Podemos regula el acceso a cannabis recreativo y cede el medicinal a García

Podemos vuelve a la carga en sus intenciones de regular el consumo de cannabis en España. El partido liderado por Ione Belarra, ahora integrado en el Grupo Mixto del Congreso de los Diputados, ha registrado en la Cámara Baja, una vez más, una proposición de ley en la que aboga por huir de la “estigmatización” del consumo de esta sustancia en el ámbito privado de cara a aumentar la seguridad y la libertad responsable de los consumidores. Destaca el hecho de que, aunque la formación defiende que “urge” regular el acceso al cannabis medicinal, considera que ello ha de hacerse “mediante una ley independiente y distinta” a normativa y “a través del sistema sanitario público, como sucede con cualquier otro medicamento”. Así lo defendió el partido ya en octubre de 2021, cuando su propuesta fue tumbada por PP, Vox y PSOE, a pesar de que todos los aliados de los socialistas en la Cámara Baja -menos el PNV, que se abstuvo- mostró su apoyo a la normativa.

La Proposición de Ley de Regulación Integral y Control del Cannabis en Personas Adultas defiende el hecho de que “buscar soluciones a los problemas generados a partir de la prohibición del cannabis es ser consecuentes con las políticas basadas en la eficacia y en el respeto a los derechos y las libertades individuales”. En este sentido, define como “insostenible” la situación de los consumidores, autocultivadores, clubs sociales de cannabis y empresas dedicadas a la producción y venta de cannabis no psicoactivo.

Al respecto, se señalan los peligros que entraña para un consumidor acceder al cannabis en el mercado negro. “Quien trafica nunca pide un carné de identidad para saber si se es menor, tampoco informa de los potenciales riesgos y daños asociados al uso de cannabis y, por supuesto, no se preocupa por conocer si lo que vende son sustancias en mal estado o adulteradas”, se sostiene.

Por otro lado, se asegura que el argumento de que la regulación de la sustancia provocaría “una disminución en la percepción del riesgo asociado al consumo” es “infundado”: “Actualmente, sin control de ningún tipo, las personas que acceden a esta sustancia carecen de la información necesaria sobre sus potenciales riesgos y daños, mientras que en un mercado regulado existirían filtros informativos previos al consumo”. Por ello, se considera incoherente la tenencia de cannabis para uso personal en la vía pública, “cuando el consumo en el ámbito privado no es sancionable”.

En esta línea, en la proposición de ley se alude al Informe 2020 elaborado por el Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, dependiente del Ministerio de Sanidad, que, entre otras cuestiones, reveló que el porcentaje de menores de edad de entre 14 y 18 años que ha consumido cannabis ha subido 12 puntos porcentuales -del 20,9 por ciento al actual 33 por ciento, “poniendo de manifiesto que la prohibición no limita en absoluto su acceso al cannabis”.

Regulación “imprescindible” del cannabis medicinal

Pese a excluirlo de su propuesta, Podemos considera “imprescindible” que se garantice el acceso libre regulado al cannabis para su uso medicinal, aunque deja la pelota en el tejado del Estado. Al respecto, sostiene que es “una contradicción flagrante” el hecho de que las leyes que, “teóricamente”, protegen la salud pública sean las que “ataquen el derecho a la calidad de vida de pacientes y familiares”.

“Es obligación del Estado proteger a estas personas, las cuales, además, sufren a menudo estigmatización por ser usuarias de cannabis”, que pone como ejemplo de países que ya garantizan el acceso libre al cannabis medicinal a Alemania, Dinamarca, Italia, Grecia y Portugal.

Cabe recordar ya existe un borrador de orden ministerial de Sanidad para regular el uso del cannabis con fines medicinales, según confirmaron recientemente fuentes del ministerio, después de que la titular del departamento, Mónica García, se reuniera con el equipo de dirección de la Agencia Estatal de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Un impuesto progresivo para el cannabis

Por otro lado, Podemos aboga por que los productos del cannabis se graven con un impuesto especial que sería gradual según el contenido total que contenga cada producto de una de las sustancias del cannabis consideradas beneficiosas para la salud, el tetrahidrocannabinol (THC). Además, no podría ir en contra de las compras que se hagan a empresas con licencias de acceso a productos de cannabis ni a las operaciones de venta entre dichas firmas.

Además, dos terceras partes del montante recaudado a través de este impuesto habrá de destinarse, de acuerdo a la propuesta, a partidas presupuestarias relativas a Educación, Sanidad y Agenda 2030.

Papel mínimo de Sanidad en la agencia reguladora del cannabis

En el texto también se propone la creación de una Agencia Española de Control de la Regulación Integral del Cannabis (Aecric) como “ente público independiente, con sede propia y adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030”, es decir, fuera de las competencias directas del departamento de Sanidad. Casualidad o no, la de Derechos Sociales es la única cartera ministerial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reservó a Podemos tras el reparto de responsabilidades postinvestidura.

En cualquier caso, el ministerio de Mónica García sí tendría participación, aunque mínima, en el seno del ente. La idea de Podemos es que la Junta Directiva esté formada por once personas, seis de las cuales serían representantes de sendos ministerios, entre ellos, Sanidad, a los que se unirían Derechos Sociales, Trabajo, Consumo, Hacienda y Agricultura.

Entre los objetivos propuestos para este organismo se halla el desarrollo de “las actuaciones necesarias para la correcta implementación” de la ley, “garantizando que la protección de los menores de edad predomine sobre el interés del comercio y los intereses económicos”. Además, contaría con tres órganos de administración -Dirección General, Junta Directiva y Consejo Consultivo- y con delegaciones territoriales con competencias a nivel autonómico.