¿Por qué ha anulado el Supremo el Real Decreto de troncalidad?

El pronunciamiento del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad y otros aspectos de la formación sanitaria especializada, no tiene relación con el texto legal aprobado, sino que hace referencia a la Memoria de Impacto Económico que lo acompaña. 

En concreto, el Alto Tribunal considera que el estudio económico presentado es "palmariamente insuficiente". El ponente, Jesús Cudero, recuerda en la propia sentencia que el Consejo de Estado y el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud ya advirtieron, durante la tramitación del proyecto, de la insuficiencia de las previsiones de la Administración sobre el impacto económico. 

En ese sentido, señala que las normas pueden ser nulas no solo por omitir el análisis económico y presupuestario, "sino también en aquellos otros en los que el que acompaña a la decisión de que se trate resulta ser de todo punto insuficiente de manera que no permita a la Memoria cumplir la importante finalidad que, a tenor de la normativa vigente, le es propia". 

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El Consejo de Estado alertó hasta en dos ocasiones de la insuficiencia de la Memoria económica, motivo de la nulidad del texto

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En el momento de presentar el proyecto normativo, éste reflejaba una breve reseña que aligeraba los impactos económicos, algo que desde el principio se ha puesto en duda. Los informes presentados por 13 comunidades autónomas sobre los costes del nuevo sistema y la estimación del perito designado por los recurrentes del Real Decreto -la Sociedad Española de Inmunología-, que cifró en algo más de mil millones y medio de euros el coste total de los cambios, han motivado que la decisión final del Supremo haya sido la de anular el texto. 

Advertencias del Consejo de Estado

Como ya se ha mencionado antes, el dictamen preceptivo del Consejo de Estado ya alertaba en su momento por unanimidad en cuanto al impacto presupuestario que supondría la creación de nuevos órganos: "cinco comisiones delegadas de tronco, cuatro comités de áres de capacitación específica, una nueva Comisión Nacional de Especialidad", 68 vocales en total cuyo coste estimado será de 237.590 euros los tres primeros años y 68.458 euros anuales. 

Seis meses después el Consejo de Estado emitía un nuevo dictamen a raíz de las modificaciones hechas en el texto tras su primera recomendación. En esta ocasión el Consejo recoge la respuesta a su llamada de atención sobre una memoria que no analizaba suficientemente las consecuencias económicas de la implantación del nuevo sistema: "considera que sí está suficientemente analizada habida cuenta de que serán las Comunidades Autónomas las que realmente procedan a ello y asuman el costo, haciendo sido además favorablemente informado ese nuevo sistema por la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud" en el que están representadas. 

Este segundo dictamen también recoge, sobre el mayor esfuerzo que pueda suponer la norma para el Estado, que el Ministerio de Hacienda ha sido informado favorablemente del proyecto "y se cuenta además con la ayuda de muchos profesionales externos". 

Pese a estos argumentos, finalmente el Supremo ha considerado insuficiente la Memoria económica, una decisión que supone que el proceso debe comenzar de nuevo presentándose el texto legal acompañado de un nuevo estudio de impacto económico, lo que puede retrasar los plazos hasta un año y medio.