El Gobierno limita las convocatorias a interinos para plaza fija sin examen

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la ley de medidas urgentes para reducir a temporalidad en las administraciones públicas. En esta normativa se establece que para acceder a una plaza fija siempre habrá que pasar un proceso selectivo con examen, si bien, en casos excepcionales se realizará un concurso de méritos. Estos casos serán muy excepcionales (para los interinos que lleven en su plaza cinco años) y solo podrán realizarse una vez. 

Este cambio afecta directamente a los profesionales que trabajan en la sanidad pública. Cabe destacar que estos procesos excepcionales se quedan en manos de los servicios autonómicos sanitarios que serán quienes los negociarán. "Afectando a todas las plazas de carácter estructural ocupadas de forma temporal e ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016 a consecuencia de las tasas de reposición cero de los ejercicios 2012 al 2015, que provocaron la imposibilidad de incorporar, a las correspondientes ofertas de empleo público, las plazas que en esos momentos se estaban ocupando en régimen de interinidad", indica la publicación oficial.

Asimismo, la normativa endurece la duración máxima del nombramiento del personal interino, como medida preventiva para evitar un uso abusivo de esta figura para ejercer funciones de carácter permanente o estructural, de forma que establece que se podrá ser interino durante un máximo de tres años.

Compensación económica contra la temporalidad

Y, si se incumple este plazo máximo, habrá una compensación económica para el personal temporal, "que será equivalente a veinte días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de doce mensualidades".

El objetivo de la reforma es situar la tasa de temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las administraciones públicas españolas, actuando la reforma en tres dimensiones: adopción de medidas inmediatas para remediar la elevada temporalidad existente, articulación de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad a futuro y, por último, potenciación de la adopción de herramientas y una cultura de la planificación para una mejor gestión de los recursos humanos.