Redacción Médica
19 de julio de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 19:50

Aragón blinda la seguridad de sus profesionales

Busca conseguir una adecuada convivencia en todos los centros del sistema

Viernes, 27 de diciembre de 2013, a las 11:13
Redacción. Madrid
La edición de este viernes del Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Ley 9/2013 de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón. La Consejería de Sanidad, Familia y Bienestar Social que encabeza Ricardo Oliván busca reconocer y apoyar a los profesionales del sistema público sanitario y social reforzando su autoridad y procurando la protección y el respeto que les son debidos, según recoge la resolución.

Ricardo Oliván.

El fin, continua el BOE, es conseguir una adecuada convivencia en todos los centros del sistema, incrementar la sensibilización, prevención y resolución de conflictos, y promover una atención sanitaria y social en los valores propios de una sociedad democráticamente avanzada a todos los pacientes y usuarios.

El ámbito de aplicación de la norma es el sistema público sanitario y social de Aragón. Tendrá efectos tanto en el desarrollo de las actividades realizadas en el interior de los centros sanitarios o sociales como aquellas que, como consecuencia del ejercicio de las funciones propias, se realicen fuera de los centros. La actividad quirúrgica y las pruebas diagnósticas realizadas mediante fórmulas de actividad concertada en empresas privadas por profesionales de estas estarán excluidas del ámbito de aplicación de esta ley.

La ley contempla que en el ejercicio de sus funciones, los hechos constatados por los mencionados profesionales gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito en documento que cuente con los requisitos establecidos según la normativa que resulte de aplicación en cada caso.

La Administración promoverá que los profesionales incluidos en esta ley cuenten con la adecuada asistencia jurídica y protección que resulte preceptiva. Además dispondrán del apoyo psicológico y médico necesario y la protección que garantice su derecho a la intimidad.