Sentencia: encadenar 20 años de interinidad no da derecho a ser funcionario

Encadenar contratos de interinidad durante 20 años, pese a ser un “abuso” por parte de las administraciones, no da derecho a adquirir la condición de funcionario, según ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Una decisión que se hace extensible al conjunto de estos nombramientos, incluidos los referidos al ámbito de la salud.

Así se refleja en una sentencia a la que tuvo acceso Diario de Sevilla y que se refiere a la denuncia de una profesora de Educación Física de Ceuta que concatenó hasta 37 contratos interinos. La demandante solicitó ser reconocida como funcionaria fija del Ministerio de Educación apelando a la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea, que estableció que no son admisibles los nombramientos de duración determinada para cubrir plazas permanentes.

No obstante, el TSJA ha resuelto que estos nombramientos encadenados, que en sí mismos justifican “el abuso denunciado”, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no recoge convertir a estos trabajadores en indefinidos no fijos, “sino más bien la subsistencia y continuación de tal relación de empleo con los derechos profesionales y económicos inherentes a ella”. 

Pruebas para "garantizar la igualdad"

En este sentido, la Justicia establece que para ser funcionario se deben superar unas pruebas o procesos selectivos en los que se “garantice la igualdad de condiciones y el respeto a los principios de mérito, publicidad y capacidad”, de forma que “no cabe un nombramiento directo y particularizado”. “Y menos procedentes son las pretensiones de que se despoje a la Administración de su potestad de convocar la plaza ocupada”, añade el TSJA.

Este mismo jueves, el ministro de Función Pública, Miquel Iceta, ha asumido el problema de la interinidad en la administración, cuya tasa alcanza el 8 por ciento. En las comunidades autónomas, el índice es del 30 por ciento. El mandatario socialista se ha comprometido a abordar el asunto “antes de verano” con sindicatos con el objetivo de que, en un plazo máximo de tres años, las autonomías cubran de forma obligatoria las plazas ocupadas por sanitarios sin contrato fijo.