Las concesionarias estudian demandar a Sanidad Universal por ocultar el gasto sanitario

La guerra abierta entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana y las empresas que gestionan el modelo público-privado en los cinco departamentos de salud de la región suma un nuevo capítulo.

Las concesionarias –entre las que se incluye Ribera Salud- están planteándose la posibilidad de demandar al departamento que dirige Carmen Montón por ocultar el gasto sanitario, tal y como ha podido saber Redacción Médica por fuentes cercanas a esta situación. La noticia llega días después de que Sanidad publicara los cinco contratos que tiene en vigencia con estas entidades (Alzira, Elche, Manises, Torrevieja y Denia) en su Portal de la Transparencia.

La supuesta ocultación se remonta a la época en la que gobernaba el Consell el Partido Popular y Francisco Camps a la cabeza, y que terminó con una multa por parte de la Unión Europea a España de 18,9 millones de euros. Ahora la Generalitat, y con los documentos gubernamentales sobre la mesa, empieza a tener saldos positivos, lo que lleva a las concesionarias a estudiar la posibilidad de demandar al Ejecutivo valenciano por los perjuicios que les pudo ocasionar el falseamiento de las cuentas. “Todo comenzó en 2010 pero los hechos se han alargado en el tiempo hasta el día de hoy, por lo que el actual equipo de gobierno también tiene responsabilidades en el asunto”, indican estas mismas fuentes.

Pero antes de tomar la decisión, las empresas sanitarias se han reunido esta semana con el bufete Broseta Abogados para estudiar una reclamación conjunta contra Sanidad, a la que le reclaman entre 60 y 100 millones de euros, según estiman.

La base legal para reclamar esta cantidad la han encontrado en los propios pliegos de condiciones que la consejería ha publicado estos días en su Portal de la Transparencia. En estos documentos, Sanidad y estas entidades acordaron actualizar la prima per cápita (es decir, el dinero que la Administración les paga por cada paciente que atienden) en función del gasto sanitario que tenga el Ejecutivo valenciano.

Las concesionarias alegan que, tal y como quedó demostrado por parte de la UE, el anterior equipo de Gobierno falseó los presupuestos al ocultar las facturas, entre ellas las de sanidad, y que los hechos no se habrían esclarecido a día de hoy. Por lo que, en el caso de que las partidas hubieran crecido todo este tiempo, las cápitas no se han actualizdo conforme indicaban los contratos. Por este motivo, consideran que si se demuestra que estas partidas no eran las correctas, tienen derecho a un resarcimiento, algo que no dudarán en pedir al departamento que dirige Montón.