El desahucio de una pensionista en Madrid hace unos días ha desatado una ola política que este lunes puede desembocar en convocatoria anticipada de elecciones generales, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así lo considera.
Algunos sindicatos médicos miran desde hace tiempo precisamente a Sánchez para que desenrede el lío del nuevo Estatuto Marco. La falta de acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y una parte del sindicalismo lleva meses provocando paros, y hay convocada en el horizonte (el 28 de octubre) una huelga indefinida porque los médicos creen que no se recoge la singularidad laboral de su desempeño.
En estos momentos se están buscando soluciones para no llegar a la situación caótica que sería una huelga médica indefinida. El Foro de la Profesión, con toda la buena voluntad del mundo, ha propuesto un grupo interparlamentario, una figura poco habitual y que no está suscitando mucha adhesión por el momento.
Los sindicatos médicos convocantes siguen enrocados. Son conscientes de la gravedad de lo que plantean, una cruda realidad que en los paros precedentes supuso la cancelación de casi tres millones de actos sanitarios, según cálculos de las comunidades autónomas. Pero consideran que la situación profesional que deja el estatuto propuesto es peor para el sistema de salud.
Ante este bloqueo, la cábala política de Sánchez para afrontar con más garantías una posible reelección presidencial puede ser una tregua para superar, al menos momentáneamente, el trance que supondría que miles de médicos detuvieran su actividad.
Si se convocan elecciones generales, todas las iniciativas legislativas que hay en el Parlamento decaen y se archivarían automáticamente, a la espera de retomar la actividad en la Cámara baja. El Estatuto Marco, que ya salió del Consejo de Ministros, está en esta situación. También otras de tipo sanitario, como la Ley del Medicamento o la de las Organizaciones de Pacientes, se verían afectadas, aunque su perspectiva fuera mejor.
Y si no se convocaran elecciones, lo que está claro es que la legislatura está en tiempo de descuento y no parece que sea el momento más propicio ni oportuno para plantear una negociación de tanto calado y con tan poco consenso como la del Estatuto Marco.
En cualquier caso, el parón electoral sería una solución rocambolesca para la huelga, pero al fin y al cabo se podría considerar un borrón y cuenta nueva en cuanto al estatuto propuesto. El reto lo deberían asumir el nuevo gobierno y, en su caso, los diputados electos. Partirían con la ventaja de la experiencia de lo que se ha hecho bien y mal hasta ahora.
Tal vez sea un buen 'tiempo muerto' para que todos reflexionen y de ahí florezca otra oportunidad para un consenso mayor.