Adiós a Radar Covid, un bluf que costó 33 euros por contagio detectado

La aplicación Radar Covid ha dejado este lunes de estar operativa. El Gobierno ha puesto punto final a un proyecto que ha costado 4,2 millones de euros para las arcas públicas, pero que se ha quedado por debajo de las grandes expectativas que generó durante la fase más dura de la pandemia de Covid-19. Dos años después de su lanzamiento, la herramienta se despide con un escaso porcentaje de detecciones y una reducida penetración entre la ciudadanía. La tecnología apenas ha sido capaz de localizar el 1 por ciento de los contagios entre los contactos estrechos que se han producido en el país en las sucesivas oleadas de casos positivos.

La cronología de los hechos arranca el 10 de octubre de 2020 cuando el Consejo de Ministros aprobó una resolución específica para facilitar la implantación de la aplicación móvil. El acuerdo entre el área de Asuntos Económicos y la de Sanidad perseguía allanar el camino para la puesta en marcha de la tecnología en todo el territorio nacional, delegando en las comunidades autónomas la gestión de los códigos que resultasen positivos. Mientras que ofrecía garantías para evitar problemas en la protección de datos personales.

El Gobierno difundió entonces Radar Covid como una forma de conseguir “medidas inmediatas y eficaces” para hacer frente a la emergencia sanitaria del coronavirus. Estaba avalada por una prueba piloto que se desarrolló en la isla de la Gomera, pero que después no se ha podido trasladar con la misma efectividad al conjunto del país. “Garantiza la viabilidad de la solución propuesta para el rastreo de contactos estrechos”, aseguraba por entonces el Gobierno.

Las estadísticas reflejan que la nueva herramienta ha facilitado la detección de 124.555 contagios por Covid-19 en dos años. Pero el volumen total de casos positivos en este mismo tiempo asciende por encima de los 13,4 millones. Es una parte entre 100. La cifra apenas se ha movido en los últimos seis meses como consecuencia de la caída en desuso de la aplicación entre la ciudadanía y del cambio en la evolución epidemiológica. Teniendo en cuenta el coste y su efectividad, se ha desembolsado 33 euros por cada caso detectado. 

8,6 millones de descargas en 2 años

Una de las principales claves de este bagaje es que apenas 8,6 millones de personas se han descargado en sus dispositivos móviles la app, lo que representa algo más del 18 por ciento de la población española. La tecnología mejora sus prestaciones cuanto mayor es su grupo de acción ya que mide el nivel de riesgo en función de las personas que te has cruzado a menos de 2 metros de distancia durante más de 15 minutos. Los resultados de la prueba piloto que se realizó en Canarias concluyeron que la aplicación podría reducir hasta en un tercio el impacto de la pandemia si se superaba una penetración del 20 por ciento de la ciudadanía.

Otro de los grandes hándicaps que ha arrastrado Radar Covid es que su tecnología solo funciona si el usuario del móvil tiene activado en todo momento el bluetooth de su dispositivo. Esta es la forma en la que se pueden cruzar los datos de los estrechos en tiempo real. Pero también supone un incremento en el consumo de batería del teléfono y requiere una mayor constancia por parte de las personas que han decidido participar.

Sanciones y críticas contra Radar Covid

Más allá de su impacto en términos epidemiológicos, la implantación de la aplicación ha estado rodeada de críticas por otros asuntos como su nivel de privacidad. La Agencia Española de Protección de Datos ya impuso al Gobierno una sanción de apercibimiento, tras constatar que la herramienta había violado hasta 8 normativas. El organismo advirtió que la información no estaba tratada de manera “lícita, real y transparente”. Y la única razón por la que no se aplicó una multa es porque las administraciones públicas están exentas en estos casos.

A las dudas sobre su modelo de protección de datos se sumaron también las críticas por parte de la oposición, según se fueron haciendo públicos los datos sobre el volumen de descargas entre la población. Los grupos políticos lamentaron la falta de transparencia del Gobierno que no desveló hasta febrero el coste del programa. La mitad (2,1 millones) sirvieron para un plan de medios que no logró alcanzar por completo a la ciudadanía.

Formaciones como Ciudadanos tacharon entonces como “nefasta” la iniciativa y lamentaron que no se permita a los ciudadanos escanear una prueba diagnóstica positiva para ser citado en el centro de salud para confirmar su resultado con una PCR.  “Su utilidad ha sido 0 y no me dicen quién/nes se lo han llevado calentito”, expuso el diputado Pablo Cambronero.