Amando Martín Zurro y Andreu Segura Benedicto
Recertificación de la competencia profesional: una iniciativa para garantizar la viabilidad del sistema sanitario
Amando Martín Zurro es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y Andreu Segura Benedicto, epidemiólogo y especialista en Medicina Preventiva y Salud
Aunque buena parte de los expertos y desde luego la mayoría de los residentes foráneos siguen considerando envidiable nuestro sistema sanitario público, cada vez son más presentes sus insuficiencias y limitaciones, indicios inequívocos del riesgo de su desmoronamiento como pilar fundamental del estado de bienestar del que todavía disfrutamos.
Aunque nadie pone en duda el derecho a una atención sanitaria lo más competente posible, este objetivo exige garantizar que las actuaciones de los profesionales se ajusten lo más estrechamente posible al progreso científico-técnico y a los cambios sociológicos y culturales. Los empleadores sanitarios y los mismos profesionales vienen obligados a facilitar y utilizar, respectivamente, los medios necesarios para alcanzarlo. Una obligación deontológica, moral y política que, en España, recogen múltiples disposiciones legales, así como las propuestas emitidas desde hace décadas por los colegios de médicos y la Organización Médica Colegial, así como por FACME (Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas) o el propio Ministerio de Sanidad.
En esta perspectiva, parece razonable preguntarse por las razones que impiden que se desarrolle en España un sistema obligatorio de recertificación periódica de la competencia profesional. Máxime cuando ya hace veintitrés años de la aprobación de la LOPS (Ley Orgánica de las Profesiones Sanitarias) que, si bien de forma genérica, ya se hacía eco de esta obligación.
A pesar de la notoria casuística foránea al respecto y, lo que todavía es más importante, de la existencia de multitud de argumentos en pro de la implantación de un sistema universal de recertificación de la competencia, entre los que destaca la seguridad del paciente y la prevención de la iatrogenia que, como es sabido, no es solo consecuencia de errores y negligencias, sino que también requiere de una atención sanitaria lo más actualizada posible.
Estos y otros argumentos a favor de la implantación de la recertificación obligatoria no deben ignorar los riesgos y problemas que pueden dificultar su desarrollo. Y que hay que evitar a toda costa, particularmente el de un eventual incremento de la burocratización, resultado de que los criterios de evaluación se basen exclusivamente en documentación, certificados y acumulación de créditos, lo que la convertiría en un procedimiento administrativo sin valor añadido.
Tampoco deben obviarse las dificultades para evaluar determinados componentes de la competencia, por ejemplo, los relativos a la comunicación, a los procesos de toma de decisiones en contextos de incertidumbre o al coste-oportunidad de determinadas decisiones diagnósticas y terapéuticas.
En otro orden de cosas, deberían clarificarse las interacciones entre la recertificación periódica y la carrera profesional, para evitar interferencias y superposiciones entre ambas y definir con precisión el proceso a seguir cuando la calificación que merezca un profesional sea desfavorable en su recertificación, incluyendo los mecanismos de corrección de los déficits competenciales detectados.
En cualquier caso, la recertificación no debería limitarse a comprobar que el médico ha realizado determinados cursos. Debería ser capaz de evaluar la capacidad de prestar una asistencia adecuada, segura, actualizada y ajustada a las necesidades de sus pacientes, lo que precisa una evaluación suficientemente rigurosa, pero también realista, proporcional y compatible con las condiciones exigibles en cada momento al ejercicio profesional.
Dificultades que no son insalvables y, desde luego, más fácilmente soslayables que otras iniciativas más ambiciosas para garantizar la viabilidad de nuestro sistema de sanidad pública. Convendría que los responsables –políticos, científicos y profesionales— dejaran de mirar para otro lado y pusieran en marcha las actuaciones precisas para lograr que la recertificación periódica de la competencia fuera una realidad tras tantos años de aplazamiento.
Algo que el establecimiento de una largamente reivindicada Agencia de las Profesiones Sanitarias, de prestigio científico-técnico e independiente, podría facilitar.