Exterior del Congreso.
La "insostenible situación" de la vivienda para los profesionales sanitarios llega al Congreso: "No pueden permitírsela"
Los grupos aprovechan el trámite de la Ley de Sostenibilidad Financiera para exigir más margen fiscal para la salud
El Congreso ha publicado las enmiendas a las medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades autónomas de régimen común. Las peticiones de los grupos parlamentarios son diversas. Sumar pone el foco en la cuestión más relevante del momento: la vivienda. El partido ha registrado una enmienda para establecer una prórroga extraordinaria de siete años en los contratos de alquiler para aquellos inquilinos de bloques residenciales donde al menos una cuarta parte de las viviendas hayan sido vaciadas intencionadamente o destinadas a un uso distinto al de vivienda habitual durante seis meses.
"Se trata de frenar incentivos a la expulsión y proteger la estabilidad residencial de quienes continúan habitando el inmueble”, aseguran. “Hemos llegado a una situación insostenible en la que muchas personas que construyeron nuestras ciudades, o que las hacen funcionar cada día —trabajadoras del transporte, la limpieza, la sanidad, la hostelería o los servicios públicos—, ya no pueden permitirse vivir en ellas”, justifican. Más allá de estas medidas, el grupo plurinacional Sumar propone crear una base pública de datos sobre márgenes empresariales para facilitar la negociación colectiva. Además, en enmiendas conjuntas junto al PSOE y ERC añaden que las comunidades que aún superen un 19,5 por ciento de deuda sobre el PIB en 2028 puedan pedir medidas extra de sostenibilidad.
La deuda pública deja sin recursos a la sanidad
Compromís, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, recuerda que los servicios públicos son los principales afectados por la financiación. Así, entre las propuestas de la formación, está la de escribir una nueva exposición de motivos en la que se señale a la sanidad como una de las competencias para las que hay una insuficiencia global de recursos. De esta manera, el partido insta a que la redacción ya deje constancia de que “existe una insuficiencia global de recursos para financiar adecuadamente el conjunto de competencias asumidas por las comunidades autónomas, entre ellas las relativas a la sanidad, la educación, los servicios sociales, la vivienda, el medioambiente, la cultura o la promoción económica, teniendo en cuenta además la evolución demográfica y el impacto de las decisiones normativas adoptadas por el Estado sobre las necesidades de gasto autonómicas”.
Por otra parte, matizan que "el propio modelo ha generado diferencias significativas en los recursos disponibles por habitante ajustado entre comunidades autónomas". Ahora bien, tanto esta como el resto de cuestiones propuestas se verán congeladas por el adelanto electoral. Sobre la oferta del Estado de asumir la deuda de 83.252 millones, el Grupo Parlamentario Mixto propone cambiar la fórmula del reparto. En un plano más ambicioso, también llama a elevar la condonación a los 118.000 millones de euros. Además, pide crear un "Fondo Transitorio de Nivelación" hasta que se apruebe un nuevo modelo de financiación.
Junts, por su parte, quiere que el reparto de asunción de deuda aplique principios de equidad, teniendo en cuenta la insuficiencia de recursos recibidos y premiando el esfuerzo de consolidación presupuestaria hecho por algunas comunidades entre 2010 y 2013. Siguiendo por el plano autonómico, ERC reclama modificaciones fiscales a nivel municipal y PNV introduce una única enmienda para modificar la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Mientras, Coalición Canaria llama a suprimir el límite que restringe la condonación a un máximo del 50 por ciento de la deuda viva de la comunidad.
Por su parte, el Partido Popular ha presentado una especie de enmienda a la totalidad encubierta, solicitando la eliminación de la exposición de motivos, todos los títulos, todos los artículos, todas las disposiciones y los anexos del proyecto de ley. Justifican esta eliminación total en que consideran que el proyecto es una ley "injusta, insolidaria e ineficaz".
