La unión de criterio técnico y económico en los IPT "consagra una anomalía"

Para los médicos, el plan de consolidación de los informes de posicionamiento terapéutico (IPT), donde se incluye el examen económico además del terapéutico, “se aleja de las propuestas europeas para la evaluación del valor clínico de los medicamentos y, desgraciadamente, consagra una anomalía”.

Así lo explica a Redacción Médica Cristina Avendaño, vocal y responsable del Grupo de Vacunación Covid-19 de la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), tras publicarse el primer IPT con examen económico: el de talazoparib indicado en pacientes con cáncer de mama.

Avendaño, médico especialista en Farmacología Clínica, teme que “en lugar de aprovechar el impulso del Plan de Reconstrucción para crear un sistema que cumpla con los principios de buena gobernanza en la Administración Pública”, desde el Gobierno se esté proponiendo un modelo que se aleja, no solo de las directrices europeas en evaluación de medicamentos, sino que también instaure una “anomalía”. Se refiere, en este caso, a la publicación de un solo informe de evaluación del medicamento donde se integre, desde su inicio “y sin garantías de independencia” las evaluaciones clínicas, económicas y de impacto presupuestario.

Evaluaciones "independientes, con rigor y transparencia"

En este sentido, la vocal de Facme ve lógico que en la evaluación de un medicamento también se incluya, además del valor terapéutico añadido, el aspecto económico. Sin embargo, su posicionamiento difiere del de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, tal y como indica a este periódico. Los médicos creen que tanto la evaluación del valor terapéutico añadido como la evaluación económica deben ser objeto de informes diferenciados y públicos, yendo este último criterio “al final del proceso”.

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Para los médicos, la decisión de financiar un medicamento en el SNS debe incluir una justificación y un sistema de rendición de cuentas

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En concreto, la federación considera, por una parte, “que el mejor conocimiento técnico sobre ese valor terapéutico añadido lo proporcionan los médicos expertos en esa patología y los pacientes”. Y, por otra, que la decisión de financiación del medicamento en el SNS debe realizarse al final y por parte de las Administraciones responsables, con su propia justificación y sistema de rendición de cuentas.

Por todo ello, opinan que la nueva propuesta integrada tiene “una debilidad importante” al situar al frente del proceso -incluidas las evaluaciones de valor clínico- a los responsables de la gestión del presupuesto de medicamentos y “con una falta notable de participación de los médicos expertos en la enfermedad y los pacientes que la sufren”.

Y como solución, proponen la necesidad de incluir en las evaluaciones clínicas de medicamentos “independencia, rigor y transparencia”, así como el “papel crucial de los médicos expertos en cada materia”.

IPT vinculantes 

Por otra parte, una de las cuestiones que más polémica suscitan los IPT es la necesidad de que sean vinculantes en todas las comunidades autónomas.

En este sentido, desde Facme consideran que tanto las evaluaciones clínicas como económicas deben ser únicas para todo el SNS. “La discusión posterior surge de la confusión sobre cuál es el margen de maniobra en cuanto a las posibles recomendaciones locales del posicionamiento de los medicamentos una vez financiados”.

Sobre ello, la federación cree que esta confusión deriva de “la falta de transparencia e informes públicos justificativos sobre la decisión de financiación y de que el IPT –en teoría elaborado para informar sobre la futura toma de decisión de financiación y precio- acabe siendo el único informe público”.

Por todo ello, Avendaño opina que la discusión sobre si el IPT debe o no ser vinculante es un debate “estéril”, mientras que urge aclarar cuál es el marco que rige en el SNS para que las Administraciones Públicas (bien sean autonómicas o desde los propios hospitales) puedan gestionar el posicionamiento de los medicamentos con garantías, sin menoscabar el derecho de acceso a los fármacos financiados.