El Ministerio de Sanidad pierde un 17,4% de presupuesto: 2.828 millones

El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este jueves los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que contemplan, según ha anunciado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, el “mayor gasto de la historia”. Sin embargo, la sanidad española sale perjudicada en este ambicioso reparto de presupuestos, bautizados como “Presupuestos de la recuperación justa”, para el que el Ejecutivo ha destinado un 17,3 por ciento menos para el Ministerio de Carolina Darias que en la partida anterior.

Según el documento difundido por el Ministerio de Haciendo y Función Pública, el Gobierno invertirá 2.828 millones de euros en en Ministerio de Sanidad, 1.494 nacionales y 1.335 procedentes de Europa. Esta cifra se ha reducido notablemente respecto al ejercicio anterior, cuando el presupuesto total ascendía hasta los 3.421 millones. Hace un año, esta inversión fue aportada fundamentalmente por Europa, que ‘inyectó’ 2.964 millones. Los 457 millones restantes procedían de las arcas nacionales. 

El mayor gasto social de la historia

Las citadas cuentas para 2022 destinan el 59,8 por ciento del Presupuesto nacional, es decir, sin fondos europeos, se destina a inversión social. Ello supone un total de 240.375 millones, "la mayor cifra de la historia", que alcanza los 248.391 millones al incorporarse los fondos europeos. Ello significa que seis de cada diez euros del Presupuesto nacional del Estado se destinarán a gasto social. El presupuesto para sanidad, sin incluir, las vacunas sube un 11 por ciento, hasta los 5.434 millones, tras haber aumentado más de un 75 por ciento el año anterior.

Subida salarial a los empleados públicos

Otro colectivo al que este Ejecutivo trata de “proteger” con estos presupuestos es al que constituyen los trabajadores del sector público. De esta manera, los gastos de personal que recoge el Presupuesto aumentan un 3,4 por ciento. Ello es fruto del incremento del 2 por ciento de la retribución de los más de 2,7 millones de empleados y empleadas públicas; del aumento de los puestos en la Función Pública (se ha aprobado una oferta de 30.445 plazas); y de la mejora de la tasa de reposición, que se fija en el 110 por ciento como norma general, en el 120 por ciento para los sectores prioritarios y en el 125 por ciento para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales.