Hay problemas que, aunque parecen pertenecer a un ámbito concreto, cuando se desbordan, descubrimos que, en realidad, son transversales. Tradicionalmente, la vivienda ha sido tratada como una cuestión económica, urbanística y social. Pero, quizás, haya llegado el momento de incorporarla también a la conversación sobre los cuidados: ¿puede la vivienda convertirse en uno de los grandes desafíos del cuidado del siglo XXI?
La Organización Mundial de la Salud lleva años situando el acceso a la vivienda entre los principales determinantes de salud; las condiciones de vivienda dibujan las prioridades de salud, impactan sobre la autonomía de las personas y definen la epidemiología de las enfermedades.
En España, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025, el 44,3 por ciento de las personas de 26 a 34 años convivía con sus padres y, entre ellas, el 47,3 por ciento señaló como razón principal el déficit de recursos económicos para poder comprar o alquilar una vivienda. En la misma línea, el Banco de España ha señalado que el 34,2 por ciento de los hogares jóvenes de hasta 35 años que viven de alquiler se encuentra en situación de sobresfuerzo, al destinar más del 30 por ciento de su renta neta al pago de este. De hecho, para los jóvenes que desean emanciparse en régimen de alquiler, el esfuerzo potencial se aproxima al 50 por ciento de la renta neta en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia.
Irremediablemente, esta dificultad de acceso a la vivienda, que afecta especialmente a los más jóvenes, va a redefinir la capacidad y las prioridades de autocuidado, influirá sobre la disponibilidad de profesionales sanitarios y, por ende, impactará sobre el estado de salud de las personas. En consecuencia, la nueva situación de la vivienda modificará la tasa y distribución de la morbilidad española, por lo que es imprescindible repensar y anticipar la estrategia sociosanitaria del futuro.
Cuando la vivienda se complica, el autocuidado se desvanece
Según el Modelo Lalonde (1973), el estilo de vida es el determinante de salud más influyente. Por eso, durante las últimas décadas hemos intentado evolucionar desde una sanidad fundamentalmente reactiva hacia otra orientada a la promoción, la prevención y el autocuidado. Sin embargo, los recursos económicos son limitados. Si un ciudadano medio debe destinar más de la mitad de su salario a los gastos derivados de su vivienda, los recursos de los que dispone para cubrir el resto de sus necesidades de cuidado decrecen. Así, se reduce su capacidad para alimentarse adecuadamente, moverse, pagar la consulta con su psicólogo, hacer planes culturales, socializar o desarrollarse profesionalmente, entre otros.
Al mismo tiempo, la preocupación por no llegar a fin de mes y quedarse sin un techo bajo el que habitar incrementa los niveles de estrés y ansiedad, con el impacto sobre la salud que sabemos que ello supone.
Ante esta situación, algunas personas tratarán de compensar su limitado poder adquisitivo trabajando más horas o recurriendo a un segundo empleo. Pero, esta alternativa tampoco resulta inocua desde la perspectiva del cuidado. Ni siquiera cuando ese esfuerzo permite aumentar los ingresos porque, posiblemente, una parte importante de ellos quedará destinada al ahorro necesario para acceder algún día a una vivienda o, sencillamente, para recuperar cierto margen de seguridad económica. La escasez de recursos se convierte, además, en escasez de tiempo: menos capacidad económica para cuidarse y menos tiempo disponible para hacerlo. A la presión económica, se añaden entonces una mayor carga laboral y un menor tiempo para descansar, cocinar adecuadamente, hacer ejercicio, conciliar, socializar, vigilar la salud o acudir a una cita sanitaria.
En consecuencia, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, siendo acciones clave para el cuidado micro y macro, desaparecen. Cuando las necesidades más inmediatas absorben una parte creciente de los recursos económicos, del tiempo y de la atención de las personas, resulta más difícil mantener hábitos saludables, participar en programas preventivos, realizar controles periódicos de salud o consultar ante los primeros signos de enfermedad. No porque la población desconozca necesariamente cómo cuidarse, sino porque las condiciones materiales para hacerlo se vuelven más desfavorables.
En consecuencia, resulta esperable un incremento en la incidencia de enfermedades estrechamente relacionadas con los estilos de vida y los determinantes sociales de salud, así como un empeoramiento de los diagnósticos que ya existen, lo que podría traducirse en una mayor presión asistencial en las próximas décadas, un momento en el que, aun con un escenario residencial favorable, ya se esperaba una demanda de cuidados extraordinariamente elevada como consecuencia del envejecimiento, la cronicidad y el aumento de la dependencia.
Fuga de profesionales sanitarios desde las grandes urbes
Cuando hablamos de falta de profesionales sanitarios solemos mirar hacia las plazas universitarias, las condiciones laborales, las ratios, la estabilidad o la retribución. Todos ellos son factores esenciales. Sin embargo, existe otro que puede adquirir una relevancia creciente: la posibilidad real de vivir allí donde se necesita trabajar.
Pensemos en una enfermera que inicia su carrera profesional en un gran núcleo urbano. Si no puede asumir un alquiler razonable cerca de su centro, deberá alejarse, incrementar sus tiempos y costes de desplazamiento, compartir vivienda durante más años o buscar un territorio en el que la relación entre salario y coste de vida sea más favorable. Y si la presión inmobiliaria se desplaza también hacia la periferia, la alternativa puede dejar de ser mudarse unos kilómetros y pasar a ser cambiar de comunidad autónoma o incluso de país. La consecuencia es evidente: si una ciudad no resulta habitable para quienes la cuidan, terminará teniendo más dificultades para garantizar sus cuidados.
La consecuencia es evidente: si una ciudad no resulta habitable para quienes la cuidan, terminará teniendo más dificultades para garantizar sus cuidados.
Algunas administraciones, de hecho, ya están incorporando esta relación a sus políticas. La Comunidad de Madrid anunció en mayo de 2026 el Plan Vive Sanitario, destinado a facilitar alquiler asequible cerca de hospitales a profesionales menores de 35 años del sistema sanitario público. En la misma línea, Londres puso en marcha en enero de 2026 el modelo Key Worker Living Rent, con el objetivo de iniciar al menos 6.000 viviendas asequibles para trabajadores esenciales antes de 2030, entre ellos, por supuesto, enfermeros y enfermeras. Del mismo modo, Nueva Gales del Sur, en Australia, mantiene un programa de 200,1 millones de dólares australianos para alojamiento de profesionales sanitarios en zonas rurales y regionales con la finalidad explícita de favorecer su captación y permanencia.
No son modelos automáticamente trasladables ni sabemos todavía cuál será su impacto final. Pero sí revelan un cambio conceptual relevante: la vivienda de los profesionales empieza a formar parte de la planificación de los recursos humanos sanitarios.
Hacia los cuidados domiciliarios, ¿sin domicilio?
El Ministerio de Sanidad resume uno de los grandes retos asistenciales de los próximos años con una expresión particularmente acertada: “cronicidad es domicilio”. En España, el 54,3 por ciento de la población mayor de 15 años presenta al menos una enfermedad crónica, representando el 80 por ciento del gasto sanitario público y el 70-75 por ciento de las consultas de Atención Primaria.
Nuestro modelo evoluciona, por tanto, hacia una mayor atención comunitaria y domiciliaria: gestión de casos, hospitalización a domicilio, telemonitorización, rehabilitación, prevención de la fragilidad, cuidados paliativos, práctica avanzada y coordinación sociosanitaria. Pero todo ello, presupone algo que durante mucho tiempo hemos dado por sentado: que existe un domicilio adecuado en el que cuidar.
La cuestión adquiere una dimensión mayor cuando observamos la demografía. Las proyecciones del INE sitúan a la población de 65 años o más en torno al 30,5 por ciento hacia 2055 y la tasa de dependencia podría alcanzar el 75,3 por ciento alrededor de 2052. Entonces, ¿qué ocurrirá si una parte de las generaciones que hoy accede más tarde a la propiedad o permanece durante más años en alquiler llega a la jubilación con menor patrimonio residencial y debe seguir destinando una parte importante de sus ingresos a la vivienda? Indudablemente, tendremos que atender a las mismas o más personas con insuficiencia cardíaca, EPOC, diabetes mellitus, hipertensión arterial, ictus, cáncer, deterioro cognitivo, fragilidad o situaciones de dependencia, pero sobre una estructura residencial mucho más compleja.
Por eso, la pregunta del futuro no es únicamente quién cuidará, sino también dónde podremos cuidar. Si aumenta el número de personas mayores con cronicidad y dependencia y, al mismo tiempo, una parte de ellas dispone de menor estabilidad residencial o de redes familiares más reducidas, no bastará con cuidar en casa o en una residencia. Habrá que repensar el continuo entre vivienda, atención primaria, atención domiciliaria, servicios sociales, dependencia, residencias y, por supuesto, nuevas fórmulas habitacionales.
La pregunta del futuro no es únicamente quién cuidará, sino también dónde ofreceremos los cuidados. El envejecimiento del futuro tendrá que ser atendido y alojado.
Vivienda, natalidad y cuidados
La vivienda afecta a la posibilidad de emanciparse, formar un hogar y tomar decisiones familiares. La estabilidad residencial es, de hecho, uno de los factores que más pueden influir en la decisión de tener descendencia.
Y aquí aparece una paradoja de enorme trascendencia para el futuro del cuidado: una menor natalidad contribuye, a largo plazo, a una estructura demográfica más envejecida: aumenta proporcionalmente la población que potencialmente necesitará cuidados y disminuye el peso relativo de las generaciones en edad de trabajar y cuidar. Esto puede traducirse no solo en una menor disponibilidad potencial de cuidadores familiares, sino también en una base proporcionalmente más reducida de población activa sobre la que sostener, junto con otros factores, la financiación de las pensiones, la sanidad, los servicios sociales y el propio sistema de cuidados.
La vivienda adquiere así una dimensión intergeneracional: las dificultades que hoy encuentran los jóvenes para emanciparse y construir sus proyectos de vida pueden terminar influyendo, décadas después, en el equilibrio entre quienes necesitarán cuidados, quienes podrán proporcionarlos y los recursos disponibles para sostenerlos.
Estamos obligados a incorporar la vivienda en la ecuación de la planificación sanitaria
La OCDE plantea para España una combinación de mayor oferta de vivienda asequible, agilización del desarrollo de suelo, inversión en vivienda social y cooperación con actores públicos, privados y no lucrativos. La respuesta, por tanto, difícilmente se reducirá a una única palanca. Sería un error pensar que la sanidad tiene que resolver los problemas de acceso a la vivienda. Sin embargo, también lo sería pensar que puede permanecer al margen de sus consecuencias.
Sería un error pensar que la sanidad tiene que resolver los problemas de acceso a la vivienda. Sin embargo, también lo sería pensar que puede permanecer al margen de sus consecuencias.
Por eso, quizá haya llegado el momento de dejar de contemplar la vivienda únicamente como una cuestión económica, urbanística o social y empezar a incorporarla también a la planificación sociosanitaria del presente y del futuro. No para asumir que conocemos todas las respuestas, ni para defender una única solución, sino para reconocer a tiempo la dimensión del desafío: ¿cómo impactará la actual crisis de la vivienda sobre la salud física, mental y social de los más jóvenes? ¿De qué manera debemos redefinir las estrategias de promoción, prevención, cuidado y autocuidado para adaptarlas a escenarios residenciales complejos? ¿Dónde vivirán nuestros pacientes crónicos dentro de veinte años? ¿Podrán seguir recibiendo cuidados en su domicilio? ¿Cómo podremos atraer y retener a los profesionales sanitarios en las grandes ciudades? ¿Cuál será el panorama epidemiológico del futuro? O ¿cómo vamos a sostener el sistema sanitario y de pensiones?
Garantizar el cuidado del futuro exigirá crear las condiciones sanitarias, sociales, económicas y residenciales que permitan a las personas cuidarse, cuidar a otros y ser cuidadas cuando lo necesiten. La vivienda es el nuevo gran desafío del cuidado y afrontarlo requerirá compromiso, planificación y una acción anticipada, coordinada y proactiva.
Sería un error pensar que la sanidad tiene que resolver los problemas de acceso a la vivienda. Sin embargo, también lo sería pensar que puede permanecer al margen de sus consecuencias.