El ministro de Función Pública, Óscar López. Imagen del Congreso de los Diputados.
Luz verde a la jubilación parcial activa del personal sanitario laboral mediante contratos relevo
El Congreso de los Diputados ha aprobado el Real Decreto que desbloquea el acceso a esta modalidad
Tras una corta tramitación parlamentaria, el Congreso de los Diputados ha desbloqueado el acceso a la jubilación parcial del personal laboral de la sanidad pública. Esto significa que la Administración podrá firmar contratos de relevo temporales cuya duración será supeditada a la incorporación de trabajadores fijos.
Un avance que llega después de que la mayoría de la Cámara baja haya respaldado este jueves el Real Decreto-ley 19/2026, de 19 de junio, de medidas urgentes en materia de jubilación parcial anticipada del personal laboral de las Administraciones Públicas. A favor han votado 167 diputados, en contra 37 y ha habido 144 abstenciones. Además, el Congreso ha aprobado tramitar el Real Decreto como Proyecto de Ley mediante procedimiento de urgencia.
"Mejora la vida de mucha gente y no empeora la de nadie", ha subrayado sobre la norma el ministro de Función Pública, Óscar López, en sede parlamentaria. Tal y como ha explicado, el texto permite dos cosas. En primer lugar, "permite la jubilación parcial del personal laboral de todas las Administraciones Públicas". Además, con este Real Decreto se mejoran las condiciones laborales del personal de la Administración General del Estado (AGE) que trabaja en las Islas Baleares: "Miles de trabajadores públicos están esperando a que les demos un balón de oxígeno".
Según ha puntualizado, el texto "establece criterios legales acordados con las principales organizaciones sindicales". Concretamente, se permite la contratación parcial de relevistas frente a las jubilaciones parciales. Eso sí, para acceder a ellas, se deben cumplir ciertos criterios.
Entre ellos, haber cotizado 33 años y tener una antigüedad de seis años, y debe solicitarse tres años antes de la jubilación ordinaria. En estos casos, la reducción de la jornada será de entre un 25 y un 75 por ciento. Para adaptarse a este cambio, "se establece un régimen transitorio hasta el 1 de abril de 2027 que permitirá vincular la jubilación parcial a contratos fijos firmados a partir del 1 de abril de 2024 y derivados de las ofertas de empleo público ordinarias". De esta forma, "el profesional recibirá un salario proporcional al tiempo trabajado".
Complemento de insularidad a sanitarios baleares
Por otro lado, el texto "aumenta las indemnizaciones por residencia en un 100 por ciento en Mallorca y en más de un 300 por ciento en el resto de islas", todo ello con carácter retroactivo desde el 1 de julio. "Más de 11.000 empleados públicos -entre ellos médicos- de la AGE de Baleares van a equiparar sus compensaciones de insularidad a las que tenían en Canarias", ha anotado. Así, se pretende "retener el talento público en Baleares".
De hecho, ha sido la parlamentaria de Coalición Canaria Cristina Valido la primera en pronunciarse al respecto. "Facilita una transmisión de conocimientos en la mejora de los servicios que se prestan gracias a la convivencia del trabajo próximamente jubilado y el que llega", ha señalado. Por ello, "Coalición Canaria nunca va a bloquear el complemento de residencia de Baleares". Aun así, han solicitado la misma revisión para el archipiélago canario.
Más ambigua ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. "Pedro Sánchez es uno de los líderes en vulneración de los derechos laborales de la gente trabajadora", ha afirmado al principio de su intervención para defender el posicionamiento de su partido.
Aunque no ha afeado la norma, sí ha destacado que no lleva consigo ninguna iniciativa contra la fijeza. "Hay 800.000 personas en abuso de temporalidad. Muchas se están yendo a la calle sin indemnización", ha reprochado.
Quienes sí han mostrado su respaldo de forma clara al texto han sido el diputado nacionalista Mikel Legarda y el parlamentario de EH Bildu Oskar Matute. "El Real Decreto ofrece flexibilidad", ha asegurado Legarda. De hecho, ha reconocido que desde su formación la consideran "oportuna y necesaria". Lo mismo ha opinado Matute, quien ha puesto en valor los contratos relevo. "Se deben prohibir menos", ha añadido.
Josep Pagès i Massó, de Junts per Catalunya, ha sido el encargado de representar al partido catalán desde el atril. "Sigue habiendo un problema de inversiones en Cataluña. Cataluña no se merece un presidente que no cumple las funciones de su cargo", ha sintetizado.
Igual que Belarra, ha reprochado al Gobierno no incorporar ninguna medida para acabar con la temporalidad. "El problema es de los interinos. Para ellos no hay urgencia en aprobar un decreto ley", ha afeado al Ejecutivo.
Desde el punto de vista de Paula Vallugera, del Grupo Parlamentario Republicano, "los laborales ya tenían una jubilación activa": "Corregimos con este Real Decreto los errores del pasado". Aunque una de las principales razones de su apoyo al texto es "no enfrentar a trabajadores contra trabajadores".
Motivaciones de la ley
"Este acuerdo responde a una demanda de las propias comunidades autónomas y las entidades locales que necesitan herramientas adecuadas para adecuar sus plantillas. Introduce adaptaciones imprescindibles para garantizar que el contrato relevo tenga eficacia práctica", ha detallado la parlamentaria de Sumar Engracia Rivera.
Muy crítico ha sido el parlamentario de Vox Emilio del Valle, que ha definido la norma como “una chapuza que sustituye a otra chapuza”. Además, ha criticado que el Ejecutivo central lleve al Congreso la norma con rango de decreto ley y por urgencia.
“Es una respuesta urgente a una avería provocada por este Gobierno”, ha coincidido el popular Ángel Ibáñez, quien también ha mencionado el problema de la temporalidad entre los empleados públicos. Aun así, el socialista José Luis Acebes ha defendido que el objetivo del Real Decreto es “garantizar un derecho para el personal laboral”: “Nadie debería estar en contra”.
