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El sector asegurador ya ha tomado la última palabra. Las licitaciones de los 'hermanos' de Muface llegan a su fin después de meses cargados de incertidumbre. Este lunes se han cerrado los procesos para renovar los conciertos sanitarios de Isfas (que dota de asistencia sanitaria a la Guardia Civil y a las Fuerzas Armadas) y de Mugeju (que hace lo propio con jueces, fiscales y el resto del personal de la Administración de Justicia). Tal y como ha avanzado Redacción Médica, Asisa, una de las principales entidades, ha optado por presentar su oferta al modelo judicial, si bien la propuesta para el militar es "insuficiente". La compañía deja la puerta abierta a volver a la mutualidad, y urge a la Administración a retomar la negociación. Entre tanto, y a la espera de conocer la respuesta del resto de aseguradoras (por el momento cinco ya han rechazado su presencia), todos los focos miran a una licitación desierta. Un escenario similar al que vivió Muface a finales de 2024, y para el que se barajan distintas opciones.

La crisis sin precedentes de Muface sigue presente. El que probablemente sea uno de los mayores trances del mutualismo administrativo acecha a su 'hermano' militar, y es que el cierre de los procesos licitadores de Mugeju e Isfas se ha saldado con dudas para los adscritos a la mutualidad de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que la Administración había propuesto un año de contrato para ambos sistemas (durante todo 2027) y unas primas económicas que aumentan hasta en un 2 por ciento. En concreto, 609.361.021,79 para Isfas y 88.754.290,08 euros para Mugeju.

Esas son las cifras que el sector asegurador ha valorado y analizado durante las últimas semanas. Hasta el momento, Asisa ha sido la única entidad que ya ha mostrado su posicionamiento. "En el caso de Isfas, a pesar del compromiso histórico de Asisa con el mutualismo administrativo y de su firme voluntad de renovar la vinculación con la mutualidad militar, la aseguradora cree que las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial", detalla la compañía en un comunicado que ha avanzado Redacción Médica.

Las tres vías para Isfas en caso de una licitación desierta

Con ello, y a la espera de conocer la decisión del resto del sector asegurador, la posibilidad de una licitación desierta, y la consecuente ruptura de Isfas, ya está sobre la mesa. Este periódico se ha puesto en contacto con expertos en este ámbito, y aclaran qué puede pasar si este escenario se convierte en realidad.

Por un lado, mencionan que el Gobierno "puede imponer una orden de continuidad, como sucedió con Muface". Estas fuentes mencionan así la prórroga administrativa que implantó Moncloa durante varios meses en 2025 y que obligó a Asisa, Adeslas y DKV a continuar dotando de asistencia sanitaria a la espera de poder renovar el concierto sanitario en una nueva licitación. Este mecanismo legal, presente en la Ley de Contratos del Sector Público, se encuentra en este momento en manos de los tribunales. DKV, que abandonó al conjunto del mutualismo administrativo tras el tercer intento licitador de la mutualidad de los funcionarios, ha llevado ante la Justicia a Muface. Y ha ganado, ya que el modelo ha sido condenado a abonar a la compañía 19,4 millones de euros, aunque lo ha recurrido ante la Audiencia Nacional.

Esa no es la única vía. La segunda consiste en que el nuevo proceso licitador se salde antes de finales de año, cuando finaliza el contrato de Isfas (que en este momento está en vigor con Asisa y Adeslas). Como explican los expertos consultados por Redacción Médica, "esta fórmula es la más improbable", y hacen alusión a que el adelanto electoral puede ser un obstáculo en este sentido. "Puede haber un cambio de Gobierno, cambios en los ministerios, y el de Defensa [que dispone de las competencias de la mutualidad militar] podría reformarse", matizan.

El último de los escenarios es otro de los que se barajó durante la crisis sin precedentes de Muface. El traspaso de los mutualistas y beneficiarios de Isfas (que suman a más de 500.000 personas, según los últimos datos disponibles) al Sistema Nacional de Salud (SNS). Es decir, el traslado de todos los adscritos a la sanidad concertada de la mutualidad a la sanidad pública.

El Gobierno es quien tiene ahora la última decisión. Moncloa tendrá que optar por estas vías, y la decisión se podrá conocer en pocos días. No obstante, aún hay que conocer si la licitación de Isfas queda desierta, aunque las fuentes consultadas por este periódico ya apuntan a esta dirección.