El fiscal se querella contra Comín por rebelión, sedición y malversación

La Fiscalía General del Estado ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra el exconsejero de Salud Antoni Comín por delitos de sedición, malversación, conexos y rebelión durante su gestión al frente de la Consejería de Salud y por la implicación de los excargos del Govern durante la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre.

Así lo ha afirmado el fiscal del Estado, José Manuel Maza, durante su comparecencia en la que ha explicado que la querella se dirige a los consejeros del Ejecutivo regional Carles Puigdemont, ya cesado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. De este modo, la Audiencia Nacional investigará a Antoni Comín por mantenerse al frente de la Consejería de Salud cuando, en paralelo con la aprobación del artículo 155 en el Senado, se aprobó la declaración unilateral de independencia de la República catalana.

Asimismo, Maza ha señalado que la querella interpuesta al exconsejero Antoni Comín se debe a su gestión al frente de la Consejería de Salud por lo que se destina a la Audiencia Nacional, mientras que la de los tres exmiembros de la Mesa del Parlament serán investigados por el Tribunal Supremo, debido a su todavía condición de aforados.

El exconsejero perdió su condición de aforado una vez se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 27 de octubre, la entrada en vigor del artículo 155 por el que se cesaba a todos los miembros del Govern. De este modo, el Ejecutivo central anunció que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, asumía el cargo y las competencias en materia sanitaria.

Delitos de rebelión, sedición y malversación

El fiscal del Estado, José Manuel Maza, ha comparecido para explicar que las dos querellas que ha presentado -una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo- se deben a los delitos de rebelión, sedición, malversación y conexos cometidos en la gestión del Govern, tras destinar fondos públicos para hacer efectiva la declaración unilateral de independencia. 

Ante la querella, se abren dos posibilidades. Por un lado, si el delito es por rebelión –con un castigo de entre 25 y 30 años de prisión- o si se rebajará al de sedición –penas de cárcel hasta 15 años-, el delito por el que la Audiencia Nacional envío a prisión a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.