Redacción. Valladolid
El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado, ha indicado que una de las opciones que se barajan para atender la deuda con los proveedores es titularizar la deuda sanitaria pública española y, con el aval del Estado, actualizarla en los próximos años para después “poner el contador a cero”.
En concreto, el consejero ha recordado que el problema con el pago a proveedores es un problema común de todas las comunidades -salvo País Vasco, Navarra y en alguna medida La Rioja-, por lo que es de todo el Sistema Nacional de Salud, pero a pesar de haber reclamado al Gobierno saliente que tomara decisiones al respecto, no se ha producido.
Por ello, ha asegurado que se solicitará al nuevo Ejecutivo la necesidad de abordar una solución conjunta para la deuda sanitaria del sistema al margen de que en el caso de Castilla y León se trate de afrontar el problema de la deuda farmacéutica (que asciende a 534 millones en el ejercicio 2010) con medidas provisionales, algunos pagos o acuerdos con entidades financieras.
Junto a ello, ha afirmado que hay una propuesta que consiste en una opción que se estudia por Farmaindustria, a la que ya se están facilitando algunos de los datos que tienen que ver con los acreedores a los que no podido atender.
Se trataría de titularizar la deuda sanitaria pública española y, con el aval del Estado, permitir actualizarla en un periodo de tres o cuatro años y “a partir de ahí, poner el contador a cero” y que las comunidades asuman la obligación de gestionar adecuadamente la sanidad y evitar que se vuelvan a producir estas situaciones. “Son necesarios pactos importantes para garantizar la sostenibilidad, no depende sólo de una comunidad, sino del conjunto del sistema”, ha indicado.
A este respecto, considera que el nuevo Gobierno es consciente de la dificultad de todas las comunidades autónomas, lo que hace que se cuestione el actual modelo de financiación autonómica, que ha fracasado.
Así, cree que habrá que llegar a los acuerdos necesarios para estabilizar el sistema y también adoptar las medidas desde cada comunidad para garantizar que el gasto no crezca por encima de las disponibilidades presupuestarias y ha aclarado que “debe hacerse en el conjunto del sistema, no caben soluciones parciales”.
