Mesa de debate Geopolítica y Contratación del Sistema Nacional de Salud: Indexación. Hacia un modelo de compra que sea sostenible

Mesa de debate Geopolítica y Contratación del Sistema Nacional de Salud: Indexación. Hacia un modelo de compra que sea sostenible / Imagen de Joana Huertas

Derecho Sanitario

La Ley de Desindexación pone en jaque los contratos de tecnología sanitaria: "Vivimos en un mundo menos previsible"

Los expertos señalan que los contratos muchas veces muestran una "foto fija" e indican que la indexación no implica necesariamente subir precios

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La Ley de Desindexación ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza para las empresas de tecnología sanitaria. La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha advertido en muchas ocasiones que la falta de indexación -es decir, la actualización periódica y predeterminada del precio de un contrato para reflejar la variación real de sus costes- pone en riesgo muchos contratos y amenaza a la sostenibilidad de muchas compañías.

"Vivimos en un mundo menos previsible y también menos seguro", ha advertido el director del Departamento de Legal y Compliance de Fenin, David Castillo, quien ha advertido que desde 2020 el mundo ha vivido una pandemia, variaciones en las cadenas nacionales e internacionales de suministro y en los costes de la energía y en aranceles.

David Castillo, director del Departamento Legal y Compliance.

David Castillo, director del Departamento Legal y Compliance. / Imagen de Joana Huertas

Castillo, quien ha ejercido como moderador en la mesa 'Geopolítica y contratación del Sistema Nacional de Salud: indexación. Hacia un modelo de compra sostenible' del XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario organizado por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), ha explicado que en el ámbito de la contratación lo habitual desde hace años son contratos y acuerdos marco que son una "fotografía fija" del momento en que salen a licitación.

"Estos tienen una duración de tres o cuatro años, con prórrogas no estandarizadas que se producen en muchas ocasiones. En la vida real, los contratos llegan a durar casi diez años. La fotografía de hace diez años dista mucho de la de hoy", ha explicado, a la vez que ha hecho una defensa de la indexación como herramienta, sin que esta implique un mecanismo de incremento automático de precios. "Bien entendida, funciona en las dos direcciones", ha señalado.

Asimismo, ha destacado que otra cuestión que hay que tener en cuenta en la ejecución del contrato, durante toda su vida, son los costes totales: los resultados en salud, las complicaciones evitadas, las recidivas, la utilización de los recursos profesionales del sistema público de salud, el mantenimiento, la formación o la continuidad del suministro

Contratos con incentivos y riesgos adecuados

El profesor de la Universitat Pompeu Fabra, Jaume Puig-Junoy, ha señalado que la contratación pública de tecnología sanitaria tiene dos aspectos distintos. "Se trata de elegir tecnologías que aporten valor al paciente y de diseñar contratos con incentivos y riesgos adecuados", ha explicado. El profesor ha explicado que el precio fijo facilita la planificación presupuestaria y puede dar incentivos a reducir costes, pero una perturbación extraordinaria y ajena al control del proveedor "puede comprometer la ejecución". "La pregunta económica es qué riesgos conviene transferir y cuáles debe prever la licitación mediante reglas claras, conocidas y transparentes. Antes de adjudicar, cuando las empresas deben soportar riesgos difíciles de anticipar, pueden incorporarlos al precio inicial o renunciar a participar", ha señalado.

Jaume Puig-Junoy, Distinguished Professor en la UPF-Barcelona School of Management y socio de AES, ha participado de manera virtual en la mesa.

Jaume Puig-Junoy, Distinguished Professor en la UPF-Barcelona School of Management y socio de AES, ha participado de manera virtual en la mesa. / Imagen de Joana Huertas

Asimismo, ha mencionado tres normas para que los contratos sean más eficientes y sostenibles: Distinguir el valor sanitario de una tecnología del coste de contratar unas prestaciones determinadas, asignar riesgos teniendo en cuenta los incentivos y no trasladarlos íntegramente y revisar riesgos en ciertos contratos, pero con reglas "verificables, simétricas y proporcionadas". "Ni la no indexación ni utilizar por norma el precio más bajo es la mejor forma de obtener valor de los recursos", ha sentenciado.

El derecho debería establecer un marco para buscar soluciones

"El problema surge cuando la realidad económica no encuentra una adecuada solución jurídica", ha explicado el Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, José María Gimeno, quien ha señalado que Europa tiene directivas y que en teoría las reglas son iguales en los 27 países; pero el resultado interpretativo es "muy diferente, sorprendente y a veces incoherente".

José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de contratación pública.

José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de contratación pública. / Imagen de Joana Huertas

Gimeno ha explicado que el concepto de partida es que el contrato público sería inmutable: el precio es fijo y no se puede cambiar. "Eso no es verdad. El contrato público es una prestación sinalagmática, una estructura de prestación y contraprestación, y la retribución no tiene por qué ser estática. Puede serlo en contratos de consumo instantáneo, pero en contratos de larga duración y tracto sucesivo la retribución es dinámica, y así lo prevén los artículos 101, 102 y 103 de la Ley de Contratos del Sector Público", ha detallado, a la vez que ha indicado que la ley permite establecer elementos que ajusten al alza o a la baja la retribución concreta en función de las circunstancias del mercado.

El catedrático, quien ha aludido a los principios de equivalencia y de rentabilidad razonable ha indicado que existe una interpretación conforme a la jurisprudencia, que la gente no suele estudiar. "Leemos la ley, pensamos que es la única fuente del derecho y la interpretamos a palo seco, con nuestro sesgo, en vez de ir a quien ha hecho la interpretación conforme y al contexto", ha señalado, a la vez que ha advertido que si se sigue aplicando mal la lógica de retribución de los contratos, concesionales o no, de suministros o de servicios, en Salud o en Defensa, España "desmontará su sistema productivo".

Perspectiva de la administración

Como director de Gestión y Servicios Generales del Servicio Aragonés de Salud, Juan Galve ha detallado el caso de un modelo de contratación que le ha permitido adquirir tecnología asociada al consumo de fungibles mediante contratos de suministro a largo plazo. Galve, quien ha explicado que los hospitales adjudican a precio constante durante cinco años por una cuestión de economía procesal, mientras que los licitadores incorporan al precio del primer año sus expectativas de costes y un margen de error.

Juan Galve Natalías, director de Gestión y Servicios Generales del Servicio Aragones de Salud.

Juan Galve Natalías, director de Gestión y Servicios Generales del Servicio Aragones de Salud. / Imagen de Joana Huertas

"En un contexto de estabilidad de precios, eso supone pagar por encima del mercado desde el principio; en uno de inestabilidad, los costes pueden superar el precio de adjudicación y hacer inviable el contrato", ha detallado Galve, quien ha indicado que muchos hospitales carecen de capacidad de maniobra para invertir en equipamiento y solo pueden pedir crédito a la administración regional en casos excepcionales.

Por ello, ha elaborado una propuesta que consiste en indexar el precio a la estructura de costes del sector, garantizando el margen operativo de la empresa e incorpora el coste del equipamiento, repartido según el consumo anual. De tal forma y con el mismo presupuesto, los hospitales son capaces de adquirir las prótesis y la tecnología, con contratos de siete a diez años, equivalentes a la vida útil del equipo.

Por último, el Jefe de Compras y Logística. Consorci de Salut i d’Atencio Social de Catalunya, Ferrán Cinca, ha explicado que, tras la pandemia, la volatilidad de las materias primas hizo que los proveedores pidieran modificar los precios y que las licitaciones a cuatro años quedaran desiertas, a lo que la Dirección General de Contratación Pública de la Generalitat respondió que la ley no lo permitía y que solo cabía licitar a plazos más cortos.

Ferran Cinca Ogando, jefe de Compras y Logística del Consorci de Salut i d’Atencio Social de Catalunya.

Ferran Cinca Ogando, jefe de Compras y Logística del Consorci de Salut i d’Atencio Social de Catalunya. / Imagen de Joana Huertas

Cinca ha explicado que, insatisfechos con esa solución, y apoyándose en una resolución del Tribunal Catalán de Contratación Pública según la cual un precio cierto no tiene por qué ser fijo, lanzaron un primer expediente con indexación, anticipándose a la reforma del artículo 103 de la ley, que exige que pase un año antes de revisar precios.

El experto ha señalado que con este método descubrieron que revisar cada tres meses no funcionaba bien cuando los precios bajaban, porque el ajuste a la baja es lento. Tras esto, ha indicado que en el siguiente contrato (material desechable de celulosa y vasos de plástico) revisaron cada seis meses y ponderaron el coste según tres factores: materia prima, gas y transporte. Como resultado, los precios bajaron cerca de un 10 por ciento. "Este es un caso práctico para ejemplificar que no nos tiene que dar miedo la indexación", ha concluido.