Ana Barceló, consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana.
La
sanidad privada sigue buscando una
compensación económica no solo por su
aportación en la lucha contra el Covid-19, sino también por los
daños económicos causados por ciertas decisiones del Gobierno, como la imposiblidad de que se acogieran a
ERTE o la obligación de
suspender la actividad programada. Bien mediante la vía judicial, bien mediante la negociación, el sector trata de evitar la que sería la
quiebra de hasta 5.000 centros, según cálculos de la
Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE).
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Cataluña fue la primera comunidad autónoma que estableció un sistema para pagar a los centros sanitarios privados su colaboración contra el Covid-19. En
Murcia se ha formado un grupo de trabajo entre la Consejería de Sanidad y la patronal para avanzar en esta negociación. Pero hay una tercera comunidad que ya tiene diseñado su
sistema para pagar a la sanidad privada: la
Comunidad Valenciana.
Según ASPE, esta forma de pago ha sido elegida de forma "
unilateral" por la comunidad, pero desde la Consejería de Sanidad dan una versión diferente: "Esta conselleria h
a mantenido varias reuniones con los representantes de clínicas y
hospitales privados. Ha habido encuentros conjuntos y también bilaterales para ver
de qué forma se podía utilizar sus recursos, ya que cada uno de esos centros tiene unas particularidades, están en unos territorios y tienen unas especialidades, de manera que no podía aplicarse una media homogénea para todos ellos".
Radiografía del sector y pago por Ley de tasas
El primer paso que dio la Comunidad Valenciana fue
radiografiar la sanidad privada del territorio. "A cada uno de los centros se le pidió un informe detallado de
todos los recursos de los que disponían", explican.
Por lo tanto, "los criterios de derivación respondieron en su momento a los
criterios clínicos marcados por cada uno de los departamentos de salud en función de sus necesidades y de las características y recursos que ofrecían cada uno de los centros privados", continúan.
El precio por cada aportación "se ha determinado con arreglo a lo establecido en la
Ley de Tasas 20/2017 de 28 de diciembre de la Generalitat". Según esta norma, el precio de
una PCR es de 282 euros, mientras que la atención hospitalaria por una
infección de las vias respiratorias superiores podría alcanzar los
7.734,09 euros en su máxima gravedad.
Por el momento, la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana no conoce "a cuánto puede ascender la factura", pero asegura que "se
hará balance cuando finalice la pandemia".
Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.
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