplimiento de la Consejería en lo dispuesto en el Real Decreto 1039/2011 de 15 de Julio por el que se establecen los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Este Real Decreto establece que ningún usuario debería estar en una lista oculta y debe continuar en el registro de lista de espera, que debe ser público, aunque rechace un centro concertado como alternativa a la realización de la asistencia. El colectivo propone también al Diputado del Común que cree la figura de observadores o árbitros, similares a los creados ante situaciones de conflicto, para que "investiguen personalmente" lo que ocurre con la sanidad pública.