IPTs 'de circunstancias' y nuevo Revalmed jurídicamente viable en ciernes

El Ministerio de Sanidad ha dado un paso adelante tras la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que tumbó el Plan para la consolidación de los Informes de Posicionamiento Terapéutico (IPT) de los medicamentos del Sistema Nacional de Salud. A la espera de conocer si pondrá recurso o no, ha aceptado las directrices de la sentencia, al mismo tiempo que está trabajando para poner en marcha el procedimiento con plenas garantías jurídicas.

Según ha podido saber Redacción Médica, el Ministerio de Sanidad ha seguido publicando IPTs, concretamente, en las últimas semanas ha subido una veintena. Si bien, ninguno de ellos contenía la parte de evaluación económica, sino solo la parte clínica del medicamento, con lo que está haciéndose cargo de la directriz de la Audiencia Nacional.

Y es que el pasado 22 de julio, este tribunal dio la razón a Farmaindustria y declaró nulo el citado plan, que fue aprobado en 2020 por la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) para decidir qué medicamentos debe financiar el Estado y fijar sus precios. Su anulación afecta directamente a la Red de Evaluación de Medicamentos (Revalmed), encargada de los IPT.

En la sentencia, la Audiencia destaca la "escasa transparencia" en el proceso de elaboración y aprobación del reglamento y, además, considera a la Comisión Permanente de Farmacia, que depende del Ministerio de Sanidad, un órgano “manifiestamente incompetente” para dar luz verde al plan. 

Tras la misma, que aún no es firme, Sanidad por el momento sigue sus directrices, pero al mismo tiempo está analizando el marco legal necesario para establecer un procedimiento con garantías jurídicas.

Plazo máximo de Sanidad para presentar recurso

Sanidad aún tiene cerca de un mes para presentar un recurso de casación a la sentencia que puso freno al plan de los IPT ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección octava, de la AN. La fecha límite es el próximo 4 de octubre, esto es, 30 días después de la notificación de la sentencia al Ministerio de José Miñones, que tuvo lugar a finales de julio, pero sin tener en cuenta los días que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera inhábiles a nivel procesal, a saber, los sábados, los domingos y todo el mes de agosto, durante el que queda paralizada la actividad judicial a excepción de diligencias consideradas urgentes. De ahí que el plazo se extienda hasta ya entrado el otoño.

Consultadas por Redacción Médica, fuentes de Sanidad aún no aclaran si, finalmente, se acabará recurriendo la decisión de la AN, y las manifestaciones públicas que ha habido al respecto tampoco arrojan mucha luz sobre ello. A finales de la semana pasada, el director general de Farmacia, César Hernández, y la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), María Jesús Lamas, participaron en el encuentro anual de la industria farmacéutica organizado por Farmaindustria en Santander y, según fuentes de la patronal, se limitaron a afirmar que "siguen estudiando" el asunto.