El Gobierno amplia el número de actores del sector e impulsará iniciativas de este tipo en el ámbito de la salud

La nueva normativa de economía social tiene tintes sanitarios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


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España avanza hacia un nuevo paradigma en el abordaje de la economía social. Así, el Ejecutivo ha diseñado un marco regulatorio que fomente las actividades realizadas por aquellas entidades que persiguen el interés colectivo, como las que integran el sector sociosanitario. Normativa que busca avanzar hacia una mayor cohesión social y un progreso más sostenible, además de facilitar el impulso de iniciativas cooperativas en sectores económicos de especial trascendencia para el sostenimiento de la vida, como la salud o la elaboración de productos farmacéuticos.

La Ley 1/2026 es la herramienta desarrollada para la consecución del mencionado objetivo. Se trata de una norma que actualiza la estructura legislativa actual a través de la modificación de los distintos instrumentos legales que intervienen en el ámbito de la economía social de España.

En primer lugar, el texto aprobado propone adecuar la Ley 27/1999, por la que se regula la actividad de las cooperativas, principales actores socioeconómicos reconocidos. En concreto, se plantea la modificación de su definición, el refuerzo de los derechos de sus socios, la revisión de su forma de constitución y dirección y la reforma de las causas de descalificación de este tipo de organizaciones.


El nuevo texto legal incide en la actualización de tres normas clave del espectro de la economía social



También se altera la Ley 44/2007, centrada en las empresas de inserción, dedicadas a facilitar el acceso al mercado laboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social. De esta forma, se reordena la actuación e intervención de estos actores, además de fomentar su competitividad en las licitaciones públicas y la contratación indefinida de las plantillas que conforman este grupo de entidades.

La Ley 5/2011, de economía social, es la tercera afectada por la norma recién aprobada. Su intervención introduce los centros especiales de empleo de iniciativa social en el sector, por lo que se amplía el ámbito de aplicación de la normativa. Asimismo, se reformula el Catálogo de Entidades de Economía Social, que se consolida como herramienta estatal de carácter estadístico, y se adapta la actividad de las diferentes entidades integradas en el ámbito socioeconómico.

¿Cómo afecta al ámbito sanitario?



La nueva ley permitirá que el Gobierno impulse iniciativas cooperativas en los ámbitos más relevantes para el sostenimiento de la sociedad, como el energético. La normativa también cita las actividades centradas en la producción y distribución de servicios, entre los que se incluyen, el proceso asistencial o el desarrollo de fármacos.

A su vez, la adecuación del marco regulatorio reforzará la labor que realizan las decenas de cooperativas existentes en el país. Hay que destacar que una parte de estas organizaciones se centran en el trabajo sociosanitario, lo que se traduce en actuaciones asistenciales. Frecuentemente, el objeto de su intervención son los sectores más desfavorecidos de la sociedad, franjas de edad desatendidas o usuarios que padecen dificultades para acceder a los centros del Sistema Nacional de Salud (SNS).
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