La Ribera, segundo hospital que recurre el decreto de conciertos sanitarios

El Hospital de La Ribera es el segundo centro que gestiona el grupo Ribera Salud que se ha sumado en su lucha contra el decreto de conciertos sanitarios de la Comunidad Valenciana, tal y como publica este viernes el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Después del recurso presentado por Torrevieja Salud, tal y como informó Redacción Médica este jueves, Alzira se suma a este ‘frente común’ contra la normativa impulsada desde el departamento que dirige Carmen Montón, y presenta ante la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Tsjcv) contra la Orden 3/2017, de 1 de marzo, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que regula la acción concertada con entidades de ánimo de lucro. 

Por su parte, la consejería, a través de su subsecretario general de Sanidad, Ricardo Campos, ha ordenado el envío a la Justicia de este expediente administrativo. Al igual que con Torrevieja, en la resolución que publica el DOGV, Sanidad emplaza a las personas que pudieran verse afectadas para que puedan personarse en autos en un plazo de nueve días. Además de eso, remite a este tribunal un índice de los documentos que contiene, mediante formato digitalizado en CD-ROM.

Tal y como informó este medio, Vinalopó es, tras Alzira y Torrevieja, el tercer centro sanitario gestionado por Ribera Salud que recurrirá esta normativa. Al tratarse de sociedades independientes, los hospitales han decidido presentar sus recursos de manera independiente y no como grupo Ribera Salud. Todos estos centros consideran que “este decreto responde únicamente a motivos ideológicos y que atenta contra la libertad de compra y mercado”, según informaron.

El recurso de Torrevieja sigue su curso

Por su parte, el diario oficial de la comunidad también publica el emplazamiento que hace la Justicia a las personas interesadas dentro del recurso presentado por Torrevieja Salud, Unión Temporal de Empresas. Contra eta misma orden.

En la documentación se detalla que se concede el plazo de 15 días para la personación de quienes tengan interés legítimo en sostener la conformidad a derecho de la disposición, acto o conducta impugnados.