Aprobado el plan de choque contra la eventualidad del profesorado médico

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la Ley de Universidades, punta de lanza de Joan Subirats para combatir el exceso de eventualidad entre el profesorado, incluido el de las facultades de Medicina y Enfermería. Bajo este fin, el ministro de Universidades ha plasmado en la iniciativa mecanismos para reducir del 40 al 8 por ciento el límite de contratos temporales en los centros públicos y otras vías para limar la “precariedad” del sector. 

Según los cálculos de Moncloa, este ‘tope’ de temporalidad del 8 por ciento que establece el anteproyecto de la Ley de Universidades beneficiará a cerca de 25.000 docentes. “Esta estabilización conlleva la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, garantizando derechos por antigüedad, derechos a complementos salariales y otros”, ha destacado el Ejecutivo.

El plan, que ahora deberá pasar el trámite parlamentario, incorpora asimismo una serie de medidas para que el profesorado temporal pueda acceder y promocionar en la carrera académica “mediante el reconocimiento de su experiencia docente en algunos concursos a Ayudante de Doctor o el fomento de contratos predoctorales para quienes quieran incorporarse a la carrera académica”.

Por otro lado, se recupera el valor original de la figura de profesor asociado, “que aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas”.

Puntos por experiencia previa de los docentes

Tal y como informó este periódico, la futura ley establece además que profesores y ayudantes universitarios “deberán realizar, en el primer año de contrato, un curso de formación docente inicial” cuyas características “serán establecidas por las universidades, de acuerdo con sus unidades responsables de la formación e innovación docente del profesorado”.

Serán las propias universidades las que perfilen estos concursos, en los que se “contemplará” la “experiencia docente e investigadora” de los candidatos.

Financiación de la Ley de Universidades

La Ley Orgánica del Sistema Universitario plantea el compromiso de un “gasto mínimo del 1 por ciento del PIB”. “Esto supone un avance en relación a los datos actuales de gasto que rondan el 0,7 por ciento de media del PIB después de una década en que las universidades se han visto afectadas por los recortes y políticas de austeridad producidas por la anterior crisis económica de 2008”, alega el Gobierno.