13 nov 2018 | Actualizado: 21:20
Autonomías / Cataluña

El Govern obliga a Comín a poner al día las reuniones de su cúpula

Un nuevo régimen de transparencia respecto a los grupos de interés obliga a notificar las reuniones en las agendas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y el consejero de Salud, Antoni Comín.
El Govern obliga a Comín a poner al día las reuniones de su cúpula
mar 14 febrero 2017. 19.20H
Jesús Arroyo
El Govern ha aprobado este martes el nuevo régimen de transparencia de la administración catalana respecto de los grupos de interés. Una normativa que establece la destitución de un alto cargo si este se reúne con un ‘lobby’ sin notificarlo en su agenda pública y oficial. Esta normativa afecta de lleno a la actividad de las consejerías y la administraciónes pública que deberán de actualizar de forma periódica y rigurosa las agendas de reunión con los grupos de interés.

Como ya informó Redacción Médica la agenda pública de la consejería de Salud con entidades del sector o grupos de interés, como lo define la Generalitat, llevaba más de dos meses sin ser actualizada. En las últimas fechas se han incorporado hasta 48 nuevas actualizaciones, que comprenden desde el 28 de noviembre de 2015 -última actualización registrada- hasta el 2 de febrero de 2017. La mayoría referidas al consejero de Salud, Antoni Comín.

Susceptibles de influir en las políticas públicas.

Con esta normativa, el Govern quiere poner a disposición de ayuntamientos y entes públicos las 1.400 entidades registradas en los grupos de interés de la Generalitat. De este modo, más de dos mil organismos públicos tendrán acceso a este registro.

Este nuevo Código obliga al personal miembro de la Generalitat, así como miembros de las consejerías, a publicar en sus agendas públicas las reuniones con los grupos de interés en su agenda oficial. Además, este Código solo permitirá reunirse con aquellos grupos de interés previamente registrados en la base de datos de la generalitat. El incumplimiento de esta normativa puede conllevar multas de entre 6.000 y 12.000 euros, la suspensión y, incluso, la destitución.

Los grupos de interés, según define la Generalitat, son “las personas físicas o jurídicas y las organizaciones sin personalidad jurídica que realizan actividades susceptibles de influir directa o indirectamente en la elaboración y aplicación de las políticas públicas, en la elaboración de propuestas normativas o en la toma de decisiones, en defensa de un interés propio o de terceros o de un interés general”.
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