Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Multa de más de 60.000 euros por permitir la venta de medicamentos veterinarios sujetos a receta de forma irregular
Los fármacos se ofrecían al público sin la autorización preceptiva, reza la sentencia del TSJCV
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha ratificado las dos multas impuestas a una farmacéutica ya jubilada por permitir la venta de medicamentos veterinarios sujetos a receta de forma irregular. La cuantía final asciende hasta los 60.200 euros.
El caso se remonta al año 2022 a raíz de una investigación del Seprona y de la Guardia Civil a cuatro empresas de las que la procesada figura como farmacéutica responsable. Según recoge la sentencia, en dichas instalaciones detectaron que “la actividad de control llevada a cabo por la recurrente era insuficiente para garantizar que se cumplen las funciones exigibles por la normativa".
En las recetas a las que tuvieron acceso, los investigadores detectaron que "no iban ni fechadas ni firmadas, y no existía ninguna constancia de que se hubieran revisado". Asimismo, comprobaron que los locales suministraban “medicamentos que requerían prescripción y control veterinario como si fueran productos comunes”.
"En todas ellas, los propietarios han indicado que adquirían telefónicamente a Nuyvet Levante SL medicamentos sujetos a prescripción veterinaria sin disponer de receta preceptiva, y que la mencionada empresa se los enviaba por paquetería -reza la sentencia-. Estos medicamentos se ponían a la venta al público en estos establecimientos que en ningún caso disponían de autorización preceptiva para realizar esa actividad. En algunos casos los propietarios de los establecimientos indicaron que los medicamentos eran para sus propios animales”.
Alegación de la acusada
Durante el juicio, la implicada argumentó que la pandemia del Covid-19 le impidió realizar sus visitas de control con normalidad, algo que para el tribunal no quedó demostrado. Por el contrario, la sentencia subraya que "en ningún caso se considera que la situación derivada de la pandemia sea una justificación para el bajo número de visitas". Recuerda, en este sentido, que en años anteriores a la crisis sanitaria, como 2018 y 2019, apenas registró un par de visitas o ninguna.
La defensa también intentó tumbar las multas por cuestiones técnicas, alegando que los expedientes habían caducado o que las infracciones habían prescrito por ser antiguas. Los magistrados rechazaron estos argumentos, explicando que la falta de control fue una "infracción continuada”.
"La actividad probatoria de la Administrativa sustentada en las actas y visitas giradas no ha quedado enervada por las pruebas testificales [...] De este modo se destruye la presunción de inocencia".
Respecto a la cuantía de la multa, que suma más de 60.000 euros, el tribunal recuerda que se le ha aplicado el castigo más bajo posible, ya que la ley marca sanciones "desde 30.001 a 60.000 euros" para este tipo de infracciones graves en su grado mínimo.
Además de pagar la multa, la recurrente tendrá que hacerse cargo de las costas del juicio, limitadas a 2.000 euros. La sentencia aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.