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IMG_4717.JPG / Imagen de Joana Huertas

Derecho Sanitario

El ordenamiento jurídico, aún insuficiente frente a crisis sanitarias: "La pandemia se salvó por la buena voluntad de los jueces"

Federico de Montalvo ha apuntado cómo la judicatura mantiene una carencia de seguridad jurídica para tomar decisiones sobre la limitación de derechos por razones de salud pública en el arranque del XXXII Congreso de Derecho Sanitario

Y además: La Inteligencia Artificial marca el XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario de la AEDS

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La pandemia de Covid-19 y la crisis migratoria de este verano en Ceuta han sido algunos de los más recientes y relevantes ejemplos de desafíos para la salud pública que requieren de una respuesta adecuada y coordinada, no solo por parte de los profesionales sanitarios y la Administración, sino también de la judicatura. Seis años después de la traumática experiencia del coronavirus, para Federico De Montalvo, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), el ordenamiento jurídico sigue sin dar respuesta a los problemas que se pusieron de manifiesto en los meses sucesivos a febrero de 2020.

"Los jueces se van a enfrentar en la próxima crisis de salud a un ordenamiento que es insuficiente", ha subrayado durante su intervención en el XXXII Congreso de Derecho Sanitario de la Aeds. Unas carencias que, subraya, se pusieron de manifiesto durante la pandemia y siguen dejando lagunas para la labor de los jueces. "Buena parte de la pandemia la salvó la buena voluntad de los jueces porque jurídicamente no se encontraban con el mejor ordenamiento", ha señalado en alusión a las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre la adecuación de la declaración del Estado de Alarma para decretar el confinamiento.

Un momento del coloquio magistral

Un momento del coloquio magistral / Imagen de Joana Huertas

Unas conclusiones en las que coincide el presidente de honor de la AEDS, Ricardo de Lorenzo, que ha ejercido como moderador del coloquio que ha dado el pistoletazo de salida a este evento. De Lorenzo se ha remontado al Congreso celebrado en 2016, donde ya “nos dimos cuenta de que carecíamos de instrumentos legales para afrontar una situación como la pandemia de Covid-19”. Diez años después, el jurista señala que sigue sin resolverse “la distancia entre los derechos y los medios que tenemos” para hacer frente a situaciones como esta.

Ricardo De Lorenzo, presidente de Honor de la Asociación Española de Derecho Sanitario

Ricardo De Lorenzo, presidente de Honor de la Asociación Española de Derecho Sanitario / Imagen de Joana Huertas

Cinco debates jurídicos pendientes

Montalvo ha explicado cómo, ante crisis sanitarias, el primer reto desde el punto de vista jurídico es cómo abordar la limitación de derechos por razones de protección de la salud pública. A los jueces les corresponde valorar la pertinencia y la adecuación a derecho de las medidas que decretan las administraciones, por lo que ha reclamado mayores garantías: "Necesitamos instrumentos de mayor seguridad jurídica para adoptar decisiones tan complejas como esta". Al hilo, ha detallado que la adopción de estas medidas requiere de una racionalidad formal e instrumental que corresponde a los jueces valorar si se instaura con proporcionalidad y suficiente respaldo.

Federico De Montalvo Jääskeläinen, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario

Federico De Montalvo Jääskeläinen, vicepresidente segundo de la Asociación Española de Derecho Sanitario / Imagen de Joana Huertas

El vicepresidente de la Aeds ha desgranado cómo durante la pandemia se pusieron de manifiesto cuestiones legales que aún no se han resuelto. En primer lugar, ha aludido a las dudas sobre si un juez particular está habilitado para tomar estas decisiones o debe hacerlo un tribunal colegiado. "El Gobierno aprobó una reforma para elevar la decisión a los Tribunales Superiores o el Supremo, pero el Tribunal Constitucional dijo a los pocos meses que era inconstitucional, por lo que no se ha resuelto", ha explicado. Como segundo aspecto, ha señalado la capacidad de la ley orgánica de salud pública de avalar decisiones como la obligatoriedad de la vacunación o es necesario un desarrollo normativo específico. Un tercer punto es si se pueden restringir los derechos a una población "identificable pero no identificada": "¿Se puede confinar un barrio? No está aclarado". En cuarto lugar, ha señalado las lagunas en la naturaleza jurídica del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y, por último, ha apuntado a las dudas que existen sobre cuándo corresponde decretar un estado de alarma o de excepción.

Ante estas preguntas sin respuesta jurídica, Montalvo ha señalado que, pasado el tiempo ahora es el momento de "reflexionar y abordarlas. Un aspecto en el que considera que existe otro desafío pendiente al margen del debate jurídico, como es mantener la "lealtad institucional" en un modelo descentralizado como el español. "Los instrumentos de coordinación y cooperación están fracasando porque se espera que ese fracaso sea imputable al adversario", ha declarado.

José Enrique Roviralta, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ceuta.

José Enrique Roviralta, presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Ceuta. / Imagen de Joana Huertas

La crisis de Ceuta, ¿una "instrumentalización migratoria"?

El coloquio también ha contado con la participación de los presidentes de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, y del Colegio Oficial de Médicos de Ceuta, Tomás Cobo, como "muestra de apoyo" a los profesionales y la población ceutí ante la situación vivida a raíz de la crisis migratoria. Para De Lorenzo, lo acontecido el pasado julio encaja, según el ordenamiento jurídico europeo, en el concepto de "instrumentalización migratoria". Así, ha aludido al código de fronteras del Espacio Schengen, que define esta situación como la intromisión de un tercer país para "fomentar el desplazamiento de personas migrantes hacia la frontera con el objetivo de desestabilizar a la UE o un estado miembro poniendo en peligro la integridad territorial.

Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.

Tomás Cobo Castro, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. / Imagen de Joana Huertas

Por su parte, Cobo ha calificado de "absolutamente dramática" la desprotección de menores y de cientos de mujeres custodiadas solo por voluntarios ante la ausencia policial, una vulnerabilidad que "les dejaba presas de los criminales". Una situación que, ha afirmado, les dejó a merced de la explotación sexual, el secuestro y la venta de órganos. A propósito de la respuesta del Gobierno, ha cuestionado por qué no se activó de inmediato el equipo médico de emergencias START para atender a quienes llegaban a la playa, tal como se hace en crisis internacionales.

Por su parte, Roviralta ha advertido de que Ceuta cuenta con la tasa médica más baja de España y que la declaración de zona de difícil cobertura ha quedado "absolutamente obsoleta" sin medidas reales. En esta línea, ha relatado cómo miles de personas inundaron la ciudad desde las seis de la mañana, desbordando a cinco médicos de urgencias que realizaron unas "4.000 asistencias en la calle" mientras se registraban alrededor de 200 fallecidos por ahogamientos y aplastamientos. En esta línea, ha denunciado que "el Estado estaba desaparecido", mostrando su incomprensión por que no se desplegara un hospital de campaña como desde el colegio "reclamamos desde el minuto uno". Así, se ha mostrado muy crítico con la respuesta del Ministerio de Sanidad y el Gobierno, acusándoles de tratar de "negar la evidencia" sobre la gravedad de la situación.

Aspecto de la sala durante el Congreso Nacional de XXXII Derecho Sanitario

Aspecto de la sala durante el Congreso Nacional de XXXII Derecho Sanitario / Imagen de Joana Huertas