Las denuncias por presuntas negligencias médico-sanitarias suben un 6%

El ejercicio de la Medicina en España se enfrenta a un escenario cada vez más complejo desde el punto de vista legal. Así lo confirman los datos correspondientes a 2025, año en el que las reclamaciones por presuntas negligencias médico-sanitarias alcanzaron cifras récord, con cerca de 15.000 denuncias, lo que supone un incremento aproximado del 6 por ciento respecto a 2024. Esta evolución consolida una tendencia ascendente que refleja la "progresiva judicialización de la práctica clínica".

En este contexto, Uniteco, correduría líder en la protección de profesionales sanitarios en España, subraya la necesidad de reforzar la seguridad jurídica de los médicos y demás profesionales de la salud, cuyo trabajo se desarrolla bajo una presión asistencial creciente y una responsabilidad cada vez mayor.

Aumento sostenido de reclamaciones a médicos 

El incremento de las reclamaciones sanitarias no se limita únicamente al número de casos. En 2025 también se ha observado un aumento en la gravedad de las reclamaciones, con más procedimientos que terminan en la vía judicial y con cuantías económicas reclamadas cada vez más elevadas. En los supuestos más graves, especialmente aquellos con secuelas permanentes o fallecimiento del paciente, las indemnizaciones reclamadas pueden alcanzar importes muy significativos, lo que supone un riesgo patrimonial relevante para el profesional sanitario.

Este fenómeno se produce en un entorno en el que confluyen varios factores: una mayor concienciación de los pacientes sobre sus derechos, la complejidad creciente de los actos médicos, la saturación del sistema sanitario y una mayor exposición mediática de los casos relacionados con la praxis clínica.

El médico, en el centro del riesgo legal

Para Uniteco, esta realidad pone de relieve una cuestión clave: la necesidad de proteger adecuadamente a quienes sostienen el sistema sanitario. “Los médicos son un pilar esencial de la sanidad y desempeñan su labor en condiciones cada vez más exigentes. Sin embargo, el entorno legal en el que ejercen no siempre tiene en cuenta esa realidad”, explica Juan Pablo Núñez, CEO de Uniteco.

“La judicialización de la Medicina es un hecho. Las reclamaciones no solo aumentan año tras año, sino que son cada vez más complejas y con mayores cuantías en juego. En este escenario, el profesional sanitario necesita algo más que una cobertura básica: necesita asesoramiento experto y una protección diseñada específicamente para su actividad”, añade Núñez.

La presión emocional sobre el profesional sanitario

Más allá del impacto económico, las reclamaciones sanitarias tienen un efecto directo sobre el bienestar del médico. Afrontar una denuncia o un procedimiento judicial prolongado genera un importante desgaste emocional y puede afectar a la trayectoria profesional y a la reputación del sanitario, incluso cuando finalmente el caso se resuelve a su favor.

“Proteger al médico no es solo una cuestión financiera, es también una forma de cuidar su estabilidad personal y profesional. Cuando un sanitario se siente respaldado, puede centrarse en lo verdaderamente importante: ofrecer la mejor atención posible a sus pacientes”, señala el CEO de Uniteco.

Con décadas de experiencia en el sector, Uniteco se ha consolidado como la correduría de referencia para médicos y profesionales sanitarios, gracias a un modelo de protección que va más allá del seguro tradicional y que tiene en cuenta la realidad jurídica, profesional y humana del ejercicio médico.

“En Uniteco trabajamos con una visión integral de la protección del sanitario. Analizamos las tendencias, anticipamos los riesgos y acompañamos al profesional desde la prevención hasta la gestión de cualquier reclamación”, destaca Juan Pablo Núñez.

La evolución de las reclamaciones sanitarias en 2025 confirma que la protección del profesional sanitario es hoy una necesidad estructural del sistema de salud. Contar con una correduría especializada y con profundo conocimiento del sector, como Uniteco, se convierte en un elemento clave para garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de quienes cuidan de la sociedad.