Poder trabajar, hacer vida social o directamente no sufrir problemas de salud mental como la ansiedad o la depresión. Esos son algunos de los factores que las familias de los pacientes valoran más a la hora de prevenir y tratar enfermedades de larga duración, según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El documento, titulado Economic Valuation of Chemicals-Related Health Effects, no solo detalla la disposición a pagar para superar una dolencia, sino para evitar las cargas asociadas a ese problema de salud, a veces derivado de la exposición a sustancias químicas nocivas.
El informe, basado en el proyecto SWACHE (Surveys on Willingness-to-pay to Avoid negative Chemicals-related Health Effects), recoge encuestas contestadas por más de 116.000 personas en 28 países. La investigación evalúa la "disposición a pagar" (Willingness-To-Pay, WTP) de la población para prevenir o mitigar diez afecciones crónicas y de morbilidad. En las preguntas, se detalla a los participantes no solo los posibles costes de los tratamientos, sino los factores asociados, como la reducción de productividad en el trabajo, las limitaciones para realizar tareas cotidianas o mantener relaciones sociales y trastornos de salud mental. Una de las medidas que utilizan en el artículos es la paridad de poder adquisitivo (PPA), un indicador económico que sirve para comparar el coste de productos o servicios iguales, ya sea un servicio hospitalario o las medicinas que se tiene que tomar el paciente.
Más allá del impacto económico y los costes médicos directos, las enfermedades de desarrollo crónico o progresivo imponen un severo desgaste emocional en la vida cotidiana de las personas, según ha deducido la OCDE del resultado de las encuestas. Patologías como la enfermedad renal crónica, cuyo Valor de un Caso Estadístico (VSC) se sitúa en los 826.400 euros PPA, o la hipertensión (47.250 euros PPA) desencadenan cuadros continuos de ansiedad e incertidumbre sobre el futuro, limitando sensiblemente las actividades de ocio y el bienestar general. A este deterioro se suman afecciones dermatológicas como la sensibilización cutánea con brotes severos en el rostro, las cuales provocan un sufrimiento psicológico por la alteración de la imagen corporal y la estigmatización social.
El sufrimiento extra por los problemas reproductivos
El impacto psicológico resulta especialmente crítico en el ámbito de la salud reproductiva, donde los problemas de fertilidad y la pérdida del embarazo generan profundas secuelas emocionales a largo plazo. Diagnósticos como la infertilidad, con un VSC medio de 85.590 euros PPA, y el aborto espontáneo, valorado en 399.420 euros PPA, derivan con frecuencia en episodios depresivos, duelos no resueltos y una fuerte tensión en las relaciones de pareja. Estas cifras reflejan el alto coste intangible que supone enfrentar la interrupción o la imposibilidad de llevar a cabo un proyecto de vida familiar.
Por último, las patologías que afectan a la infancia activan una elevada disposición de pago entre la ciudadanía, impulsada por la angustia parental y el deseo de ayudar a los más vulnerables. Cuadros como el asma infantil (VSC de 390.500 euros PPA), la pérdida de coeficiente intelectual (CI) o el muy bajo peso al nacer —este último alcanzando la valoración más alta del estudio con 1.134.955,88 euros PPA— ponen de manifiesto que los padres priorizan reducir el sufrimiento físico de sus hijos y proteger su desarrollo y calidad de vida futura por encima de cualquier otro factor económico.
Los datos recopilados por la OCDE demuestran que las personas otorgan un valor monetario muy elevado a evitar la vivencia del dolor, la ansiedad y el deterioro de la calidad de vida. Además, la disposición a pagar de los ciudadanos aumenta considerablemente en países o comunidades donde los sistemas sanitarios se perciben como menos accesibles o donde existe mayor incertidumbre sobre los costes del tratamiento.
Con este análisis, la OCDE ofrece a los gobiernos y reguladores una guía práctica para integrar los beneficios intangibles de la salud mental y física en los análisis de coste-beneficio (Cost-Benefit Analysis, CBA). De este modo, al diseñar políticas ambientales y de gestión de productos químicos, los estados podrán calibrar regulaciones más estrictas reconociendo que prevenir una enfermedad crónica no solo ahorra costes hospitalarios, sino que preserva el bienestar emocional y la salud mental de la sociedad.