Tomás Cobo.
Nicaragua: cuando defender a los médicos es defender los derechos humanos
Tomás Cobo Castro es presidente de la Organización Médica Colegial de España
La 77.ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada en Rotterdam del 7 al 10 de octubre, ha sido un espacio de reflexión y compromiso sobre algunos de los grandes desafíos que afronta hoy la profesión médica. La defensa de la verdad científica frente a la desinformación sanitaria, la protección de la independencia profesional y la garantía de que todos los pacientes puedan recibir atención sin discriminación han ocupado un lugar relevante en los debates. Cuestiones distintas, pero unidas por un mismo principio: la medicina solo puede cumplir su misión cuando se ejerce con libertad, responsabilidad y respeto a la dignidad humana.
En este contexto, la situación de los médicos nicaragüenses merece una atención especial. La declaración impulsada desde la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), con una participación activa de España en la elaboración del texto llevado a la Asamblea, constituye una llamada a la comunidad médica internacional para que no mire hacia otro lado ante una realidad dramática.
Las denuncias recogidas en la resolución de la Asociación Médica Mundial describen un escenario de restricciones a la libertad profesional, despidos, exilio forzoso y obstáculos para ejercer la medicina con autonomía. Según los informes citados en el documento, desde 2018 más de 400 médicos habrían sido despedidos u obligados a renunciar y más de 200 habrían tenido que exiliarse. No hablamos de cifras abstractas, sino de profesionales que han visto cómo su vida cambiaba de manera abrupta: médicos alejados de sus familias, de sus pacientes y del país al que habían dedicado su vocación.
El exilio supone una herida personal y profesional. Obliga a empezar de nuevo, a reconstruir vínculos y a buscar oportunidades lejos del entorno en el que se desarrolló una carrera. Pero sus consecuencias no terminan en quienes se marchan. También las sufre la población nicaragüense, que pierde profesionales cualificados en un sistema sanitario que necesita recursos humanos, estabilidad y confianza.
Especialmente preocupante es el impacto sobre las organizaciones médicas y las sociedades científicas. Estas instituciones son esenciales para la formación continuada, el intercambio de conocimiento, la defensa de la ética y la representación independiente de los profesionales. Debilitarlas o impedir que desarrollen su labor significa reducir los espacios desde los que la medicina puede expresarse, contribuir al debate público y advertir de los problemas que afectan a la salud colectiva.
Ningún gobierno debería interferir de forma arbitraria en el ejercicio de la medicina ni castigar a los profesionales por cumplir con su deber ético de proteger a los pacientes. La autonomía clínica, la libertad de expresión científica y la independencia profesional no son privilegios de los médicos: son garantías para toda la sociedad. Cuando se intimida a un facultativo por informar sobre una situación sanitaria o por actuar conforme a su conciencia, también se limita el derecho de los ciudadanos a recibir una atención adecuada.
La iniciativa de CONFEMEL, respaldada por la participación española y llevada al ámbito internacional de la profesión médica, debe traducirse en algo más que una declaración de preocupación. Hace falta mantener la atención sobre esta situación, acompañar a los médicos afectados y reclamar garantías para el ejercicio libre de la profesión y la recuperación de una representación médica independiente.
La propia Asamblea de Rotterdam ha reforzado este compromiso con la Declaración de Rotterdam sobre la protección de la neutralidad médica en los conflictos armados y otras situaciones de violencia. Su mensaje es igualmente esencial: atender a quien lo necesita no puede depender de su identidad, sus ideas o el bando al que se le atribuya pertenecer; los profesionales sanitarios y la asistencia médica deben ser protegidos frente a la violencia y las coacciones.
Son realidades diferentes, pero comparten una misma exigencia ética: que ningún poder, ninguna violencia y ninguna represalia se interpongan entre el médico y su deber de cuidar. Defender a los médicos nicaragüenses es defender su libertad, la dignidad de la profesión y, sobre todo, el derecho de sus pacientes a la salud.
