Las obras del Hospital de Burgos costaron 1.400 millones sin sobrecoste

"Un claro caso de mayor inversión y no de sobrecostes", ha dicho el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, en referencia al precio final del Hospital Universitario de Burgos (HUBU), que ha cifrado en 1.379 millones de euros. Herrera, que ha comparecido en las Cortes en la Comisión de investigación sobre el HUBU, ha explicado que la concesión inicial se firmó el 28 de abril de 2006 por un importe de 883.52 millones de euros y el plazo de ejecución es hasta el 31 de marzo de 2036.

El presidente de la Junta ha reconocido que sin la fórmula de la concesión, la capital burgalesa "no dispondría hoy" de un nuevo centro hospitalario y ha asegurado que las cuatro modificaciones realizadas sobre el contrato inicial por valor de 883,52 millones están "plenamente justificadas" a través del criterio de 'ius variandi' de la administración. Ha insistido en que tanto la adjudicación a la agrupación de empresas Sociedad Concesionaria Nuevo Hospital de Burgos, como las posteriores modificaciones, están "provistas de todas las garantías".

Para afirmarlo, Herrera se ha apoyado en los dictámenes favorables del Consejo Consultivo, a lo que ha sumado que la Fiscalía y la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas archivaron las diligencias preliminares por presuntas irregularidades en la ejecución del contrato.

La oposición

Los cuatro grupos en la oposición en las Cortes de Castilla y León -PSOE, Podemos, Ciudadanos y Mixto-- han coincidido al acusar al presidente de la Junta de haber dado un trato "absolutamente generoso" con la empresa concesionaria de esta obra, Sociedad Concesionaria Nuevo Hospital de Burgos, S.A.', a la que no se sancionó por el retraso en la entrega de las obras, para lo que tenía un plazo inicial de 42 meses -noviembre de 2009- pero que, tras unos modificados, entregó finalmente a los 66 meses del inicio "y de forma parcial".

Según han advertido los grupos, el retraso de las obras del HUBU lo ha pagado la Junta de Castilla y León que asumió los costes de la pérdida de explotación de diferentes conceptos por parte de la concesionaria y sin poner la correspondiente sanción a la empresa por no haber cumplido los plazos recogidos en el contrato firmado el 28 de abril de 2006 -el acta de replanteo se levantó el 26 de mayo de 2006 a partir del cual debían transcurrir los 42 meses-.