El Defensor del Pueblo considera la subasta andaluza legal, pero discutible

El Defensor del Pueblo concluye que, aunque sea legal, la subasta de medicamentos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) deja a los pacientes de la comunidad autónoma en inferioridad de condiciones respecto al resto de España, según la respuesta que ha dado a una queja planteada por la Asociación de Farmacéuticos de Andalucía (Afaran), que reúne a alrededor del diez por ciento de las oficinas de farmacia de la región y es contraria a la medida porque considera que no genera el ahorro anunciado por el Gobierno andaluz y perjudica a los pacientes.

La organización que dirige Soledad Becerril afirma, en un documento al que ha tenido acceso la edición andaluza del diario El Mundo, que la subasta andaluza es un “menoscabo del principio de igualdad en el acceso a las prestaciones sanitarias y excluye de la financiación y dispensación, para toda Andalucía, medicamentos a los que puede tener acceso el resto de la población en el marco del Sistema Nacional de Salud”.

En la carta, firmada por Concepció Ferrer, adjunta segunda al Defensor del Pueblo, la institución cuestiona que la calidad de los medicamentos seleccionados por el SAS sea equiparable a otros a los que sí tienen acceso los pacientes del resto de comunidades autónomas. Cabe recordar que muchas de las empresas adjudicatarias son compañías farmacéuticas de Asia o de Europa del Este, en perjuicio de los laboratorios tradicionales, aunque la Consejería de Salud defiende que todos los fármacos han sido aprobados por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).