Representantes del PP, PSOE, IU, UPyD, Ciudadanos y Podemos presentan sus cartas para ganarse la confianza de los ciudadanos en los comicios del 24-M



17 may. 2015 20:08H
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Cristina Alcalá / Jesús Vicioso Hoyo / Imagen: Miguel Fdez. de Vega y Cristina Cebrián. Madrid
Los dilemas de las diversas fórmulas de gestión, los recortes de la última legislatura y su incidencia en las plantillas sanitarias o el posicionamiento hacia una mayor eficiencia farmacéutica son algunos de los asuntos que han debatido representantes de primer orden de los seis principales partidos nacionales en un debate de Sanitaria 2000 con el objetivo de analizar el papel que le otorgan las diferentes opciones a la sanidad en las próximas elecciones autonómicas.

Cristina Alcalá, periodista de Sanitaria 2000 y moderadora del debate: La sanidad, a día de hoy, es el quinto problema de los ciudadanos y desde luego tiene un papel más que relevante en los presupuestos autonómicos. ¿Cuál es el papel que tiene la sanidad en el programa electoral?

Carmen San José, responsable de Sanidad del Consejo Autonómico de Podemos en Madrid; Rubén Bejarano, portavoz de IU en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid; José Martínez Olmos, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados; Cristina Alcalá, periodista de Sanitaria 2000 y moderadora del debate; Jesús Aguirre, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado; Carme Pérez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cataluña, y Enrique Normand, portavoz de UPyD en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid.


Carmen San José, responsable de Sanidad del Consejo Autonómico de Podemos en Madrid: Para nosotros tiene un papel preponderante. Creemos que esto es lógico dado que la ciudadanía los problemas del sistema sanitario los vive verdaderamente como problemas que les puede afectar directamente a su salud, de ahí que se le dé gran importancia. Entroncamos todo el programa sanitario dentro de lo que sería un paquete de propuestas sobre el bienestar de la ciudadanía, conjuntamente con todo el sistema de servicios sociales.

Carme Pérez Martínez, portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Cataluña: Los sistemas sanitarios son diecisiete y entonces es complejo tener un programa unitario porque las problemática a veces, debida a esta situación, son distintas. Eso es precisamente uno de los factores que entendemos que es fundamental: Entendemos que la sanidad, concebida como un derecho, tiene que estar garantizada por el Estado y que entonces el Estado tiene que tener las competencias básicas para evitar una serie de disfunciones que creemos que están ocurriendo ahora mismo en la atención sanitaria debido precisamente al distinto entendimiento que hay sobre la gestión y ejecución de las políticas sanitarias. Es evidente que la sanidad está en el candelero. En Madrid, con el tema de la gestión; en Cataluña, con temas vinculados a la corrupción, y en otras comunidades, como en Andalucía, por el tema de las subastas de fármacos, y de una forma u otra creo que es un punto crucial en todos los programas de los partidos políticos.

El portavoz sanitario de la formación magenta en Madrid, Enrique Normand.

Enrique Normand, portavoz de UPyD en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid: El papel de la sanidad es fundamental. La mayor parte del gasto de las comunidades autónomas es el sanitario y, por lo tanto, entendemos que en las próximas elecciones, un criterio importante para elegir un partido u otro por parte de los votantes debería ser la política sanitaria que defiende cada una de las opciones. Si está teniendo un papel suficiente en el debate político en general, como todo, es opinable. Desde luego, hay un interés importante por la sanidad en esta campaña, mucho más que hace cuatro años. Creemos que este es un debate que en parte es imprescindible, pero también creemos que en algún momento tendremos que conseguir que la sanidad esté tan en el candelero, porque la política sanitaria lo lógico es que sea pensada a largo plazo y que sea que evidentemente cada partido tenga una opinión u otra, pero fenómenos como los que ha ocurrido en Madrid con el tema de la marea blanca, que ha habido 32, esperamos que la del domingo pasado sea la última porque a partir de la próxima legislatura haya un cambio que de alguna manera haga que no sea necesario.

Rubén Bejarano, portavoz de IU en la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid: Pensamos que sí tiene gran importancia y de hecho en estos primeros días de campaña electoral, en cualquier foro y encuentro que están realizando todos los partidos la sanidad está saliendo a relucir sobre el debate de modelo de gestión sanitaria. Para nosotros, que llevamos defendiendo un único modelo de gestión en cualquier comunidad y también a nivel nacional, le damos muchísima prioridad al apartado sanitario en nuestro programa electoral. En primer lugar, porque es una cuestión por la que todos los ciudadanos están muy preocupados. El modelo de gestión sanitaria, cuando hablamos por ejemplo de la Comunidad de Madrid, tenemos un partido que ha liderado la región en los últimos 20 años y que ha demostrado que la sanidad pública, que es un derecho de todos, es susceptible de ser privatizado, recortado, y ellos mismos han mandado un mensaje muy negativo a la sociedad que ponen en cuestión el modelo de gestión sanitaria desde lo público.

José Martínez Olmos, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso: Coincido en la importancia que tiene la sanidad pública en el debate político que en estos momentos se produce en las elecciones autonómicas, y no solo por el hecho de que supone una de las competencias más importantes que tienen las autonomías, y también por el importante contenido presupuestario que supone en cada gobierno, sino también por el hecho de que hablamos de una necesidad básica de la ciudadanía, también que ha habido un incremento grandísimo de los ciudadanos sobre la sanidad pública, fruto de las políticas que se han aplicado durante esta legislatura por el gobierno de Rajoy y por los del PP. Nunca había pasado que el Centro de Investigaciones Sociológicas detectara la preocupación de la ciudadanía por la sanidad, y esto está pasando desde 2012, y es histórico y no es casual.

Jesús Aguirre, portavoz del PP en la Comisión de Sanidad del Senado: Pienso que la sanidad debería estar menos politizada. Las decisiones deberían ser más en consenso con los propios profesionales y con los pacientes. El debate quizá sea demasiado vivo y tenemos, al menos en lo que he estado leyendo, quizá muchas promesas electorales en la meso y microgestión, y no donde tendría que estar centrado el debate, que es en la macrogestión. Creo que no se puede prometer y prometo, como hacen muchos, y ahí tenemos actualmente una infraestructura sanitaria muchas veces de centros de salud, de centros de radiología, de pequeños hospitales en sitios donde no son eficientes como consecuencia de un debate demasiado vivo. Luego lo que sí pido es mesura para tratar los temas de sanidad y que prevalezca la cohesión y equidad.

Cristina Alcalá: ¿Cuáles son las principales propuestas sanitarias que hacen estos partidos a los ciudadanos para ganar su confianza y para mejorar su atención sanitaria?

Carmen San José, responsable de Sanidad del Consejo Ciudadano de la Comunidad de Madrid de Podemos.

Carmen San José (Podemos): Es vivo este debate en la campaña electoral sobre todo pienso que en Madrid, por cómo nos encontramos con el sistema sanitario madrileño. Quizá si no, no hubiera habido las movilizaciones que ha habido en la calle, tanto de profesionales como de toda la ciudadanía. Hemos perdido derechos y esto es lo primero que Podemos quiere recuperar. Hay unas 60.000 personas en Madrid que no tienen derecho a la atención sanitaria. Nada más que excepcionalmente en Urgencias, cuidado de las gestantes o niños. Esto nos parece inadmisible a estas alturas del siglo XXI, es un problema de justicia social y de que no hay garantía de un derecho como es la salud y nosotros, al día siguiente si gobernamos, daríamos tarjetas sanitarias para todos, que no es lo mismo que el titular de sanidad universal, porque las palabras parece que las hemos vaciado. Ligado a esto, vino con una ley de unos copagos que también vienen en las últimas encuestas del barómetro sanitario cómo tenemos un porcentaje cada vez mayor de personas que no pueden acceder a la medicación. Entonces, esos copagos los eliminaríamos.

Relacionado con esto, está recuperar las plantillas. Hemos perdido desde 2008 a 2013 7.117 trabajadores sanitarios. Eso hay que recuperarlo, porque nuestra propuesta es poner a funcionar los centros públicos. Todos los hospitales públicos en los que, ahora mismo, se han cerrado camas, servicios por la falta de plantillas y de persona. Esto haría incidir en las listas de espera, el otro gran problema absolutamente inasumible de una falta de equidad tremenda como son nuestras listas de espera. Hay externalizaciones que sí suprimiríamos en breve tiempo, como lo que está propiciando ahora derivaciones que es como sangrar al sistema público. Me refiero al centro de atención personalizada que como primera opción en muchísimas ocasiones deriva a centros privados. Eso, como la limpieza, la lavandería central… sí que hay privatizaciones que en un breve plazo de tiempo revertiríamos.

Carme Pérez (Ciudadanos): El problema fundamental es que hay que poner más dinero. Y éste sale de tres sitios. El primero, desde el propio sistema y por lo tanto hay que quitar grasa al sistema y redistribuir. En Cataluña, por ejemplo, de cada euro que se presupuesta en el presupuesto público de sanidad, solo se destina el 60 por ciento a la asistencia, el núcleo del negocio, mientras que el 40 por ciento restante a la estructura. Esto no se puede mantener y hay que adelgazar la estructura y destinar el dinero adonde realmente se necesita.

Nosotros no somos partidarios de establecer nuevos copagos, pero es que los copagos que hay actualmente en España son solo farmacéuticos, no asistenciales y que un copago del 40 por ciento sobre el precio de los fármacos a los trabajadores en activo no lo instauró el PP, ha estado instaurado desde que se creó el sistema sanitario. Somos nuevos, pero bobos no: plantear ahora mismo que vamos a retirar todos estos copagos farmacéuticos nos parece una promesa falsa y que no se puede llevar a la realidad. Lo que sí creemos es que se tiene que abrir un debate respeto a que si se incorporan nuevas prestaciones a la cartera básica de servicios públicos, por ejemplo en atención odontológica, si esto se podría financiar a través de un sistema mixto, en parte a través de los presupuestos y en parte a través de un copago para las personas que decidieran optar por esta atención. Es un poco el sistema alemán, donde hay copagos asistenciales pero donde también hay una cartera de servicios mucho más amplia. En cualquier caso, esto pasa por un debate amplio.

Enrique Normand (UPyD): Defendemos una gestión y una financiación pública del sistema sanitario. Eso no implica que no haya que cambiar nada. Creemos que debe haber una gestión pública innovadora y que tenemos que atrevernos a avanzar en esa línea. Este es el camino difícil; el camino fácil es privatizar. Creemos también que hay que recuperar la universalidad de la cobertura en nuestro sistema sanitario. Es una cuestión de solidaridad y de inteligencia: no es bueno que existan guetos en los que la salud de esa población sea peor que la del conjunto de las personas que viven en nuestro país. En ese sentido, la promesa que hizo el PP de recuperar su posición y facilitar la Atención Primaria aún no se ha materializado y esperamos que lo haga pronto. Además, el Sistema Nacional de Salud (SNS) debe aspirar a una autosuficiencia y a un buen aprovechamiento de los recursos, lo que implica dos cosas: que los presupuestos sanitarios tienen que ser creíbles, y que los recursos se han de aprovechar bien. No puede suceder que los hospitales estén prácticamente inoperativos por las tardes. En algunos casos, habrá que derivar a la privada, pero creemos que hay que intentar evitar las derivaciones a la sanidad privada con un buen aprovechamiento del sistema público que al menos en la Comunidad de Madrid no existe.

Creemos que también es fundamental mejorar la gestión: los gerentes no pueden ser cargos políticos del partido de turno. La politización de la gestión de los hospitales es un lastre para el SNS igual que fue para las cajas de ahorros y esto es para nosotros una prioridad: conseguir que el gerente y los directores médicos sean elegidos con criterios estrictamente técnicos y profesionales. Y es fundamental avanzar en el terreno de la rendición de cuentas, porque la trasparencia es una cuestión de buen gobierno para evitar la corrupción y para que los ciudadanos estén informados sobre los resultados de la utilización de los recursos que ponen en manos de las administraciones públicas y lo que no se evalúa no se puede mejorar. Por último, creemos que el Ministerio de Sanidad debe recuperar competencias para garantizar la igualdad y la libertad tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios.

Rubén Bejarano, de IU, durante su intervención en el debate de Sanitaria 2000.

Rubén Bejarano (IU): Se ha hablado en esta mesa de que no se debe politizar la gestión sanitaria, y creo que precisamente el partido ahora mismo mayoritario en la mayoría de las instituciones se ha encargado de politizar la gestión sanitaria dentro de este festival neoliberal en la que con esas mayorías absolutas se han atrevido con todo en muchas CCAA, sobre todo en una importante como es la de Madrid, bajo un supuesto debate que nos ha introducido el PP diciendo que el sistema es insostenible. Se ha recortado, se han trasferido recursos públicos, se ha privatizado y se han puesto en marcha procesos de repago que penalizan a los enfermos, sobre todo a los crónicos.

IU haría todo lo contrario a lo que está haciendo el PP en las instituciones. Desde siempre hemos dado una propuesta clara en defensa de un modelo sanitario público. A pesar de todos los recortes y todas las privatizaciones, si sumamos todas las trasferencias que se han hecho al ámbito privado, los conciertos, derivaciones, y todas esas mal llamadas externalizaciones, que son privatizaciones en mayúsculas, todos los procesos de concesiones administrativas, si hacemos un cálculo, es muy grande: son muchísimos recursos que si se gestionaran con empleados públicos y con centros públicos abordaríamos un sistema sanitario público en buenas condiciones. El problema es la intencionalidad política.

José Martínez Olmos (PSOE): Hay comunidades como Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha que tienen problemas de haber externalizado servicios públicos y nosotros lo que planteamos es un mensaje claro de que con un gobierno socialista eso no va a continuar. Por lo tanto, no va a seguir habiendo una política en estos territorios donde los servicios públicos se pongan en manos privadas. Y los conciertos, los contratos que hay ahora mismo en marcha se van revisar primero con una vigilancia absolutamente rigurosa en el cumplimiento de su contenido, y el rescate inmediatamente cuando se pueda, porque hay una gran opacidad sobre cuáles son las condiciones de los contratos. Y esto es algo que no debería volver a suceder. No se pueden hacer conciertos a espaldas de la ciudadanía. Si se tiene que hacer por lo que sea, tiene que ser trasparente y con las condiciones concretas.

Un segundo elemento que aunque es competencia del Estado, el reconocimiento al derecho a la atención sanitaria en lo que es la universalidad, cuando lleguemos al Gobierno, volveremos a reponerla como derecho de ciudadanía y no de estar o no asegurado. En las CCAA donde gobierne el PSOE haremos como se hace en Andalucía o Asturias: todas las personas tendrán derecho a la atención sanitaria completa. Y una cuestión importante señalar es que hay sitios como Madrid y Valencia donde ha habido una pérdida de profesionales muy importante que hay que empezar a recuperar, porque el recorte ha sido excesivamente radical y eso ha generado un deterioro de la calidad asistencial y un incremento de las listas de espera importante.

El senador Jesús Aguirre, responsable de Sanidad en la Cámara Alta del partido del Gobierno.

Jesús Aguirre (PP): Nuestra principal apuesta es una sanidad universal, de calidad, gratuita, pública y en todos sus términos. Voy a huir de los programas populistas y me voy a centrar en el programa marco. La idea es mantener la senda de progreso y estabilidad que hemos logrado durante los tres últimos años a la sanidad en las diferentes comunidades autónomas gracias también a las medidas tomadas por el Gobierno central. Los tres puntos importantes en los que vamos a trabajar dentro del programa marco son el abordaje de los pacientes pluripatológicos y crónicos. Sabemos que su abordaje supone casi el 85 por ciento del gasto de cada uno de los sistemas sanitarios de las CCAA. Hay que hacer un abordaje mucho más concienzudo y pormenorizado, y por supuesto con una mejor coordinación sociosanitaria básica para que todas las comunidades empiecen ya a trabajar.

En el segundo punto, abordamos temas que se nos han olvidado en los últimos años, como pueden ser el confort, tema importantísimo de cara a los propios pacientes; la empatía, el trato entre los profesionales y los pacientes, volver otra vez a retomar esa relación médico-paciente o profesional sanitario y paciente que por lo que sea la hemos perdido o se ha perdido en detrimento de ese mirar ojo a ojo y cara a cara al paciente. Hemos de conseguir que todas las CCAA apuesten de una forma clara y decidida por la aplicación de las nuevas tecnologías, entre ellas también la telemedicina, de tal forma que en pocos años el cien por cien de la población tenga su historia clínica digital y todos los profesionales tengan acceso a la prescripción a través de receta electrónica.

Cristina Alcalá: Hace solo unos días se conocía el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que decía que la externalización de la gestión de un hospital no es privatizarlo. ¿Cuál es el posicionamiento de cada uno?

Carmen San José (Podemos): Es una sentencia del TC que hay que acatar, pero que nosotros no compartimos. Nosotros, desde Podemos, lo que decimos es que con modelos de gestión en los que quepa el ánimo de lucro no aseguramos ni garantizamos la atención sanitaria con equidad. Es decir, un hospital, y Madrid es un ejemplo, con ánimo de lucro en su desarrollo de la atención sanitaria va a tener predilección por una serie de atención frente a otra. Por ejemplo, en un mayor consumo de tecnología. Cabe decir lo que vamos poco a poco conociendo con dificultad de los TAC que pueden hacer nuestros hospitales privados en Madrid, los cuatro, esos de fórmula concesión-administrativa; cuántas cesáreas, y qué selección de pacientes hacen. Desgraciadamente, tenemos los ejemplos, por no citar toda la bibliografía y evidencia científica al respecto.

Carme Pérez (Ciudadanos): ¿Dónde está para nosotros la frontera en cuanto a la titularidad? En los que tienen ánimo de lucro y son privados. Mientras tengamos recursos propios o concertados sin ánimo de lucro y como estamos teniendo en estos momentos yo creo que en toda España con medios e instalaciones cerradas en este tipo de organizaciones, no podemos derivar pacientes a centros privados con ánimo de lucro porque evidentemente estamos invirtiendo recursos en donde no toca, porque no podemos demonizar la sanidad privada. Es un ámbito empresarial muy lícito, pero entendemos que no se tiene que nutrir del dinero público.

Otra cosa es el modelo de gestión. Estos centros propios se pueden ceder para que su gestión sea privada o también los centros concertados si son de titularidad privada, están bajo gestión privada. Eso no lo podemos modificar. Podemos crear en las condiciones del concierto una serie de condicionantes. Nuestra política sanitaria se centra en que estos centros propios de titularidad pública, como pueden ser los conciertos u otros como los clínicos tienen que estar en gestión pública. Es evidente que no hay ningún dato en toda la literatura universal que permita afirmar que la gestión privada es mejor, más eficiente y más barata que la gestión pública. Otra cosa es que no se quiera que sea eficiente, pero que se consiga dejar caer la gestión público, ¿para qué ha servido? En principio, es una decisión política, estamos a favor de que estos centros se gestionen de forma pública. Lo que no quiere decir que ámbitos concretos como prestaciones accesorias que no son el núcleo asistencial, como la informática o las tecnologías, se puedan hacer mediante convenios de colaboración con la empresa privada siempre que esto redunde en beneficio para el sector público y los fondos públicos.

Enrique Normand (UPyD): Creemos que hay revisar los contratos que actualmente están vigentes, respetando la seguridad jurídica de las empresas concesionarias, porque creemos que en algunos aspectos pueden atentar contra el interés público.

En Madrid tenemos 12 hospitales que están endeudados. Desde el punto de vista de la gestión hay cosas que se han hecho mal. Por último, la privatización se nos decía que era un intento de mejorar la gestión, cuando en realidad lo que ha sido es una forma de ocultar recortes, de recortar gasto. En el Hospital de Torrejón, cuando hubo un cambio en la empresa que gestiona el centro, ha habido un cambio muy importante en el número de profesionales. Entendemos que esto perjudica a la calidad de la asistencia porque los pacientes necesitan que existan equipos estables. Otro ejemplo son los celadores del Hospital Infanta Leonor: el cambio en la concesión de la empresa que llevaba el servicio de celadores es que 60 personas que estaban trabajando en unas condiciones, de un día para otro tuvieron que decidir aceptar unas condiciones peores o te vas a la calle. Esto no es mejorar la gestión, esto es otra cosa.

Rubén Bejarano (IU): Respetamos todas las decisiones judiciales, pero el problema es que IU no quiere separar lo que es titularidad y gestión. Cuando hablamos de un derecho ciudadano, uno de los principales, como es la sanidad pública, queremos que se preste en centros públicos y con empleados públicos. Porque hemos llegado a una situación que creemos que sobrepasa todos los límites, en la cual un hospital de la red pública está gestionado por un fondo de inversión de alto riesgo que tiene su sede en las Islas Caimán. Esto está ocurriendo en Madrid, no es una ocurrencia que dicen los hombres y mujeres de IU, como nos acusa el PP.

Hemos llegado a un punto en donde la Comunidad de Madrid, nuestra red pública que tanto dice el PP, tenemos hospitales tradicionales de gestión directa, también fundaciones, conciertos, empresas públicas y hospitales bajo el sistema de concesión administrativa por el que han construido, explotan y gestionan nuestros hospitales. Ante este lío, creemos que solo puede haber un único modelo de gestión, porque tenemos además distintas diferencias entre los profesionales sanitarios en la Comunidad de Madrid, en las mismas categorías profesionales, dependiendo de dónde se presten los servicios van a tener unas retribuciones y unos derechos laborales distintos a otros compañeros que prestan en otro determinado hospital.

El diputado socialista José Martínez Olmos interviene en el encuentro organizado por la editora de Redacción Médica.

José Martínez Olmos (PSOE): Comparto y hago mías las observaciones que ha hecho Normand en lo que ha supuesto la repercusión de la sentencia. Ahora, políticamente el PP en Madrid se ha llevado un revolcón en esta legislatura sobre lo que era su intención de continuar ese proceso de privatización de la sanidad. Eso es una realidad. Nosotros, por supuesto respetamos la sentencia, tenemos claro, y donde gobernamos lo hemos demostrado, no somos partidarios de poner hospitales públicos en manos privadas en ningún sitio. Somos partidarios de un modelo de gestión pública, y los conciertos tienen que ser pocos, complementarios y trasparentes. Aquí ha pasado, en España pero fundamentalmente en Madrid, una historia que algún día hay que clarificarla para con la ciudadanía, porque conviene saber que por una parte hay acusaciones de corrupción que habría que ver qué base tienen, pero también nos conviene saber qué utilidad social ha tenido la inversión que se ha hecho en gestionar desde lo privado los servicios públicos, y qué coste ha podido tener en términos de desigualdad y de salud. Esto es un debate fundamental.

Es por eso por lo que nuestro planteamiento de programa electoral es rescatar todas aquellas concesiones que pudieran rescatarse. Aquí hay un problema objetivamente gravísimo de opacidad: si yo mañana quisiera ser el presidente de la Comunidad de Madrid no sabría a qué me estoy comprometiendo si yo dijera que voy a rescatar todas las concesiones, porque no se sabe el contenido de los contratos. Eso es inadmisible en democracia. Tienes que ir con la prudencia de primero lo voy a revisar y hacer que se cumplan todos, y en el momento en el que no se cumplan, revisar ya con razones jurídicas las concesiones. Y a partir de ahora, ni una concesión nueva con el gobierno socialista.

Jesús Aguirre (PP): Las 17 CCAA, independientemente del signo político que esté gobernando, los que gobiernan hacen la mejor gestión, o lo que creen que es lo más eficiente, con los recursos públicos que les ponemos en sus manos. Las 17 CCAA, partiendo de la premisa de que la sanidad y su financiación es pública, gestionan a través de fundaciones, consorcios, externalizaciones o concertaciones como quieran. Ponen el ejemplo en Madrid, pero podemos poner ejemplos de cualquiera de las otras, como Cataluña, que tiene mucha experiencia, o Andalucía con toda la zona de Aljarafe, que lleva San Juan de Dios, o parte de Cádiz y Huelva que la llevan los hospitales Pascual. Y no pasa absolutamente nada: el paciente no tiene que ir con la Visa en la boca a la hora de que lo vean en ninguno de los sitios. La sanidad sigue siendo pública. Por lo tanto, tenemos que tener claro que una cosa es la financiación y otra cosa es la provisión. La financiación de la sanidad a nivel de todas las CCAA es pública a través de los impuestos que vamos pagando, que es como se financia.

En cuanto a la provisión, cada CCAA, según la legislación vigente, tiene la capacidad de buscar la mejor provisión, ya sea pública, mixta o privada, buscando siempre la máxima eficiencia de los recursos en beneficio del paciente. Estoy ya harto de oír siempre la misma dicotomía de pública-privada, de buenos-malos. Aquí no hay ni buenos ni malos. La sanidad es nada más que una: de todos y para todos, y mirando al paciente. Punto. Y eso es aquí y en todos lados. El paciente, de hecho, aunque haya externalización o haya consorcios, tiene que ir con la Visa en la boca para poder entrar. Ni el paciente pregunta si tú eres laboral o estatutario. El paciente lo que quiere es que sea atendido de la mejor forma posible, la más rápida y sin que le cueste nada.

Cristina Alcalá: Pasamos al bloque de promesas electorales a los sanitarios. ¿Qué medidas llevan sus partidos para mejorar la situación laboral tanto de médicos, enfermeros y otras profesiones sanitarias?

Carmen San José (Podemos): Hemos perdido derechos, y desde luego, además de la ciudadanía, los hemos perdido los profesionales. El deterioro que hemos tenido trabajadores sanitarios es muy grande. El colapso que esto ha hecho de todo el funcionamiento de los centros de salud y de los hospitales públicos es tremendo. Lo primero que llevamos en nuestro programa al respecto es recuperar las plantillas, esos más de 7.000 trabajadores, no sabemos si el primer año o el segundo, pero sí que recuperarlos. Pero, ¿en base a qué? Planificaremos según las necesidades de la población. Es decir, no caerán aquí o allá. La primera necesidad es que queremos que esos hospitales entren a funcionar a pleno rendimiento, luego necesitamos volverlos a dotar de las plantillas necesarias.

Cristina Alcalá, Jesús Aguirre, Carmen Pérez y Enrique Normand.

Carme Pérez (Ciudadanos):  Las retribuciones tienen que ser dignas, equipararlas con la Unión Europea, y no puede ser que nuestros profesionales sean los terceros por la cola en cuanto a retribuciones. Hay que sacar dinero del sistema, de la estructura que no añade valor añadido al sistema para destinarlo a nuestros profesionales, para incentivarlos y para evitar la huida al extranjero y hacia otros sectores.  El programa MIR ha sido fundamental para elevar el nivel técnico y profesional de nuestra sanidad y nos estamos encontrando que los residentes que llegan a nuestros centros sanitarios cada vez en mayor medida no provienen de nuestro país, donde la formación como mínimo no es la misma que la nuestra. Hay que favorecer la movilidad (entre CCAA), es una riqueza para los profesionales y para los centros sanitarios, ya que hoy en día esta movilidad es absolutamente imposible. Y hay que hacer una carrera profesional que sea incentivadora y equiparable en los distintos centros del país.

Enrique Normand (UPyD): UPyD está en contra de la exclusividad obligatoria para los profesionales sanitarios, lo digo porque el líder de Ciudadanos al menos en su libro lo planteó según informó Redacción Médica, y sí estamos a favor de aumentar la movilidad de los profesionales sanitarios, no solo dentro de los servicios autonómicos de salud, sino también en las CCAA. Se ha avanzado algo por parte del PP con el intento de homogenizar las categorías, lo que ocurre es que algunas de estas categorías en algunas CCAA existen y en otras no. Pero lo cierto es que algo se ha avanzado, pero de manera insuficiente. El Ministerio de Sanidad debería seguir en esta línea para tener más competencias.

Rubén Bejarano (IU): Queremos eliminar todos esos planes que han venido a ser una normativa para legalizar, por así decirlo, todos los recortes en materia sanitaria. Por ejemplo, cuando hablamos en la Comunidad de Madrid ese plan de recursos humanos lo que ha hecho es garantizar el recorte y que se presten con peor calidad asistencial la prestación sanitaria en muchos centros de salud y hospitales. Queremos un plan de recursos humanos en todas las CCAA para la recuperación de esos puestos de trabajo sanitarios perdidos desde hace muchísimo tiempo y que sea, además, un plan de necesidades con OPE periódicas. Y luego, en segundo lugar, introducir mejoras en la situación de los profesionales sanitarios: en la jornada laboral, en las bajas, en los permisos, reactivar la carrera profesional y, sobre todo, tomar medidas concretas contra la precariedad en muchos trabajadores de la sanidad pública.

José Martínez Olmos (PSOE): Este es un apartado en el que hay que extremar el rigor en las propuestas y los compromisos. Y desde esa perspectiva, hay que decir que como la situación económica sigue siendo todavía compleja es difícil prometer cosas que no se pueden cumplir. No deberíamos entrar en esa dinámica. Sin embargo, sí se puede decir cuál debe ser la tendencia: recuperar lo que se ha perdido, incluso de una manera priorizada. Pero si hay algo que debamos recuperar es un nuevo impulso a la Atención Primaria, y lo concretaría en cosas pequeñitas, que no serían pocas. Por ejemplo, hay que incorporar más trabajadores sociales en el ámbito de Primaria. Todos compartimos que los salarios de los profesionales son como no sé qué país de no sé dónde, eso está muy bien, pero el 50 por ciento del presupuesto sanitario que viene a suponer el capítulo uno no podemos decir que lo vamos a poner en la órbita alemana porque eso supone unos recursos muy importantes.

Jesús Aguirre (PP): En cuanto a las líneas estratégicas nuestras de trabajo, queremos extender los pactos con todas las profesiones sanitarias, tanto con médicos, Enfermería y Farmacia, a las CCAA y ahí, en esas mesas de trabajo, que se planifiquen implicando en la gestión a los propios profesionales  líneas de trabajo, programas y líneas de actuación igual que se han hecho a nivel del Gobierno central. En segundo, la planificación de los recursos humanos: buenos equipos asistenciales que pueden dar una magnífica calidad.

Y para nosotros es importantísimo, y en esto coincido con varios compañeros de la mesa, la cohesión interterritorial de las profesiones sanitarias. Es decir, que tengan las mismas baremaciones en las OPE, las mismas categorías, las mismas nóminas y complementos, mantener la equidad entre las diferentes CCAA, que haya facilidad para concursos de traslado entre las diferentes CCAA de los propios profesionales según las categorías. Todo esto para nosotros es importantísimo y, por supuesto, intentar superar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

Cristina Alcalá: El último bloque del debate se va a centrar en la política farmacéutica. De ahí que nos gustaría conocer su opinión sobre ligar el gasto farmacéutico al PIB y si esto afectará a la financiación de las CCAA.

Carmen San José (Podemos): El gasto farmacéutico ha estado en gran medida desmadrado, absolutamente sin control. Es verdad que en los últimos años se han hecho esfuerzos y ha disminuido su porcentaje, pero ha estado ocupando el 20 por ciento reiteradamente, bastantes años. Y eso disminuía los presupuestos en lo que iba a atención sanitaria de manera muy importante. Nosotros tenemos unas cuantas propuestas. En nuestro programa llevamos la creación de una comisión de farmacia y que estaría compuesta por las comisiones hospitalarias que ya existen y se trataría de una compra centralizada no solo de medicamentos, sino de todo el aparataje de productos sanitario, como prótesis, etcétera. Creemos que ahora mismo eso cada hospital accede a una compra y hay unas diferencias abismales y unas comisiones que se pagan que no puede pasar. Y esto redundaría en un verdadero ahorro y sobre todo en control de calidad tanto en medicamentos como en productos sanitarios.

La portavoz de Sanidad de Ciudadanos, Carme Pérez.

Carme Pérez (Ciudadanos): El gasto farmacéutico es una partida importante y no me atrevería a decir que es incorrecto. Es evidente que los fármacos que disponemos hoy en día tienen un coste elevado y esto ya existen estudios y controles de indicación y de evaluación. Están los medicamentos de uso compasivo y por suerte también tenemos buena parte de medicamentos oncológicos de coste elevado que se hacen a través de ensayos clínicos que también son fundamentales para seguir actualizando el sistema y creo que en cuanto a estas últimas medidas de intentar ligar el gasto farmacéutico con el PIB de cada una de las CCAA, el Gobierno lo único que puede tender es a centrifugar la responsabilidad hacia las CCAA. No podemos compartir esta actuación, la farmacia forma parte del núcleo fundamental del sistema sanitario y el Estado tiene que ser el garante de que los ciudadanos, allí donde estén y viva, puedan tener acceso a los medicamentos en las mismas condiciones.

Por supuesto, abogamos por la unidad de compra a nivel de Estado a través de concursos; estamos en contra de las subastas que se hacen en Andalucía.

Enrique Normand (UPyD): Estamos de acuerdo con la compra centralizada, nos parece que eso va en la línea adecuada por una cuestión de economías de escala y de intentar mejorar la utilización de recursos públicos, pero no compartimos las subastas andaluzas por dos razones. En primer lugar, porque rompen la unidad de mercado en España, y, en segundo, porque como se ha dicho ha habido problemas de suministro, que para una comunidad autónoma, depende de un único proveedor, por lo que es difícil que no se generen problemas de este tipo. Por último, sobre el tema del copago farmacéutico, lo que promovemos desde UPyD es que se tienen que aumentar los tramos de renta para que se discrimine más en función de la renta la cantidad que paga cada paciente por sus fármacos, y que todos los tramos deberían estar topados: debería haber un máximo mensual que a partir de ese gasto se asumiría por parte de la financiación pública.

Rubén Bejarano (IU): Estamos en contra de los repagos, porque no cumplen con el efecto disuasorio en la población y su impacto económico es mínimo. Y, además, lo que ha hecho es penalizar al enfermo, que ya de por sí tienen la desgracia de vivir una enfermedad la mayoría crónica y que, encima que viven una situación dramática en una sociedad sin recursos se les han impuesto una serie de repagos por parte de las Administraciones. En lugar de resolver problemas, les generan más problemas. En cuanto a la liberalización, IU está en contra de estos términos cuando hacen referencia a todo lo que son las pequeñas y medianas empresas o comercios, genera injusticia para muchos ellos y lo que tiene que hacer la Administración desde esa posición de garante es reorientar todo el sistema farmacéutico porque la prestación farmacéutico es importantísima.

José Martínez Olmos (PSOE): No estamos nada de acuerdo con eso, primero porque pensamos que el gasto farmacéutico tendrá que ser el que sea, el que decidan los médicos tomando sus decisiones, por encima o por debajo del PIB, depende de los precios que se hayan puesto a los medicamentos, etcétera. (...) En política farmacéutica en el ámbito de las CCAA se pueden hacer políticas de eficiencia y se pueden hacer políticas de calidad, básicamente trabajando con un uso adecuado, sobre todo centrándonos en los pacientes polimedicados, donde hay más riesgo de que la medicación pueda estar produciendo algún problema de salud, que es por lo que hay que trabajar con seguimiento farmacoterapéutico. Pero desde el punto de vista de gasto, la fórmula por la que nosotros optamos, entre otras, es principio activo y subasta. Muchas veces hablamos de leyendas: la comunidad autónoma con datos oficiales del Gobierno, desde 2011 hasta ahora, que menos desabastecimiento tiene es Andalucía.

Jesús Aguirre (PP): El Gobierno central lo que trata es de solucionar el problema a las comunidades autónomas, que son las que afrontan al fin y al cabo el gasto farmacéutico. Y ahí está la propuesta del Gobierno de ligarlo al PIB, así nos garantizamos una subida máxima y sobre todo que no haya un vaivén en el gasto en farmacia. Yo creo que se trata de una medida positiva, es un pacto entre la industria farmacéutica y el Gobierno que espero que perdure en el tiempo en beneficio de las CCAA, que son las que están pagando.

CONCLUSIONES


Cristina Alcalá: Llegamos a la parte final del debate, la de las conclusiones de cada uno de los representantes de las principales fuerzas políticas que concurren a las próximas elecciones autonómicas.

Carmen San José (Podemos): Me he referido a los copagos que introduce el RD 16/2012, no me voy a remontar a los años 60 ni 70. No hay hartura, y si la hay en la expresión de sanidad con gestión privada o pública, es porque hay problemas. Y Madrid es un ejemplo de la privatización de la mano de una red clientelar que ha acabado en algunos casos en los juzgados por corrupción. Y esa es la característica. Entonces, tenemos que seguir hablando, pero no confundo titularidad con modelo de gestión ni con provisión. Cuando hablamos de gestión pública, quiero decir que está sometida al derecho administrativo. ¿Por qué? Por el interés de los controles, no se huye del derecho. Segunda idea: se ha hablado de las nuevas tecnologías. Nosotros llevamos varios capítulos con las nuevas tecnologías porque lo que queremos es un control público. Se han despedido a informáticos y ahora está en manos todas esas historias clínicas digitalizadas con ciertos agujeros negros por no tener el control perfecto de esas historias.

Carme Pérez (Ciudadanos): Creemos que los recursos económicos que están en el sistema y en la grasa del sistema hay que convertirlos en el ‘negocio’, que es la aseistencia a los ciudadanos, y evidentemente en el capital intelectual. Podemos tener muchos fármacos, pero si no tenemos buenos profesionales no nos va a servir de nada. Evidentemente, mejorar la retribución y las condiciones laborales de los profesionales es otra gran apuesta y somos partidarios de la gestión pública, pero creemos que esto no está en detrimento de que haya que utilizar todos los recursos sanitarios que tiene el sistema y nuestro límite está en el ánimo de lucro, bajo controles administrativos estrictos, porque la privatización puede ser buena o mala, pero si es fraudulenta, es mala. Solo quería apuntar otras dos cosas que no han salido en el debate: somos partidarios de incluir la farmacia comunitaria sin liberalización por supuesto como un valor activo dentro del sistema, dándole más actuaciones y más papel del que tiene hoy en día el farmacéutico comunitario, y que lo que es prioritario también es la investigación en i+D y la tecnología, y aquí es importante una colaboración público-privada, evidentemente bajo control público y trasparente en beneficio de todos los ciudadanos.

Enrique Normand (UPyD): Proponemos un cambio real en la gestión del funcionamiento del SNS para garantizar la libertad y la igualdad de todos los españoles, tanto pacientes como profesionales sanitarios, y ese cambio se debe enfocar en tres ejes: reorientación del sistema hacia los intereses de los pacientes y no de otros tipos de intereses electoralistas; en la participación de los profesionales y la despolitización de la gestión, en la trasparencia, la evaluación y la rendición de cuentas. Y, por último, es fundamental que el sistema recupere los recursos que ha perdido en los últimos años.

Rubén Bejarano (IU): Ahora podemos hablar de una defensa de un sistema sanitario público y universal, teniendo este altísimo grado de privatización en nuestro sistema, que lo hace más ineficaz porque no cumple con el objetivo de ser público, ineficiente desde el punto de vista económico y que ha convertido al sistema en absolutamente insostenible. Esas políticas lo han convertido en insostenible. Y en otro lugar, el PP se va ir de todas las instituciones pulverizando una seña de identidad de nuestro SNS que era el concepto de universalidad; hoy no es un sistema sanitario universal y, por supuesto, IU si está en el gobierno de las CCAA y cuando se tenga la oportunidad de condicionar las políticas a nivel estatal, lo que va a hacer es trabajar para que nuestro SNS sea público y universal: que cualquier ciudadano que resida en nuestro país tenga derecho a la asistencia sanitaria pública.

José Martínez Olmos (PSOE): Aunque la situación es terriblemente compleja y sobre todo en las CCAA donde el PP lleva gobernando desde hace muchos años, está bien difícil el reflotar la situación, va a costar un enorme esfuerzo, quiero ser optimista. Porque hay un aliado fundamental aquí, que es la población, que cuadno expresa su opinión sobre la preocupación que tiene sobre la sanidad pública está expresando que quiere una buena sanidad pública. Y también hay un gran compromiso de los profesionales. Eso nos permite tener cierto optimismo. Pero  hay algunas prioridades que quedan pendientes a cuando se celebren las elecciones generales, que son la financiación suficiente, sobre todo medidas de cohesión porque hoy la sanidad española es más diferente entre CCAA que nunca, por decisiones del Gobierno. Por poner un ejemplo, cuando el Gobierno quita del fondo de cohesión la financiación de los centros de referencia nacional. Los pacientes de enfermedades raras lo están manifestando todos los días. Pero claramente, mientras que llega ese momento, hay medidas que compartimos muchos de los que estamos en la mesa pero el PSOE las va a aplicar si consigue el apoyo ciudadano. Nosotros donde hemos gobernado hemos demostrado unas veces con más acierto y otras, con algún error; pero hemos demostrado que somos partidarios de una sanidad pública, universal y gratuita, y ese es el objetivo fundamental.

Jesús Aguirre (PP): Nosotros seguimos trabajando por mantener la magnífica sanidad pública, universal, gratuita y de calidad que actualmente tenemos y buscando la cohesión y equidad entre todas las CCAA en todos los temas que hemos tratado en esta mesa. Nuestra lucha también está en implicar a los profesionales en lo que es la gestión sanitaria, despolitizar la sanidad, sobre todo a nivel de cargos intermedios en la meso y microgestión, y, por supuesto, lo que funciona bien, no tocarlo. Y entre ello, me refiero a precios de referencia, por ejemplo; a la optimización de los recursos públicos y privados, y al modelo español de farmacia.

Primera parte del debate completo.

Segunda mitad de la mesa.

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