Médico en su consulta.

Médico en su consulta. / Imagen de Envato

Galicia

La justicia blinda la carrera profesional del sanitario interino: su reconocimiento tardío no es suficiente compensación

El Tribunal Supremo da la razón a un trabajador del Sergas y aclara las condiciones para acceder a este bonus de sueldo

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El Tribunal Supremo ha vuelto a marcar límites a la administración pública en materia de promoción interna del personal temporal de sanidad. Los jueces han dictado una nueva sentencia que establece que un servicio de salud no puede bloquear el ascenso en la carrera profesional de un antiguo interino, alegando que aún no ha cumplido los cinco años reglamentarios en el primer escalón del modelo. La decisión es un nuevo espaldarazo para las aspiraciones de los sanitarios con contratos eventuales de disfrutar de los mismos derechos laborales que sus compañeros fijos.

El fallo, al que ha tenido acceso Redacción Médica, se apoya en el principio constitucional de igualdad (artículo 14) y en la normativa europea sobre trabajo de duración determinada (cláusula 4.1 de la Directiva 1999/70/CE). El alto tribunal ha advertido que permitir la entrada al sistema con años de retraso no basta para compensar el perjuicio sufrido por los interinos, pues esa postura "confunde el reconocimiento tardío de un derecho con la completa reparación de las consecuencias derivadas de su denegación".

El origen de la demanda judicial

Para entender el alcance de la resolución conviene repasar la trayectoria del afectado, un técnico superior en prevención de riesgos laborales del Servicio Gallego de Salud (Sergas). El profesional trabajó como interino desde noviembre de 2002 y no obtuvo su plaza fija hasta enero de 2019. Durante más de dieciséis años encadenó servicios temporales porque la Administración no regularizó su categoría profesional hasta 2011 ni convocó las primeras oposiciones para cubrirla hasta 2017.

En julio de 2018, tras años de paralización por la crisis económica, Galicia reactivó la carrera profesional. Para compensar ese parón, el acuerdo autonómico introdujo una ventaja clave en su apartado 15.6, en la que eximía del requisito general de permanecer cinco años en un grado antes de pasar al siguiente, pero reservaba esa exención únicamente a quienes ya fueran personal fijo antes del 31 de diciembre de 2011.

Al aplicar esa norma, el Sergas reconoció al trabajador el grado inicial en febrero de 2019 (cuando todavía era interino), pero rechazó concederle los grados I y II. La Administración argumentó que no había estado cinco años en el nivel inicial y que tampoco podía beneficiarse de la exención por no haber sido fijo antes de finales de 2011. Tanto un juzgado de Santiago de Compostela como el Tribunal Superior de Justicia de Galicia avalaron inicialmente esta decisión al considerar que, una vez dentro del sistema, exigir cinco años de espera por igual a fijos y temporales no suponía discriminación.

Las tres claves del Supremo para frenar la desigualdad

Sin embargo, el Tribunal Supremo ahora ha revocado por completo ese planteamiento y explicado, de forma pedagógica, por qué aplicar la regla de los cinco años en este caso vulnera los derechos del trabajador. En primer lugar, lo hace porque no repara el daño acumulado. El Supremo recuerda que en abril de 2022 ya anuló las cláusulas del acuerdo gallego que restringían la carrera profesional al personal fijo. Si el trabajador no había acumulado cinco años en el grado inicial fue precisamente porque esa exclusión ilegal le cerró la puerta durante años. Por eso, el fallo subraya que "el restablecimiento efectivo de la igualdad no se alcanza únicamente mediante el acceso tardío al sistema de carrera profesional, sino eliminando también los perjuicios que dicha exclusión produjo en la progresión profesional del afectado".

Aunque exigir cinco años de permanencia parezca una regla neutra porque se pide a todos por igual, ambos colectivos no partieron de la misma casilla. Mientras el personal fijo pudo empezar a sumar tiempo desde el primer momento, el temporal estuvo bloqueado sin justificación. Así, el tribunal advierte de que "una igualdad meramente formal en la aplicación de la norma acaba produciendo un resultado sustancialmente desigual", convirtiendo el plazo de espera "en un instrumento que prolonga los efectos de la discriminación que precisamente pretendía corregirse".

Además, la sentencia avisa de que el gobierno no puede obtener un beneficio de su propio incumplimiento. Si bastara con conceder el grado inicial años más tarde para volver a frenar el ascenso económico y profesional del empleado, "la Administración obtendría una ventaja derivada precisamente de la actuación contraria al Derecho de la Unión que motivó el litigio". En ese escenario, concluyen los magistrados, "la discriminación desaparecería formalmente, pero sus efectos materiales subsistirían".

Con estos argumentos, el Supremo fija doctrina declarando discriminatorio negar la exención de los cinco años de permanencia a quienes fueron temporales antes de finales de 2011 y posteriormente adquirieron la fijeza. En consecuencia, anula las sentencias gallegas y las resoluciones del Sergas, reconoce directamente el derecho del trabajador a ser encuadrado en el Nivel II de la carrera profesional e impone al servicio de salud el pago de las costas de primera instancia hasta un máximo de 2.000 euros.