Castro matiza: “Los abortos se harán en centros privados cuando los públicos no puedan asumirlos”

Redacción. Mallorca
La consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, ha dicho que las mujeres que no puedan ejercer su derecho a abortar en la sanidad pública en los plazos legales serán derivadas a centros privados.

La consejera Carmen Castro.

De esta manera, Castro ha especificado cómo se llevarán a cabo ahora los abortos en Baleares después de que la Consejería de Salud decidiera no renovar el convenio de 600.000 euros que tenía con las clínicas privadas especializadas.

Ha añadido que la intención es que todas las interrupciones de embarazos se realicen en los hospitales públicos, pero cuando no sea posible en los plazos y condiciones que contempla la ley, se derivarán a centros privados, a los que se pagará por las intervenciones realizadas, según las tarifas establecidas por el Ib-Salut.

La consejera ha señalado que el convenio no se ha renovado debido a la situación económica de las arcas públicas, al igual que no se han vuelto a firmar otros acuerdos de la Administración balear.

Ha precisado que el procedimiento será similar al que se aplica con otras patologías. Cuando el sistema público de salud no puede asumir su tratamiento o intervención se deriva al paciente a las clínicas privadas.

En el caso de la interrupción del embarazo, se remitirá a la mujer a la asistente social y profesional correspondiente, que la enviará a los centros privados.

El número de médicos objetores de conciencia es elevado, ha confirmado Castro, pero existen otros facultativos dispuestos a practicar los abortos, por lo que "el derecho de las mujeres (a abortar) está garantizado".

Ha detallado que la dirección del Ib-Salut trabaja en la especificación del protocolo que se implementará en estos casos.

La consejera de Salud, Familia y Bienestar Social contestó ayer en el pleno del Parlament a una pregunta de los socialistas sobre la aplicación de la ley del aborto que las mujeres podían estar tranquilas ya que la Administración pública garantizará el derecho a recibir esta prestación.