Diana Morant

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Estudiantes

Universidades avanza hacia la voluntariedad del TFG en Medicina por la incidencia de la IA

El departamento gubernamental propone la actualización del Real Decreto que regula la calidad y organización de las titulaciones universitarias.

Y además: Universidades endurece los requisitos para acreditar facultades de Medicina: del número de doctores a las instalaciones

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El mundo no cesa en su transformación. Las estructuras laborales, los flujos comerciales, las relaciones sociales o la cultura están sometidos a la conversión constante, especialmente por el avance tecnológico y científico. En este sentido, la Inteligencia Artificial (IA) es el principal motor de cambio. La incidencia de este instrumento en la realidad moderna sirve de premisa al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para plantear modificaciones en los grados, también afectados por el impacto de la citada herramienta. Por ejemplo, la obligatoriedad del Trabajo Fin de Grado (TFG) en todas las ramas de la enseñanza, incluida Ciencias de la Salud.

El departamento gubernamental encabezado por Diana Morant pretende actualizar el Real Decreto 822/2021, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. El objetivo es dotar a las instituciones académicas de una mayor flexibilidad para definir su oferta formativa y adaptar sus titulaciones al panorama tecnológico actual en pro del mantenimiento de la calidad de los grados.

En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades abre la puerta a "la redefinición del carácter obligatorio del TFG". Así, cada centro podría elegir si desea mantener este proyecto como parte necesaria para la obtención de la titulación o, por el contrario, reforzar otras materias. No hay que olvidar que este tradicional elemento de la formación universitaria está en entredicho desde la aparición de la IA, al detectarse el empleo de esta tecnología para su realización.

Más allá del TFG, la reforma normativa planteada pretende establecer unos principios generales para el uso académico de la IA. Así, el organismo aboga por acotar su empleo entre el estudiantado y el profesorado.

Calidad y presencialidad

La iniciativa ministerial señala también la necesidad de fijar nuevas delimitaciones en relación a las modificaciones de las memorias de verificación de las titulaciones universitarias. De esta forma, los centros podrían gozar de una mayor libertad a la hora de organizar su actividad docente.

Pese a la flexibilización propuesta, la reforma no deja insistir en el mantenimiento de la calidad de las titulaciones. En este sentido, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades incide en la necesidad de establecer nuevos requisitos en relación con los porcentajes mínimos de profesorado doctor y permanente y de otras categorías, con la intención de asegurar el desarrollo de la docencia y la investigación. Un aspecto que entronca con las últimas acciones de la entidad estatal, como la actualización de los criterios para la creación de centros formativos, entre los que destaca la demanda de un número determinado de profesores de distintos niveles para aprobar la apertura.

Asimismo, la normativa avanza hacia la regulación de la calidad docente de los centros adscritos y el establecimiento del carácter presencial de las titulaciones sanitarias. El departamento gubernamental remarca que este tipo de formaciones requieren de "la utilización de equipamientos e instalaciones específicas", por lo que acudir a las aulas se entrevé fundamental. Así, se busca reforzar el control respecto a la aparición de nuevos grados de Ciencias de la Salud, disciplina en efervescencia en el plano instructivo privado debido a su elevada demanda entre el alumnado.

Participación ciudadana

De momento, la remodelación de la norma es una propuesta. Ahora, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades convoca a la ciudadanía para que envíe sus aportaciones a la modificación. En concreto, podrá hacerlo entre el 22 de octubre y el 13 de noviembre.

Este es uno de los últimos proyectos que encara la entidad antes de las elecciones. A este se suma la normativa respecto a la apertura de universidades o la reforma de las Órdenes CIN de Farmacia y Odontología.