El veto al farmacéutico devuelve 380.000 recetas a los médicos de Primaria

La decisión del Tribunal Supremo de impedir a los farmacéuticos de Galicia la renovación de las recetas para los pacientes crónicos ha devuelto la única potestad para llevar a cabo las prescripciones a los médicos de Atención Primaria. La respuesta judicial provocará que un flujo de cerca de 380.000 recetas mensuales se incorpore de nuevos a las rutinas de trabajo de los facultativos en los centros de salud, que ya no podrán delegar esta función a otras profesiones.

El colectivo de Farmacéuticos de Atención Primaria (FAP) de la comunidad autónoma ha calculado el número de prescripciones que ahora volverán a su cauce original, después de que la Justicia haya dictaminado que la instrucción emitida en 2021 para permitir esta renovación suponía una invasión de funciones y vulneraba el contenido de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.

Desde el colectivo farmacéutico han advertido sobre las consecuencias que puede tener la decisión judicial en un momento marcado por la sobrecarga de trabajo de los profesionales médicos. “La medida, que fue llevada al Consejo Técnico de Atención Primaria, pretende evitar la acumulación de trabajo para los médicos en el actual contexto de déficit de especialistas y, al mismo tiempo, proteger a los pacientes con una ágil renovación de la medicación de su tratamiento”, han lamentado.

Las farmacéuticas Mercedes Pereira y Lucía Martínez, en calidad de portavoces del colectivo, han elogiado en una carta la medida interpuesta durante la pandemia de Covid-19 para aliviar la gestión de las prescripciones, permitiendo a los farmacéuticos renovar las recetas, pero nunca emitir nuevas. “Siempre con la autorización previa del médico, eran los farmacéuticos de Atención Primaria de los centros de salud quienes renovaban las recetas de los pacientes”, han apostillado.

La Farmacia gallega ha apuntado a que sus profesionales son un “miembro más” del equipo multidisciplinar de Atención Primaria y que cuentan con la “suficiente” formación clínica y conocimientos en farmacoterapia como para hacer un “seguimiento y valorar la continuidad” de los tratamientos prescritos por los facultativos. “Es algo que ahora tendrán que asumir los médicos”, han lamentado.

La responsabilidad del médico en la receta

La posición choca con la visión del Consejo de Colegios de Médicos de Galicia que fue el que interpuso el recurso contra esta medida política en primera instancia en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero que finalmente ha derivado en el Supremo. A juicio de los portavoces de los facultativos, la cesión de la prescripción entorpecía sus funciones, mientras que podía representar un problema para la seguridad del paciente si se producía algún efecto adverso. “Las repercusiones caerían sobre el médico responsable del paciente como único prescriptor por ley”, plantearon entonces.

Desde el Servicio Gallego de Salud (Sergas) sí que se veía con buenos la posibilidad de esta función de los farmacéuticos, de ahí que el Gobierno decidiera llevar la sentencia autonómica a otra instancia judicial superior, sin éxito.