Redacción. Madrid
La responsabilidad sociosanitaria de una empresa de servicio público contará en adelante como punto muy favorable para la adjudicación de concursos licitados por el Ayuntamiento de Madrid.
Así, se valorará, por ejemplo, el número y la estabilidad laboral de los trabajadores de la entidad concursante, entre otros criterios, y no solo el precio de la oferta como hasta ahora.
La modificación de la Instrucción 3/2012, que se aprobó el 23 de septiembre de 2015, ha dado pie a este nuevo escenario con la aprobación de un decreto por el que, a partir de ahora, el Consistorio madrileño será mucho más sensible al compromiso en responsabilidad corporativa, social y sociosanitaria de las empresas.
De acuerdo con fuentes del propio Ayuntamiento de la capital, “la igualdad, la accesibilidad y las condiciones laborales adquieren peso específico” en el baremo utilizado para las adjudicaciones, y con ello la contratación pública aspira a convertirse “en un referente social al tiempo que se garantizan mejores servicios y resultados”.
Estas mismas fuentes precisan que “con independencia de la cláusula de subrogación contractual, en aquellos contratos en los que la mano sea el componente fundamental (se trata sobre todo de contratos para la prestación y gestión de servicios), se puntuará el mantenimiento, estabilidad y mejora de las condiciones de trabajo del personal”.
En cuanto a la aplicación del decreto, “dependerá del objeto del contrato, aunque estamos hablando de aquellos que prestan servicios a la ciudad de Madrid o a sus habitantes”. Asimismo, la normativa advierte de que los responsables municipales de asignar la adjudicación formarán parte, además, de una Comisión de Seguimiento que velará por que se cumpla la nueva filosofía de promoción del objetivo social de las empresas.
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