Montero exige al Gobierno central que se encargue de tramitar las quejas en la aplicación del copago
Redacción. Sevilla
La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha reclamado este jueves que sea la Delegación del Gobierno en Andalucía el organismo encargado de “canalizar y tramitar” todas las quejas, sugerencias y reclamaciones de los ciudadanos como consecuencia de los “problemas” que la aplicación del copago farmacéutico está generando en los ciudadanos, sobre todo, en lo relativo al nivel de aportación económica que tiene que realizar cada persona en la adquisición de sus medicamentos tras usar como base o baremo la renta de 2010.
Tal y como ya advirtió la propia Montero a preguntas de los oyentes en el espacio ‘El Público’ de Canal Sur Radio, que recogió Europa Press, la titular del ramo ha vuelto a quejarse de lo “injusto” que supone utilizar como baremo la renta del ejercicio 2010 para saber el nivel de aportación en el que se encuadra cada español para hacer frente a su tramo de copago farmacéutico.
En concreto, ha enfatizado que debido a esta situación “han sido muchos los usuarios andaluces” que ya se han quejado a la Administración sanitaria andaluza por esta cuestión a través del servicio telefónico Salud Responde y en los mismos centros de salud, unas quejas de la que también ha dicho “compartir”, pero que “no dependen” del Sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA), ya que la competencia depende del Gobierno central, “ya sea vía Instituto Nacional de la Seguridad Social, el propio Ministerio o la Agencia Tributaria”.
De hecho, ha reiterado sus quejas por la “paradoja” de usar la renta de 2010 porque se pueden estar dando muchas situaciones “de personas que hoy está desempleadas y sin prestación alguna, pero tenga que pagar sus medicamentos porque en 2010 trabajaban, siendo la renta de ese año el criterio que ha seguido el Gobierno central”.
Por ello, y ante la “imposibilidad del Gobierno autonómico” de poder “cambiar o acceder” a los niveles de renta de los usuarios para adaptarlos a una situación más próxima a la que tenga el ciudadano en la actualidad, -al ser esta una atribución de la Agencia Tributaria-, ha pedido que sea la Delegación del Gobierno de Andalucía “el instrumento adecuado para gestionar las actuaciones del Gobierno de España en la comunidad”.
Montero ha justificado su petición en la conveniencia de que “el parado que no tiene prestación ahora mismo tenga que estar llamando a cada puerta y que lo estén derivando en cada momento porque le dicen que no es de su competencia”. Al hilo de ello, ha pedido que las bases de datos se actualicen con mayor asiduidad.
La renta depende del gobierno y el aseguramiento es fruto del mismo
“La responsabilidad de que un ciudadano tenga uno u otro tramo de renta o tenga un nivel de aportación u otro para al copago la tienen directamente el Gobierno de España, ya sea el INSS, Sanidad o la Agencia Tributaria”, ha recalcado Montero, quien ha insistido que hasta los centros de salud del SAS y organismos autonómicos “son muchas las quejas que estamos recibiendo”.
“Y ante la imposibilidad de tocar nosotros las bases de datos de la Seguridad Social, incluso ni siquiera tenemos acceso a las mismas, pedimos que se ponga en marcha un servicio de inmediato por parte de la Delegación del Gobierno que pueda canalizar todas estas reclamaciones, porque a diario están llegando muchas personas a los centros de salud reclamando estas cosas, con la impotencia de los que trabajamos en el SSPA no le podemos ayudar”.
