La falta de material sanitario Covid solo es "imputable" a las contratistas

El Consejo de Estado ha publicado una resolución en la cual dictamina que las empresas contratistas de suministros sanitarios eran las responsables de la falta de material sanitario que se vivió a comienzos de la pandemia de coronavirus Covid-19, ya que éstas debían conocer las "dificultades" existentes en el mercado para el abastecimiento de estos productos. 

"No haberlo previsto implica una falta de previsión y de precaución únicamente imputable a la contratista. Por todo ello, sin la concurrencia específica y concreta de la exigencia legal de la fuerza mayor, no cabe desvirtuar el funcionamiento del principio de riesgo y ventura que rige la contratación administrativa", manifiesta la resolución, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Este dictamen viene a raíz de que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), uno de los organismos autorizados por el Ministerio de Sanidad para comprar material sanitario al comienzo de la pandemia, hiciese un contrato fallido con la empresa Member of the Tribe para el suministro de 52.000.000 de guantes de nitrilo. Pero no se cumplieron los plazos.

"Resulta evidente, por consiguiente, que el plazo pactado por el Ingesa con la contratista ha sido incumplido de manera flagrante, sin que se haya recibido por la entidad contratante ni un solo par de guantes de los 52.000.000 contratados", señala el Consejo.

Surgiere una auditoría

El Consejo de Estado recuerda que, incluso en los supuestos en los que se acude a la contratación de emergencia, la Administración contratante "no queda relevada de la obligación de verificar el cumplimiento por los contratistas de los requisitos básicos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para garantizar su capacidad y solvencia, así como para valorar la relación de su actividad con el objeto del contrato que se pretende celebrar".

Además, sugiere al Ministerio de Sanidad que valore "la posibilidad de articular los mecanismos de comprobación interna oportunos" para analizar los procedimientos de contratación y que, llegado el caso, traslade el expediente a la Fiscalía "por si pudiera corresponder el ejercicio de acciones contra la contratista".