¿Economía va a desligar los precios sanitarios de los vaivenes del IPC?

La última subida del IPC (del tres por ciento) ha hecho que suenen las alarmas en el Gobierno de Mariano Rajoy. Provocada principalmente por el incremento del coste de la electricidad, se trata de una de los mayores ascensos de los últimos seis años, y ha tenido efectos al alza en los precios de licitaciones y servicios públicos, según indican fuentes del ejecutivo. 
 
Para evitar que estos incrementos (que tienen visos de continuar en los próximos meses) afecten al ámbito de las prestaciones de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad está ultimando un real decreto para que el IPC no tenga efecto sobre los servicios públicos. Según ha podido confirmar Redacción Médica con este departamento, lo hará apoyándose en la Ley de Desindexación de la economía española, que se aprobó en 2015.
 
Asímismo, estas fuentes ministeriales apuntan que la legislación se aprobará en el próximo Consejo de Ministros. Sin embargo, no han precisado si esta medida salvaguardará a las licitaciones y los conciertos con la sanidad privada, o los precios de medicamentos y productos sanitarios. “Debemos esperar a que se publique el real decreto”, precisan .
 
Ya el año pasado la sanidad fue objeto de polémica por una de las medidas ‘contables’ del Gobierno, el cierre fiscal que se decretó en agosto para que no aumentara el gasto de las Administraciones Públicas. Sin embargo, finalmente, esta medida no limitó el gasto ni en medicamentos ni en prestaciones sanitarias.