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El relevo generacional en Atención Primaria se encuentra en un momento decisivo por el pico de jubilaciones que se está produciendo en estos años. Frente a un saldo de reposiciones negativo por la manifiesta dificultad para atraer y retener a los nuevos profesionales, desde la profesión médica proponen una última salvaguarda para evitar que las necesidades en las plantillas vayan a más: prolongar la actividad profesional de forma voluntaria hasta los 72 años.

Así lo reclama Vicente Matas en su último informe sobre el estado de la jubilación médica activa, donde plantea la necesidad “urgente” de permitir esta demora en la jubilación activa de los facultativos. El estudio, elaborado para el centro de estudios del Sindicato Médico de Granada (Simeg), advierte de una “falta grave de relevo” en este nivel asistencial, lastrado por la fuga de talento médico a la sanidad privada o al extranjero.

Según resalta Matas, este desafío puede encontrarse ante un punto de inflexión a finales de este año, por decaer la regulación que amparaba una jubilación médica bonificada en Atención Primaria. Desde diciembre de 2022, los pediatras y médicos de familia tienen la opción de prolongar su actividad laboral más allá de la jubilación compaginando su sueldo con un 75% de su pensión como jubilados.

La medida se contemplaba como una medida de contingencia ante el elevado número de jubilaciones previstas, con una duración inicial de tres años. No obstante, a finales de 2025 fue renovada por un año más mediante el Real Decreto-ley 3/2026. Aunque quienes ya estén acogidos a esta modalidad antes de finalizar el año podrán mantenerla hasta su cese definitivo, a partir de enero no podrán sumarse nuevos facultativos si el Ejecutivo no aprueba una nueva ampliación.

Para Matas, el cierre de esta vía supondría “un desastre” para la asistencia sanitaria. El informe recuerda que ya hay más de 1.100 médicos acogidos a este plan piloto iniciado a finales de 2022. Por ello, urge al Gobierno a ampliar la aplicación de esta medida hasta más edad, así como una nueva prórroga de su implantación, ideada para hacer más atractiva la permanencia de los facultativos en consulta cuando les correspondería colgar la bata. Asimismo, desde Simeg abogan por extender esta modalidad de jubilación a otras especialidades deficitarias, sobre todo en zonas de difícil cobertura y hospitales comarcales. De lo contrario, en su informe sostiene que los estragos se harán notar sobre este nivel asistencial con un aumento de los tiempos de espera y la saturación de los especialistas, en especial en las zonas rurales.

Las cuentas del médico: la factura del IRPF

Más allá de la urgencia asistencial, el informe desgrana la letra pequeña económica de esta fórmula, que permite ejercer tanto a media jornada como en turno completo. Aunque los facultativos conservan sus retribuciones y complementos personales (como trienios y carrera profesional), la existencia de dos pagadores —el servicio de salud y la Seguridad Social o Clases Pasivas— provoca un importante ajuste fiscal en la declaración de la renta del ejercicio siguiente.

Tomando como referencia a un médico de familia promedio en Andalucía (sin guardias, con 12 trienios y tercer nivel de carrera), el estudio calcula que, en jornada completa, la suma del salario y el 75 % de la pensión máxima alcanza los 108.930,66 euros brutos anuales. Tras aplicarse las retenciones mensuales y las cotizaciones sociales, el profesional percibe inicialmente 78.685,78 euros netos. Sin embargo, al hacer la declaración del IRPF y saltar al tramo marginal del 45 %, deberá abonar a Hacienda 8.909,65 euros adicionales. El ingreso neto real se sitúa así en 69.776,13 euros al año, lo que supone 19.674,33 euros netos más que trabajando en activo sin jubilación activa.

El informe señala, no obstante, un importante freno técnico: las cotizaciones abonadas durante la jubilación activa mejorada no sirven para incrementar el complemento del 4 % anual por jubilación demorada, una bonificación que puede suponer más de 23.600 euros netos acumulados a lo largo de una esperanza de vida media de 20 años tras el retiro.

Para hacer más atractivo este modelo y evitar la fuga de experiencia en un momento crítico, el estudio propone conservar el incentivo del 4 % para quienes prolonguen su actividad a jornada completa y fijar un 2 % para quienes lo hagan a media jornada, compensando así la elevada contribución fiscal que estos profesionales aportan a las arcas públicas mientras sostienen la Atención Primaria.