Sede del Tribunal Supremo.

Sede del Tribunal Supremo. Jesús Hellín / Europa Press

Andalucía

Los sanitarios con contrato laboral ya tienen un juzgado de referencia para sus pleitos judiciales

El Supremo unifica doctrina y establece una sala única para resolver las demandas de derechos fundamentales interpuestas por empleados públicos contra las bases de procesos selectivos de personal estatutario

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Los sanitarios con contrato laboral aclaran su futuro judicial. El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia sobre qué organismo debe ser el que dé respuesta a sus pleitos cuando lleven ante la justicia alguna vulneración de sus derechos como trabajadores. La decisión abre un nuevo escenario para este colectivo, que de forma recurrente ha acudido ante los jueces cuando considera que no se le aplican las mismas reglas básicas que al personal estatutario, el mayoritario en el ámbito de la sanidad autonómica.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha fijado el orden jurisdiccional al que corresponde tramitar las reclamaciones del personal laboral de los servicios de salud en situaciones como las convocatorias de empleo. En una sentencia, a la que ha accedido Redacción Médica, el alto tribunal resuelve un recurso de casación para la unificación de doctrina y determina que la jurisdicción social carece de competencia cuando la vulneración alegada se produce en las bases de un concurso para plazas de personal estatutario. En su lugar, se debe acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo.

El origen del litigio en el Servicio Andaluz de Salud

El procedimiento tiene su origen en la reclamación de una técnica media de función administrativa informática que prestaba servicios en el SAS como personal laboral con contrato de indefinida no fija, condición que adquirió tras una sentencia que declaró la existencia de cesión ilegal. En diciembre de 2022, el servicio de salud convocó un proceso de estabilización de empleo mediante concurso para cubrir plazas de personal estatutario, entre las que figuraba el puesto ocupado por la demandante.

La trabajadora participó en la convocatoria y resultó excluida en las resoluciones publicadas en octubre de 2023 y enero de 2024 al no contar con la titulación de acceso ni con antigüedad como personal estatutario. El baremo de méritos valoraba los servicios como personal estatutario o funcionario interino, sin incluir la experiencia bajo régimen laboral. Ante esta exclusión, la empleada impugnó las bases ante la jurisdicción contencioso-administrativa y presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla por tutela de derechos fundamentales —derecho a la igualdad y garantía de indemnidad—, solicitando una indemnización de 20.000 euros por cada vulneración al considerar la medida una represalia por su demanda de cesión ilegal.

La falta de conexión con la prestación de servicios

Tanto el Juzgado de lo Social número 6 de Sevilla como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declararon la incompetencia de la jurisdicción social. En su análisis del artículo 2.f de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, el Tribunal Supremo precisa que, aunque la demanda se dirige contra el SAS en su condición de empleador de la trabajadora, ese requisito no basta para atribuir el caso a los jueces de lo social.

La sentencia concluye que "la vulneración alegada no guarda conexión directa con su prestación de servicios, como exige el artículo 2 f) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, para atribuir la competencia a la jurisdicción social". Según argumenta la Sala, el objeto del conflicto radica en la regulación de una oferta de empleo público: "Se trata de la convocatoria de un proceso selectivo por el turno de acceso libre y el establecimiento de las concretas bases generales y específicas, con independencia de que puedan ser impugnadas ante la jurisdicción contencioso administrativa".

Los magistrados añaden que las reglas de baremación de un concurso carecen de vínculo con el contrato de trabajo de la demandante, incluso aunque su plaza formara parte de las vacantes incluidas en el concurso. En palabras de la resolución, las bases de la convocatoria "pueden influir en su situación laboral, pero como podrán tener incidencia en este ámbito en cualquier persona que decida participar en el proceso, pero no apreciamos esa conexión directa exigida en el artículo 2 f) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social". En consecuencia, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación sin imposición de costas y ratifica que el control de estas convocatorias corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa.