Multas, grabaciones... la pionera ley gallega contra agresiones sanitarias

Tras su tramitación parlamentaria en la región, la modificación de la Ley de Salud de Galicia ya está registrada en la normativa nacional. A partir del pasado sábado, ya consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que confirma su entrada en vigor definitiva y su reconocimiento estatal.

Se trata de una norma pionera que va más allá del Código penal y que busca blindar al sanitario frente a las agresiones. Consta de un artículo único con dieciséis apartados que abordan múltiples modificaciones. Entre ellas, incluir la definición de la violencia en el ámbito sanitario "física, psíquica, verbal o digital", establecer las sanciones que se impondrán a los agresores, dar respaldo jurídico a los profesionales, crear el Plan gallego de prevención contra la violencia en el ámbito sanitario y prohibir por ley las grabaciones a sanitarios sin consentimiento.

La modificación legislativa gallega, punto a punto

Uno de los puntos destacados de la norma es la modificación que afecta al artículo 3 del título preliminar. Concretamente, consiste en incorporar a los efectos de la Ley de Salud lo que se entiende por "violencia en el ámbito sanitario" y "profesional del ámbito sanitario".

En este sentido, Galicia pretende extender las medidas de prevención y protección a dichos actos de violencia a todo el Sistema sanitario gallego, independientemente de la titularidad pública o privada del centro de prestación de servicios, así como a todos los profesionales que realizar actividad sanitaria de carácter asistencial o cualesquiera otras que, sin ser estrictamente asistenciales, guarden relación con esta actividad, como el transporte sanitario, entre otras.

Por otra parte, se cambia el artículo 15 del capítulo III del título I para reflejar, dentro de los deberes de la ciudadanía, además del deber genérico de respeto al personal que presta sus servicios en el Sistema de salud de Galicia, el deber de respeto de su honor y prestigio profesional. 

También se hace referencia a la importancia de la relación de confianza que ha de existir entre el personal sanitario que desarrolla funciones asistenciales y los pacientes y la forma en la cual ciertas conductas, como la grabación y difusión a terceros del contenido de esa relación, sin consentimiento o incluso contra la voluntad expresa del profesional, pueden tener consecuencias para ambas partes, tanto desde el punto de vista deontológico como administrativo.

Dentro de la Ley de Salud, además, se diferencian las infracciones cometidas en materia de violencia en el ámbito sanitario y se tipifican como infracción leve, grave y muy grave. Se consideran leves las faltas de respeto o insultos, la realización de actos o conductas que alteren o perturben el desarrollo normal de la actividad asistencial o el funcionamiento ordinario de los centros sanitarios o la destrucción, menoscabo o deterioro de instalaciones y equipos.

Serán graves la resistencia, amenazas, coacción, acoso digital o ciberacoso o cualesquiera otras formas de presión ejercidas contra las autoridades sanitarias y las profesionales. Por último, se reconocen como muy graves las agresiones físicas a las autoridades sanitarias o a sus agentes.

Infracciones por agresión a sanitarios

En este sentido, las infracciones serán las siguientes:

Infracciones leves

• Grado mínimo: de 300 a 500 euros
• Grado medio: de 501 a 1.000 euros
• Grado máximo: de 1.001 a 1.500 euros

Infracciones graves

• Grado mínimo: de 1.501 a 2.000 euros
• Grado medio: de 2.001 a 2.500 euros
• Grado máximo: de 2.501 a 3.000 euros

Infracciones muy graves

• Grado mínimo: de 3.001 a 7.000 euros
• Grado medio: de 7.001 a 12.000 euros
• Grado máximo: de 12.001 a 15.000 euros

Defensa jurídica y apoyo psicológico

Asimismo, se modifica el capítulo X del título II, referido al contrato de servicios sanitarios, para incorporar la exigencia de suscripción por el empleador de un seguro que garantice la defensa jurídica y el resarcimiento de los daños derivados de actos de violencia sufridos por el personal que presta servicios en Galicia, así como la disposición de un plan de prevención y formación en materia de violencia en el ámbito sanitario.

Dicha hoja de ruta efectuará una evaluación integral previa del riesgo de daños por violencia en función de factores relevantes en cada centro, para adoptar las medidas específicas que fuera preciso implantar. 

En cuanto al contenido, se añade un nuevo párrafo al artículo 119 que contempla la puesta a disposición del personal víctima de un acto de violencia de los servicios específicos encargados de prestar el apoyo psicológico, que en cada caso se precise. El texto recoge, por otro lado, la creación de un registro gallego de actos de violencia externa en el ámbito sanitario, en el que se inscribirán y registrarán todos los actos de violencia que sean sancionados. 

La formación será otro de los pilares de esta modificación. Y es que se introducen medidas de formación específica al personal del sistema sanitario autonómico tengan por objeto situaciones de emergencias provocadas por pacientes con conductas violentas, el abordaje de conductas desafiantes para el manejo de situaciones, así como para conocer los mecanismos y técnicas de autocontrol ante agresiones físicas y técnicas de pausado y control de la situación. 

Un año de tramitación parlamentaria

Fue el 2 de mayo de 2025 cuando el propio conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, anunció que la Xunta comenzaría la tramitación de la modificación legal. Fue en rueda de prensa, y respaldado por el presidente autonómico, Alfonso Rueda. Se tardaron 20 días en recoger todas las aportaciones correspondientes. Todo con un objetivo: dar luz verde a una norma que cambiará el papel de la Admnistración regional frente a las agresiones a sanitarios.

En verano de 2025 se remitió a la Cámara gallega para iniciar su trámite legislativo y entre septiembre y febrero de 2026 se llevó a cabo el 'diálogo' entre formaciones. Todo para ser aprobada a finales del marzo en el Parlamento de Galicia, donde se finalizó su diseño con la inclusión de algunas enmiendas parciales presentadas por los grupos parlamentarios. 

Un año se ha tardado en poner punto y final al texto. Una ley que blinda a los sanitarios y castiga las agresiones de una forma que ningún territorio había contemplado hasta el momento.