Metges pide "fiscalizar hasta el último céntimo" de la patronal pública CSC

El sindicato médico Metges de Catalunya (MC) reclama al Gobierno de la Generalitat de Cataluña que intervenga el Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC) después de que el informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña sobre el ejercicio económico del año 2017 haya detectado "irregularidades e incidencias en la gestión de la entidad".

Según fuentes del sindicato, el consorcio se ha dedicado a hacer negocios y no a cumplir la misión para la que se creó. Cabe recordar que el CSC es una patronal de carácter público diseñado para defender los intereses de las diversas instituciones (ayuntamientos, diputaciones, la propia Generalitat…) en los conciertos de la sanidad catalana concertada.

Unas actuaciones que el sindicato califica de "muy graves" y pide a la Administración que fiscalice "hasta el último céntimo" el gasto de la asociación ya que está "financiada en su práctica totalidad con recursos públicos". 

Sobrecostes y duplicidades

En concreto, el documento publicado el pasado lunes pone la lupa sobre 19 irregularidades. El abanico de anomalías que refleja la auditoría es muy amplio, desde las irregularidades de los contratos suscritos por las entidades del grupo CSC; facturas por encima del coste presupuestado; préstamos concedidos y no devueltos entre las diferentes empresas; servicios a asociados con sobreprecio; contratación de personal con complementos retributivos no justificados; trabajadores que hacen actividad pública y privada de manera simultánea en diferentes sociedades de la patronal a indemnizaciones por despido a empleados que siguen trabajando en otras empresas del grupo. Además, señala que algunas incidencias "pueden dar lugar a hechos perseguibles administrativa y judicialmente". 

En la conclusión del análisis, la Sindicatura cuestiona el carácter privado de la patronal, ya que su condición de entidad local pública, recogida en sus propios estatutos, y el volumen de ingresos provenientes de la Administración, determina que el CSC debería estar adscrito a la Generalitat y regirse por el régimen jurídico de las entidades del sector público. En este sentido, la Sindicatura indica que la adscripción -tanto de la misma entidad como de sus empresas filiales- se debería haber llevado a cabo antes del año 2015, según la legislación vigente.

Creación de filiales y vulneración de incompatibilidades

Otra de las cuestiones que resalta la Sindicatura hace alusión a la fórmula contractual usada habitualmente por el CSC para ofrecer servicios de consultoría sanitaria en otros países. "Dado el origen público del capital de la sociedad, se pone en duda la creación de las filiales internacionales del CSC, ya que no van dirigidas a la satisfacción de necesidades públicas ni a la consecución del interés general del ámbito territorial de Cataluña", reza el documento. 

Finalmente, la Sindicatura sitúa la lupa sobre los contratos de alta dirección de un mismo empleado del CSC con diferentes empresas del grupo, por los que percibe retribuciones y gastos no justificados. El órgano considera que este hecho vulnera la ley de incompatibilidades y no está amparado por la normativa de retribuciones de la Administración pública.

Para MC, todos estos motivos son "más que suficientes para que se enciendan las alarmas" y para que el Gobierno actúe de oficio ante una entidad que gestiona recursos provenientes del presupuesto de Salud de la Generalidad de Cataluña. Desde Redacción Médica nos hemos puesto en contacto con la Generalitat para conocer su versión pero al cierre de esta edicción aún no hemos recibido una respuesta.